Hay plata para prevenir desastres naturales, pero bajos resultados

Hay plata para prevenir desastres naturales, pero bajos resultados

Unidad especializada que maneja $ 1,5 billones hizo el tema visible. Contraloría cita casos.

Inundaciones en Colombia

Hace siete años, cuando la ola invernal azotó al país con una fuerza similar a la de ahora, se habló de adoptar medidas para prevenir la misma situación.

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Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

05 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Fondo de Adaptación, 30 corporaciones autónomas y decenas de entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo son algunas de las instituciones que tienen algo que ver con la tarea de mitigar la ocurrencia de una catástrofe en el país.

Y no son pocas. Sin embargo, en la presente temporada de lluvias de nuevo se volvió frecuente la expresión lastimera de los damnificados: “Ahí donde está ese lodazal quedaba mi casa”.

Hace siete años, cuando la ola invernal azotó al país con una fuerza similar a la de ahora, se habló de adoptar medidas para prevenir la misma situación.

Desde entonces, tras el registro de 3’500.000 hectáreas inundadas, con 3’219.239 personas afectadas –73 por ciento de ellas damnificadas–, decenas de muertos, vías colapsadas y millonarias pérdidas, la inversión no ha sido para nada despreciable.

La UNGRD, desde el punto de vista presupuestal, ha tenido 1,5 billones de pesos en los últimos seis años. El Fondo de Adaptación, que inicialmente fue creado para la reconstrucción de las zonas averiadas por el invierno del 2010, en el 2015 asumió la tarea de “ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático”; sin embargo, pese a los 9,3 billones de pesos de inversión que tiene en sus registros, las catástrofes siguen golpeando a los colombianos.

Si bien es cierto que todas las entidades públicas, del orden nacional y local tienen algún nexo con la gestión del riesgo, hay unas que están más directamente relacionadas con esta misión que, en materia de prevención, no ha podido avanzar en el país.

Oídos sordos, un riesgo

Desde el lado ambiental, en el paquete de estas entidades están también treinta corporaciones autónomas regionales, que no solo reciben recursos del presupuesto, sino de las regalías. Pero muchas de ellas lanzan alarmas que no son escuchadas. En el caso de la reciente avalancha provocada por el desbordamiento de varios ríos en Mocoa, la autoridad ambiental local Corpoamazonia había advertido sobre el peligro de un desastre.

Otro oído sordo está en la línea que conecta al riesgo con la desactualización de los planes de ordenamiento territorial. Un estudio de Planeación Nacional mencionó que más del 80 % de estos, en los municipios, deben ser revisados por distintos motivos.

En medio de las deficiencias no hay que desconocer que el panorama de gestión del riesgo ha cambiado, pues antes del 2010 la inversión era tan pobre, que el Banco Mundial hizo un estudio con el cual alertó al país. Para ese entonces, los recursos destinados a la gestión sumaban $1.600 millones de pesos y casi todos, el 86,2 por ciento, se fueron en manejo de desastres, es decir, después y no antes de que el evento natural causara el daño.

Los desastres aumentan la pobreza porque dañan sustentos rurales y urbanos

Hoy, siete años después del montaje institucional para la prevención del riesgo, algo se ha adelantado. De hecho, es el punto de más avances, junto con el fortalecimiento de normas y protocolos.

Un largo listado de guías y cartillas para promover que las regiones adquieran destrezas en conocimientos del riesgo reporta la UNGRD, al igual que grandes “intervenciones prospectivas”, a través de asistencia técnica a los territorios.

En la parte que denominan correctiva “van 14.000 viviendas construidas para afectados por desastres de origen natural, 107 puentes vehiculares reconstruidos, 278 acueductos y alcantarillados intervenidos y 2.860 puntos viales intervenidos”, reveló la Unidad.

Después del fenómeno de la Niña del 2010-2011, según la UNGRD “hay más de 5.383 obras de reducción de las amenazas adelantadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en procura de que Colombia sea menos vulnerable y con comunidades más resilientes”.

El Fondo de Adaptación también registra un alto volumen de obras. “Se ejecutan 2953 intervenciones en 31 departamentos y 1.004 municipios”. Sin embargo, la Contraloría general realizó una auditoría en la que concluye que, por ejemplo, en el caso de la construcción del jarillón de Cali, una de las megaobras encomendadas a esta entidad para mitigación, “se refleja un desarrollo deficiente, sin dejar observar un tímido avance, con la consecuente imposibilidad de evolucionar para el año 2017 suficientemente, en aras de poder preparar a la población beneficiaria para posibles emergencias y desastres”.

El director de la entidad, Iván Mustafá, dijo que en un principio hubo la expectativa de hacer más rápido las megaobras, “pero los diseños tomaron más tiempo. No obstante, hoy, Gramalote va en un 75 por ciento; el canal del Dique, en 50 por ciento, y el jarillón de Cali, en el 70 por ciento”.

Las pérdidas, tras un desastre, superan con creces las inversiones que se hacen, toda vez que se trata de centenares de vidas humanas y de infraestructura y propiedades afectadas.

Tanto así que el Banco Mundial calculó que Colombia, durante los desastres ocurridos en 4 décadas hasta el 2012, había acumulado pérdidas por 7.100 millones de dólares.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también se ha ocupado del tema, enfatizando que “los desastres (incluyendo aquellos de menor escala que no son visibles para el mundo exterior) aumentan la pobreza porque dañan sustentos rurales y urbanos, así como capital social y productivo y tienen un impacto proporcionalmente mayor sobre microempresarios y pequeños agricultores”.

Las cuentas de las inversiones

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, durante la vigencia 2016, a través de los recursos del Fondo de Gestión del Riesgo, de acuerdo con las necesidades, se ejecutaron 545.675 millones de pesos para ejecutar las siguientes acciones: conocimiento del riesgo (8.487 millones), reducción del riesgo (372.702 millones) y manejo de desastres (164.485 millones de pesos). Esta inversión benefició a 32 departamentos, 645 municipios y 3,5 millones de personas.

Para la vigencia 2017, al Fondo le fue asignado inicialmente un presupuesto de 31.720 millones de pesos, para dar cumplimiento a los procesos de gestión del riesgo de desastres, según lo dispuesto en la Ley 1523 del 2012 en el territorio nacional. Dichos recursos fueron adicionados en 40.000 millones, en atención a la emergencia presentada en el municipio de Mocoa. De estos recursos se han ejecutado –a la fecha–, más de 39.700 millones de pesos, correspondientes al 71 por ciento del total.

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