Los argumentos de Acdac y Avianca para debatir la legalidad del paro

Los argumentos de Acdac y Avianca para debatir la legalidad del paro

Cada una de las partes defiende sus decisiones y procederes en la huelga de pilotos más larga.

Huelga de pilotos de Avianca

Avianca también soporta sus peticiones de ilegalidad en el número de vuelos cancelados, el de los pasajeros que han debido ser reacomodados en otras aerolíneas.

Foto:

Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

05 de octubre 2017 , 10:33 a.m.

Dentro de la huelga de los pilotos de Avianca, pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), y que ya completa 16 días, los argumentos para declarar la legalidad o la ilegalidad de uno de los paros de aviadores más largo toman gran relevancia.

De un lado, los pilotos sustentan la viabilidad de su protesta afirmando que con su accionar “no se está afectando un servicio esencial, ni la vida ni la seguridad de las personas”.

“En ningún caso se ha puesto en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas, y por virtud de la decisión del comité de libertad sindical, la actividad de los pilotos de líneas aéreas no son y no se deben establecer o encuadrar en el servicio esencial”, dijo el vocero de Acdac, Carlos Roncancio.

El abogado de la Acdac recalcó, desde su punto de vista, que la huelga de los pilotos es legalmente viable porque no se presta un servicio público esencial, y señaló que el sindicato crea sus propias reglas y que se cumplieron los requisitos porque se agotó el arreglo directo.

El jurista también argumentó que para el 15 de septiembre la organización sindical contaba con 702 aviadores vinculados a Avianca y que integraron la Acdac, mientras que el total de empleados es superior a los 1.200 trabajadores.

“El transporte aéreo de Avianca está limitado a una pequeña población civil, razón por la cual no se afecta la vida o la seguridad o la salud de la población. No es un servicio público esencial”, agregó Roncancio.

Por su parte, las razones de Avianca parten de la Ley 336 de 1996 que en sus artículos 5 y 68 establecen claramente que el transporte aéreo es un servicio público esencial, que incide directa e indirectamente en la dinámica social y económica del país, siendo la huelga un acto de incumplimiento que da prelación al interés particular sobre el interés general.

También sostiene que han anexado pruebas que “demuestran los vicios de procedimiento en la convocatoria de Acdac, como el no haber indicado expresamente en la citación de la asamblea que la votación era para la convocatoria a huelga, no haber invitado a dicha asamblea a todos los trabajadores de la compañía, y ejecutar el cese de actividades con una votación claramente minoritaria, en la que solo participaron algunos de los afiliados de Acdac, desconociendo con ello que la huelga en términos legales y constitucionales exige la votación a favor de ésta, de la mitad más uno de todos los trabajadores de Avianca S.A.”.

Y para sustentar el daño que se ha causado en estos 16 días de huelga a miles de pasajeros, la empresa soporta sus peticiones de ilegalidad en el número de vuelos cancelados (3.320 hasta este miércoles), el de los pasajeros que han debido ser reacomodados en otras aerolíneas, así como en la afectación que se ha presentado en el traslado de medicamentos, vacunas, órganos humanos y alimentos a zonas alejadas del país. Ya van más de 313.564 viajeros afectados.

“Avianca en todo caso está a la espera de las determinaciones que deba tomar el Ministerio de Trabajo en torno a la convocatoria del tribunal de arbitramento, que para el caso de los servicios públicos esenciales en el único medio que prevé la ley para resolver los conflictos colectivos”, señaló en un comunicado la aerolínea.

Y agregó que, “de declararse la ilegalidad del cese de actividades, se darían consecuencias en materia laboral, civil y penal, a todos aquellos que, excediendo la Ley, convocaron y secundaron el cese de actividades que se viene adelantando, y que está generando graves daños y perjuicios, todos ellos irreparables a los viajeros, a la empresa y al país”.

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