Uno de 10 cobros judiciales hipotecarios acaba en remate del inmueble

Uno de 10 cobros judiciales hipotecarios acaba en remate del inmueble

Banqueros alertan por personas que se declaran insolventes para evadir el pago de las obligaciones.

Justicia

En el 200, el 9 por ciento de esos proceso culminaba con el remate de la vivienda del deudores, según Asobancaria.

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EL TIEMPO / Cortesía

19 de septiembre 2017 , 04:39 p.m.

Solo uno de cada 10 cobros por la vía judicial que inicia la banca contra deudores morosos hipotecarios termina con el remate del inmueble, mientras que la opción de la entrega de la vivienda como parte de pago de la obligación casi que desapareció como alternativa de solución para las personas.

Así lo indica un reciente informe de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) en el que destaca que, a diferencia de lo que sucedía más de década y media atrás, hoy el 97 por ciento de esos cobros se concilian directamente con el cliente, abriendo la posibilidad de llegar a una normalización de la deuda.

En el 2002, cuando el país salía de una de las peores crisis financieras y económica más fuertes de su historia reciente, el 9 por ciento de esos proceso culminaba con el remate de la vivienda del deudores, el 78 por ciento en normalización y un 13 por ciento optaba por entregan el inmueble como dación en pago.

En su momento, el sistema financiero alcanzó a acumular daciones en pago por más de 1,5 billones de pesos de la época.

“El panorama del cobro por la vía judicial ha mejorado significativamente en el segmento hipotecario y, desde que se hace seguimiento, se ha mantenido estable en las otras carteras. No obstante, al observar la duración de los procesos reportados por la banca, desde la presentación de la demanda hasta que las entidades contabilizan su finalización, se tiene que en este frente no se han registrado avances ya que los tiempos procesales aún son altos”, advierte el gremio financiero.

Y es que según sus estadísticas, la duración promedio de un remate pasó de 5,1 años en 2007 a 6,2 años entre enero y junio de 2017, mientras que culminar un proceso mediante un acuerdo de pago entre las partes solo tarda un promedio de 1,4 años, un avance importante frente a los 2,6 años de una década atrás, solo en crédito hipotecario.

Los banqueros también advierten que, si bien el número de procesos de cobro judicial muestran una notable reducción, también es cierto que el aparato judicial del país continúa siendo muy lento en la resolución de los procesos ejecutivos, lo cual termina yendo en contra no solo del sistema financiero, de la expansión del crédito sino también del consumidor en la medida que esto encarece la financiación.

De 123.000 procesos ejecutivos que adelantaba la banca contra deudores morosos hipotecarios en 2002, a junio de este año esa cifra rondaba las 20.000 demandas, 66 por ciento concentradas en las cinco principales ciudades del país.

“En cuanto a las otras carteras (comercial, consumo y microcrédito, con información de 8 bancos), el stock de procesos reportado a Asobancaria con corte al primer semestre del año registra cerca de 150.000 de tipo ejecutivo, cifra muy inferior a los más de 725.000 que contabilizaba la competencia civil de la jurisdicción ordinaria en 2013, lo que demuestra que la banca no es el principal usuario del aparato judicial”, dice el gremio.

Los banqueros también alertaron por el mal usos que se le viene dando a la figura de la insolvencia en personas naturales, un mecanismo creado con la Ley 1564 para evitar una ‘muerte comercial y patrimonial’.

Sin embargo, advierten que, sin desconocer la actual coyuntura por la que para la economía colombiana, que ha golpeado a cientos de hogares y que ha hecho elevar las solicitudes de insolvencia de estos, “se han evidenciado situaciones en las que se ha hecho un mal uso de la figura, pues se está empleando como un medio para evadir o dilatar el pago de las obligaciones”, para lo cual hasta se presentan acreedores falsos.

Por eso, hacen un llamado para que la ad ministración de la justicia sea más ágil y se solucionen “los inconvenientes surgido en los últimos años, como la demora en la práctica de despachos comisorios y los inconvenientes con el mal uso de la figura de la insolvencia para personas naturales no comerciantes”.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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