A debate, proyecto contra la corrupción en contratos de obras

A debate, proyecto contra la corrupción en contratos de obras

Entidades estatales quedarían obligadas a usar pliegos tipo en licitaciones de infraestructura, según iniciativa radicada por el Gobierno en el Congreso.

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El 85 % de la contratación pública en municipios termina en manos de un único oferente.

Foto:

Archivo particular

09 de octubre 2016 , 08:50 p.m.

Un proyecto de ley que permitiría al Gobierno Nacional tomar nuevas medidas contra la corrupción en la contratación de obras públicas en el sector de infraestructura del transporte, y agilizar procesos sobre todo para la compra de predios requeridos para las construcciones, comenzará a debatirse en el Congreso la próxima semana.

Con la iniciativa, el Gobierno quedaría facultado para fijar pliegos de condiciones tipo y minutas de contrato estándar que las entidades estatales tendrán que usar obligatoriamente para licitaciones y contratos de obra pública en el sector.

Además, fortalecería la ley de infraestructura en la adquisición de predios cuyos titulares resultan incluidos en la lista Clinton o han fallecido y sus herederos no aparecen. En estos casos autoriza al Estado a hacer la oferta de compra del terreno y luego, como la Nación está impedida para negociar, puede recurrir directamente a la expropiación judicial.

Este proyecto de ley había sido anunciado por el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, lo radicó el pasado 8 de agosto en la secretaría general del Senado. Como ponente de la iniciativa fue designado el senador Hernán Andrade Serrano (conservador), quien acaba de rendir informe favorable en la comisión primera de la Cámara alta.

El Ministro de Transporte dijo que mediante el proyecto de ley se busca ponerle freno a la elaboración de licitaciones con pliegos tipo “sastre”, ajustados a la medida de un oferente. Recordó que un estudio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) detectó que el 85 por ciento de la contratación pública en Colombia se queda en un solo proponente. “Aunque haya pluralidad de oferentes, siempre termina en uno solo”.

Precisamente, por los resultados del estudio de la CCI, donde ese 85 % corresponde a la contratación de obras en los municipios, mientras en los departamentos esa proporción es del 50 %, el presidente de dicha entidad, Juan Martín Caicedo Ferrer, dijo que “gran parte de los contratos se hacen a la medida de unos intereses tramposos y corruptos”.

Andrade en su ponencia respaldó las nuevas disposiciones para la contratación administrativa por considerar que los megaproyectos viales que ejecuta la Nación, por cerca de 50 billones de pesos, son “referente contractual” y que “la discrecionalidad tendenciosa ejercida por muchas entidades públicas han dado lugar al direccionamiento de licitaciones para que se las ganen proponentes cercanos a los afectos del ordenador del gasto (...). En varios casos, tales contratistas no han cumplido con los objetos contractuales”.

Las nuevas medidas

El proyecto de 10 artículos y más de una decena de parágrafos, además de la estandarización de los pliegos, señala que en la reglamentación de las matrices se deberán tener en cuenta las características de cada región para su elaboración. Excluye de la estandarización a las concesiones y los proyectos por asociaciones público-privadas (APP).

Los pliegos tipo para las licitaciones los comenzó a usar el Instituto Nacional de Vías (Invías) desde el 2012, de acuerdo con el director de la entidad, Luis Alberto García. Esto ha permitido que en licitaciones incluso regionales participen más de 50 oferentes y haya más de cinco pujando al final por un contrato.

Por otro lado, en el proyecto les prohíben a las entidades estatales suscribir con las universidades públicas contratos interadministrativos para consultorías, estudios, diseños e interventorías para obras. Para estos fines deben abrir una licitación.

Como la publicación del precio de las ofertas al cierre de los procesos licitatorios se ha prestado para “prácticas colusivas y confabulación entre proponentes” –según Andrade–, la iniciativa del Gobierno propone que la oferta se haga en dos sobres: el primero contendrá los requisitos y documentos que habilitan al proponente, y este se abrirá en la audiencia del cierre del proceso licitatorio; el segundo sobre, donde estará la propuesta económica, se abrirá después, en la audiencia de adjudicación.

Además, las entidades tendrán que rechazar las ofertas que no entreguen toda la documentación e información requerida en los plazos fijados o que no adjunten la póliza de garantía de seriedad junto con la propuesta.

Para promover la pequeña y mediana empresa (Pyme) en ingeniería, el proyecto dispone que las entidades les acepten la experiencia adquirida en los contratos con particulares. Hoy, gran parte de ellas trabajan subcontratadas por las grandes firmas.

‘No más pliegos tipo sastre’

Jorge Eduardo Rojas G.
Ministro de Transporte

¿Qué buscan con modificar la ley de contratación?

La contratación pública en Colombia se está quedando en un solo proponente. Queremos que en el territorio nacional no haya más esa concentración en licitaciones públicas. Esa es la gran primera propuesta del proyecto de ley. Habrá una reglamentación donde el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características de cada región, hará un pliego tipo con condiciones habilitantes técnicas y financieras estandarizadas, para que no se hagan más pliegos ‘sastre’ en el futuro.

¿El pliego tipo cómo lo harán obligatorio?

Lo establecerá la ley, y si no se cumple es ilegal. Primero, nosotros nos tomaremos un tiempo para estandarizar los pliegos regionales. Apenas el Gobierno expida la reglamentación de la ley que configure cada uno de los pliegos, inmediatamente deberá ser aplicada en la contratación pública del sector de infraestructura.

¿Cómo va a ser la compra de predios en lista Clinton?

Estos predios son hoy un lío para la infraestructura colombiana. Nadie se atreve a hacer una propuesta por los problemas que pueda tener. La idea es que se pueda adquirir ese predio, y para ello se notifica al titular del bien la oferta de compra y se sigue directamente el proceso de expropiación judicial, porque con este tipo de bienes no se puede hacer la negociación. También hay otro asunto que se va a resolver con el proyecto y es la aclaración de la vigencia que tendrán los avalúos comerciales. Será de un año, a partir de la fecha en que la entidad solicitante recibe la comunicación.

¿Qué ambiente ha tenido el proyecto?

Estamos haciendo las consultas y la socialización. Es un proyecto que va a impulsar, a ser el salvavidas de las pequeñas y medianas empresas de construcción (pymes), que dependen de que la contratación pública no se concentre más en las grandes empresas.

EL TIEMPOgomluc@hotmail.com

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