‘Por ser exitosa, no se puede condenar a una empresa’

‘Por ser exitosa, no se puede condenar a una empresa’

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, habla sobre las sanciones de la SIC a cementeras.

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos

El empresario Jorge Mario Velásquez.

Foto:

Cortesía Argos

16 de diciembre 2017 , 11:00 p.m.

A comienzos de la semana, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las tres compañías cementeras más grandes del país: Argos, Cemex y Holcim, al igual que a un puñado de sus ejecutivos. La multa, por un monto conjunto de 200.000 millones de pesos, se asemeja a la que han recibido recientemente otros sectores por supuestamente atentar contra los intereses del consumidor.

En su comunicado, la entidad habló de “la existencia de un acuerdo en la modalidad de paralelismo consciente para la fijación de los precios ‘ex fabrica’ del cemento gris”. La determinación generó un vehemente rechazo de las firmas castigadas, especialmente de Argos, que indicó que agotará las instancias del caso para limpiar su nombre. EL TIEMPO habló con Jorge Mario Velásquez, cabeza del grupo cementero colombiano.

Causó sorpresa el comunicado que emitieron tras la sanción de la SIC. ¿Por qué ese tono, que algunos describen como desafiante?

No somos desafiantes, somos respetuosos de la ley y las instituciones, pero, al tiempo, estamos indignados por la injusticia de esta decisión. En el proceso demostramos con hechos y datos nuestro comportamiento, aclaramos cada señalamiento, explicamos por qué no hubo paralelismo, porque Argos tiene una estrategia diferenciada y procompetitiva. Pero la Superintendencia no consideró ningún argumento y procedió a sancionar.

Pero una parte de la opinión considera que aquí sucedió algo parecido a lo que se vio en otros casos...

No es así. En este caso no hubo delaciones, pruebas de acuerdos anticompetitivos ni tensiones entre Argos y sus clientes. Vamos a usar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance con el fin de demostrar nuestro buen actuar.

La Superintendencia alega pruebas que parecen sólidas...

Argos ha explicado cada señalamiento y argumentado cómo se construyó cada dato entregado a la Superintendencia, cómo se fijaron los precios en forma independiente. La investigación de la SIC parte de supuestos que desconocen la realidad del mercado del cemento y eso los lleva a conclusiones erradas.

La investigación de la SIC parte de supuestos que desconocen la realidad del mercado del cemento y eso los lleva a conclusiones erradas

Por ejemplo...

Hay señalamientos que son imprecisos, como que el precio del cemento aumentó 30 por ciento en el periodo. Eso no es verdad, aumentó 3,5 por ciento por año en términos reales. Tampoco es cierto, como afirmó la Superintendencia, que Argos obtuviera ganancias supracompetitivas cercanas al 60 por ciento. Comete errores elementales como no tener en cuenta que en una operación industrial hay gastos de estructura, depreciaciones, impuestos, gastos financieros, de distribución o comercialización y otros que deben sumarse a los costos variables para encontrar los márgenes. No es muy difícil comprobar esto en los estados financieros, que son de público conocimiento.

¿Cuál fue su argumento?

Argos demostró que no se presentó el comportamiento paralelo porque hay bajas correlaciones entre los precios, tanto a nivel nacional como regional. De hecho, en los distintos departamentos los precios distan enormemente del supuesto paralelismo, hasta el punto de que se observa una prima de precios de Argos sobre sus competidores. La resolución de la SIC tampoco valoró el profundo análisis económico y estadístico desarrollado por Mauricio Reina y Sandra Oviedo, en el que se evidencia que lo que se califica como paralelismo es una situación normal de un mercado en el cual las empresas adoptan sus decisiones de producción y determinación de precios de manera independiente.

Pero, a ustedes les fue muy bien en ese periodo...

Es sorprendente y muy preocupante que se asocie el buen desempeño de una compañía como motivo de sospecha de su comportamiento. No puede ser que se condene a una empresa por ser grande o exitosa. Me preocupa el sesgo que se siente por el empresario en algunas entidades y públicos en Colombia.

Es sorprendente y muy preocupante que se asocie el buen desempeño de una compañía como motivo de sospecha de su comportamiento

Aun así, los precios del cemento entre 2010 y 2012 aumentaron muy por encima de la inflación...

En ese periodo la economía creció por encima del 14 por ciento, el consumo de cemento aumentó alrededor del 8 por ciento anual, como consecuencia de un gran dinamismo del sector de la construcción, impulsado por los programas del Gobierno en materia de infraestructura y vivienda. En ese contexto, los precios de Argos tuvieron un incremento promedio anual del 6,5 por ciento, lo que equivale a solo un 3 por ciento por encima de la inflación.

¿Y eso no golpea la capacidad del cliente?

La SIC, en su análisis, afirma que en 2010 se podían comprar 37 sacos de cemento con un salario mínimo mensual y que en 2012 se compraban 31. Nuevamente se parte de calcular indicadores sobre el precio del producto recogido en fábrica, que no son los que usa Argos para vender. Nosotros lo entregamos a los clientes en su sitio de consumo. En una serie más larga, que incluye distintos ciclos económicos, los precios del cemento han crecido cerca de la mitad de la inflación. Hoy se compran 35 sacos de cemento con un salario mínimo, mientras que hace 15 años se compraban solo 18.

Ustedes han sido sancionados en otras ocasiones, pareciera una práctica reiterada. ¿Qué tiene que decir de esto?

En el informe motivado de la SIC se señalan tres hechos. Una sanción a la Corporación de Cemento Andino, en Venezuela, en el año 2003. Al delegado se olvidó mencionar que dicha sanción fue suspendida por la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo de ese país, en abril de 2005. Esa inversión fue ilegalmente expropiada en marzo de 2006 y, a la fecha, no hemos recibido compensación alguna.

También cita una infracción de las normas de la libre competencia que terminaron en una aceptación de garantías por la misma Superintendencia, las que no implicaron la imposición de sanciones. Y termina haciendo referencia a una sanción por prácticas restrictivas de la competencia en 2008, sin señalar que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2012, y cuyo proceso se encuentra pendiente para fallo en el Consejo de Estado.

¿Qué viene ahora?

Vamos a defender nuestra buena actuación y reputación con toda convicción y energía. En primer lugar, presentaremos un recurso de reposición ante la Superintendencia, insistiendo en nuestros argumentos de defensa y solicitando ser escuchados por el Comité Asesor de Competencia, petición que hicimos al Superintendente en el mes de noviembre y no fue atendida. En caso de no ser exonerados presentaremos un recurso ante el Contencioso Administrativo. Es de destacar que de los tres cargos inicialmente formulados por la SIC, la entidad nos ha exonerado de dos de ellos, “repartición de mercados” e “infracción a la prohibición general de competencia”, y nos sancionó por un supuesto paralelismo consciente.

¿No sería más fácil pagar, evitar el desgaste de un pleito y pasar la página?

Esto es mucho más que una multa o un pleito. Se trata de la defensa de los principios y valores de una organización, construidos durante décadas y cuyo eje central es un estilo de hacer negocios de una manera seria y responsable que beneficia a millones de personas. Esta es una empresa de propiedad de millones de colombianos que tienen sus ahorros en los fondos de pensiones, que se ha construido con arduo trabajo y con principios y ha llevado la bandera de Colombia con orgullo para internacionalizarse en muchas naciones. Se trata también de la dignidad del sector empresarial, grande, mediano o pequeño, que con su trabajo y dedicación es pieza fundamental del crecimiento y la sostenibilidad del país.

Esto es mucho más que una multa o un pleito. Se trata de la defensa de los principios y valores de una organización, construidos durante décadas

¿Qué lecciones saca de lo sucedido?

El país requiere revisar si le conviene mantener en una misma superintendencia las facultades de investigación y sanción; que los pagos de las multas entren a engrosar los presupuestos de estas entidades, generando incentivos inadecuados. Los cambios también deberían orientarse a que los procesos sancionatorios sean definidos por entes colegiados, con recursos ante instancias separadas. Preocupa mucho, por ejemplo, que un funcionario de la SIC publique comentarios sesgados, sacando conclusiones condenatorias en redes sociales cuando todavía no ha finalizado el trámite legal ante esta Entidad. Esto genera inquietudes sobre el proceso que hemos tenido y dudas sobre la decisión.

¿No cree que es válido que la SIC defienda los intereses del consumidor?

Por supuesto. Es muy importante que el país cuente con leyes de competencia que protejan al consumidor. De la misma forma, es esencial que contemos con mecanismos que preserven el derecho y la libertad de empresa. No podemos, ni debemos, caer en discursos demagógicos ni en la satanización del sector empresarial, porque si esto se convierte en una tendencia, cada día será más complicado atraer o retener empresas en nuestro país.

Usted también fue multado. ¿Qué piensa hacer a título personal?

Mi situación particular es un asunto marginal, lo relevante es seguir trabajando por este país y lograr que se reconozca nuestro correcto actuar.

RICARDO ÁVILA
Director de ‘Portafolio’
En Twitter: @ravilapinto

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