El espinoso camino para controlar el gasto público

El espinoso camino para controlar el gasto público

Comisión de expertos revive idea del impuesto a bebidas azucaradas.

Gasto público para 2018

 El gasto total era de 27,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2016 ($ 208,5 billones).

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Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

21 de abril 2018 , 10:00 p.m.

La ineficiencia que caracteriza el gasto público del Estado colombiano volvió a sonar esta semana, tras el destape del informe final de la Comisión de Expertos, convocada por el Gobierno para identificar los orificios por los cuales se escurre la plata que debería promover el bienestar de los colombianos.

Las entrelíneas son la novedad, pues los temas gruesos se conocen desde hace cuatro meses, cuando el equipo de expertos mostró un resumen ejecutivo que habló de los 40 billones de pesos que valen anualmente las pensiones, porque los subsidios se los llevan los jubilados onerosos que cotizaron poco o casi nada; o los 11,2 billones pagados entre el 2000 y el 2016 en sentencias y conciliaciones por demandas contra el Estado, entre otros. 

Si bien la tarea de domar el gasto público empezó ya, desde que se aplica la estrategia de ‘apretón del cinturón’ en gastos de funcionamiento del Gobierno, el informe de la comisión sugiere que es mucho lo que hay por hacer. Más aún si el Gobierno Nacional es el que más gastos genera y, por consiguiente, el más endeudado.

Así, si el gasto total era de 27,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2016 ($ 208,5 billones), el Gobierno central pasó de necesitar 8,5 por ciento del PIB en 1989 a niveles de 17,2 por ciento del PIB en 2002. En 2016 su gasto fue de 18,9 por ciento del PIB ($ 143,2 billones). Mientras tanto, las gobernaciones y alcaldías pasaron de 1,6 % del PIB en 1984 a un 12 % en 2016.

Tras identificar los usos ineficientes del gasto público, como el de la inadecuada focalización de los subsidios otorgados a las familias y sectores (36 % de los subsidios de vivienda, 31 % de los subsidios a pagos de servicios públicos y el 28,7 % de los subsidios orientados a la atención de la pobreza los concentran los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), la comisión de expertos no solo propuso el sellamiento de las fugas, sino que abrió un abanico de posibilidades para obtener nuevos ingresos.

Propuestas polémicas

Así, la comisión recomienda poner a cotizar a dependientes que tienen capacidad económica, a veces superior a la del que lo tiene como beneficiario en el sistema de salud.

Además, sugiere que las regiones pongan más plata para financiar la salud y recomienda crear un comité asesor en materia económica a la Corte Constitucional para que sus decisiones tengan más asidero en la realidad financiera del país.

Esto sin contar con que proponen un consejo consultivo fiscal para que el Congreso no apruebe leyes a diestra y siniestra sin detenerse a revisar con qué se fondearán.
La comisión sugiere que se abra el camino para que las regalías les sirvan a las regiones para pagar deudas, y que parte de los parafiscales con los que se carga la nómina en las empresas, los cuales ahora van a parar a las cajas de compensación familiar, se redireccionen hacia la salud.

Bebidas azucaradas

El informe final muestra que nada escapó a la lupa de la Comisión del Gasto público. Plantean que el Plan Nacional de Desarrollo deje de ser un árbol de Navidad, lleno de enunciados que a veces ni se cumplen, o de ‘micos’ que luego deberán convertirse en ley, con el consiguiente impacto negativo sobre el gasto.

De igual manera, sugieren que el Departamento de Planeación Nacional se enfoque verdaderamente en la planeación y que sea un asesor real del Ejecutivo.

La invitación de los comisionados a la nueva administración del país que resulte elegida en junio es para que se dé la pela por recuperar el proyecto de ley que pone un impuesto a las bebidas azucaradas, idea que no ha prosperado en legislaturas pasadas.

Los dineros que allí se obtengan, según Leonardo Villar, uno de los comisionados, pueden ir a cubrir gastos en salud de las entidades territoriales, para que no dependan tanto de las transferencias nacionales.

Temas espinosos como gravar las pensiones altas y reducir el tope de las pensiones del régimen de prima media, que hoy está en 25 salarios mínimos ($ 19,5 millones), también fueron revividos por la comisión.

Aunque suene a más gasto, los expertos dicen que es recomendable que el sector educativo tenga un ente de control (superintendencia), al igual que la tiene la salud, y es clave eliminar la medida para los hospitales públicos, con los que es obligatorio contratar el 60 por ciento de los servicios de EPS del régimen subsidiado.

Tres preguntas a Leonardo Villar, integrante de la comisión

¿Consejo consultivo para el Congreso y comité económico para la Corte les quitaría autonomía a esas instancias?

Los consejos fiscales no son para frenar ni quitar atribuciones al Congreso ni a las cortes. Son para mejorar su proceso de decisión. Un ejemplo es EE. UU. con la oficina de presupuesto del Congreso, que funciona autónomamente, hace cálculos y entrega los reportes. Sucedió con la propuesta de reforma tributaria de Trump.

¿Por qué dicen que hay que recuperar el papel del Plan de Desarrollo y fortalecer al DNP?

En la Constitución del 91 se estableció que el plan debería contener todo el listado de posibles proyectos de inversión que ni siquiera han sido evaluados y que se meten por formalismo. Esto le ha quitado al Plan de Desarrollo su carácter fundamental, que es el plantear una estrategia de política de desarrollo.

Y la preocupación con el DNP es que ha ido asumiendo muchas funciones operativas que lo distraen de su función original, de servir de gran asesor del Presidente para la estrategia de política económica y social.

¿Cuánto se ahorraría el país si se aplican las sugerencias de la comisión?

Eso no es posible cuantificarlo.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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