Agencia Nacional de Infraestructura se ahorró $ 2 billones en pleitos

Agencia Nacional de Infraestructura se ahorró $ 2 billones en pleitos

Tuvo que responder por mucho menos de la quinta parte de reclamaciones por contratos y concesiones.

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En los cinco años de funcionamiento de la ANI, ha tenido que enfrentar 44 pleitos con los concesionarios.

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Archivo / EL TIEMPO

09 de enero 2017 , 06:24 p.m.

El Estado aprendió a defenderse jurídicamente y a perder así menos dinero por los pleitos surgidos a raíz de las diferencias presentadas en la ejecución de los contratos públicos y las concesiones.

Por lo menos es lo que ha sucedido con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que creó una de las defensas jurídicas más fuertes en la Nación, que le ha evitado pagos millonarios frente a costosas reclamaciones.

En los cinco años de funcionamiento de la ANI, ha tenido que enfrentar 44 pleitos con los concesionarios, que en sus pretensiones exigían pagos por 3,9 billones de pesos y llevaron a las partes a acudir a tribunales de arbitramento.

De los 44 tribunales, 20 están en proceso de resolución y los 24 restantes ya fallaron. En estos últimos las concesiones reclamaban pagos de la Agencia por cerca de 2,53 billones de pesos. Sin embargo, los laudos emitidos y las conciliaciones llevaron a que finalmente la ANI solo fuera condenada a pagar 516.588 millones de pesos; y a los demandantes, a su vez, los obligaron a girarle 233.909 millones.

Lo anterior indica que la Agencia solo tuvo que pagar por los 24 pleitos fallados en los tribunales un saldo de 282.679 millones de pesos. Es decir, tuvo que responder por mucho menos de la quinta parte de las pretensiones que tenían las concesiones.

(Además: Captura de una juez frena millonario pago de la ANI)

La buena defensa jurídica le ha significado hasta el momento a la ANI ahorros por más de 2 billones de pesos, según lo señaló el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

De esta forma, la ANI logró resolver 24 tribunales con pretensiones de 2,5 billones de pesos por menos del 8 o el 11 por ciento de lo que reclamaban los concesionarios.

Andrade agregó que generalmente en Colombia el Estado siempre perdía. “Lo sucedido con entidades como la ANI muestra que ha cambiado el mito de que el Estado no se podía defender. El esquema institucional nuevo está demostrando que el Estado sí se puede defender”.

De los 24 tribunales de arbitramento fallados, en 10 de ellos se ha llegado una conciliación total, donde las pretensiones eran por 1,3 billones de pesos y la ANI no tuvo que pagar 859.044 millones, de acuerdo con informes internos de la Agencia.

En otros 10 procesos se terminó con laudos favorables, en los que se pretendían pagos por 590.000 millones y la ANI solo fue obligada a pagar 40.000 millones. Y en los 4 restantes hubo laudos y conciliaciones parciales, es decir, hubo razón de parte y parte. Los pleitos han surgido especialmente por diferencias en las interpretaciones de los contratos.

Por ejemplo, por obras adicionales, un andén, un revestimiento, costos de atención de un derrumbe o el ancho de vía. También, por líos prediales, ambientales o sociales surgidos antes del inicio de las obras y que luego retrasan el cronograma de entrega de los proyectos; por emergencias que obligan a hacer trabajos adicionales por los que surgen controversias por los costos o divergencias en las fechas de la terminación de la concesión.

También hallazgos de la Contraloría General en algunos proyectos han llevado a la ANI a hacer las respectivas reclamaciones, que han terminado en tribunales de arbitramento.

Por qué se ha ganado

La ANI montó un equipo de alto nivel, con renombrados abogados que han sacado adelante los procesos a favor. Detrás han estado igualmente Andrade y el saliente vicepresidente ejecutivo Germán Córdoba, que han logrado rápidas soluciones por medio de las conciliaciones.

Otro factor ha sido el apoyo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que ha participado en los procesos más complejos; y la Procuraduría, que ha incidido en las conciliaciones.

Andrade consideró también que la escogencia acertada de árbitros imparciales, que son negociados o definidos ahora entre las partes, ha contribuido a que el Estado gane más procesos que antes.

Unos proyectos que terminaron en tribunales

Autopista Bogotá-Girardot

La concesión Autopista Bogotá-Girardot S. A., que debía construir la segunda calzada y operar este corredor vial por $ 1,06 billones, puso una demanda arbitral en el 2010 contra el antiguo Instituto Nacional de Concesiones (Inco), por $ 30.000 millones. Entre otras razones, por presunto incumplimiento en gestión predial y riesgo geológico. Luego, en el 2012, demandó a la ANI, por $ 80.000 millones, por los mismos hechos y desequilibrio económico. El 13 de enero del 2016, los dos tribunales fallaron negando las pretensiones del contratista y condenaron a la firma a pagar cerca de $ 200.000 millones por obligaciones y obras incumplidas.

Malla vial del Meta, 1.ª generación

El contrato de concesión lo adjudicó el Instituto Nacional de Vías en 1994 a la Sociedad Autopista de los Llanos, por $ 33.730 millones, para hacer estudios, diseños, rehabilitación y operación de la vía Villavo-Granada, a Puerto López y Villavicencio-Restrepo-Cumaral. En el 2012, la demanda le llegó a la ANI por $ 99.000 millones, en la que exigía ampliar el plazo de la concesión y reconocimiento de obras y costos adicionales generados por acciones terroristas. El 16 de octubre del 2013, el tribunal falló accediendo parcialmente en cuanto a lo requerido por las obras adicionales y condenó a la ANI a pagar solo $ 17.998 millones.

Red férrea del Pacífico

En 1998, la antigua Empresa Colombiana de Vías Férreas y la Sociedad Tren de Occidente S. A. suscribieron un contrato por valor indeterminado para la rehabilitación, operación y explotación de la línea ferroviaria del Pacífico. El 16 de noviembre del 2012, el contratista interpuso una demanda arbitral contra la ANI en la que pretendía que se condenara por $ 23.000 millones, por presunto incumplimiento en la entrega de predios para ejecución del proyecto. El 25 de agosto del 2014, el Tribunal falló negándole al concesionario las pretensiones y lo condenó a pagar a la Agencia las costas del proceso por $ 589.000.000.

EL TIEMPO

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