Ministro de Minas dijo que no puede demandar el contrato 051 por capricho.

Tras el fuerte debate que se dio en el Congreso por la prórroga para la firma Cerro Matoso de la operación de la mina de níquel en Montelíbano (Córdoba), el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, le puso cifras concretas a la inversión social que la compañía debería hacer en la región.

En forma similar a lo que exigirá la nueva subasta de bloques petroleros, el funcionario aseguró que la cláusula social, que es quizás la más importante de la renegociación, “hay que amarrarla a los niveles de producción”.

Esto quiere decir que tal artículo en el contrato deberá establecer claramente un porcentaje mínimo de recursos sobre los niveles de extracción y ventas, que para Cárdenas debe ser superior al uno por ciento.

Si este fuera el porcentaje que acuerden las partes, el valor anual que la empresa debería destinar a las comunidades sería de ocho millones de dólares (unos 14.500 millones de pesos), más de cinco veces los 1,5 millones de dólares que le propuso al Gobierno.

Hay que tener en cuenta que el año pasado sus ventas alcanzaron los 800 millones de dólares.

“Si es solo del uno por ciento, estaríamos hablando de ocho millones de dólares, pero yo creo que tiene que ser más del uno por ciento”, dijo Cárdenas.

Señaló que la negociación debe servir para mantener unas inversiones en tecnología que aseguren un nivel alto de producción de ferroníquel y sobre este volumen fijar un porcentaje mínimo de inversiones sociales.

Sobre las regalías y la fiscalización, llamó la atención sobre la importancia de que la Unidad de Planeación Minero-Energética fije el precio adecuado del ferroníquel, para que sobre este valor se liquiden los dineros que Cerro Matoso le paga al Estado por la explotación del subsuelo.

SIN CAPRICHOS

Aunque los congresistas que citaron al debate del martes y el miércoles le pidieron al Gobierno demandar por ilegal el contrato 051 de 1996, que incorporó los de las zonas productoras del níquel (el 866 de 1963 y el 1727 de 1971), la posición del Ejecutivo es que eso no se puede hacer por capricho.

Al respecto, Cárdenas sostuvo que deben tenerse argumentos jurídicos muy sólidos, que son los que precisamente se recibirán de unos expertos que analicen la validez jurídica del contrato.

“Si hay legalidad en el contrato 051, se negocia en unos nuevos términos, que implican más compensaciones para la Nación, más compromisos de inversión, y adoptar los estándares ambientales actuales”, puntualizó.

Ómar G. Ahumada Rojas

Redacción de Economía y Negocios