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Las fallas que llevaron a la toma de Electricaribe

La iliquidez para operar y las fallas en el servicio determinaron toma de posesión de la firma.

El incumplimiento en las obligaciones financieras para la compra de energía, que fue secando los niveles de efectivo para la operación diaria debido al cierre de las fuentes de crédito, y los niveles de interrupción del servicio por encima de los topes establecidos llevaron al Gobierno a tomar posesión de la distribuidora de energía Electricaribe.
Este escenario, que ya había sido contemplado por varios ministros de Minas y Energía, de los seis que antes de Germán Arce han estado en esa entidad, se fue materializando en el último año.
En medio de un total hermetismo de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) sobre el contenido del estudio técnico que motivó la medida administrativa, y sin saber si este también trata aspectos críticos como el fraude y la falta de pago de usuarios y entidades públicas, la resolución de la entidad de control que formalizó la intervención deja ver que las fallas en el servicio iban creciendo.
En los últimos meses, la falta de recursos se notó cada vez más por la carencia de más capital del grupo español Gas Natural Fenosa, y los bancos le fueron cerrando el crédito.
Sobre el primer factor, las cifras de XM, operador del mercado eléctrico, mostraron que desde el primer trimestre Electricaribe estaba presentando interrupciones en el servicio por encima de las permitidas. Desde entonces, el índice trimestral agrupado de discontinuidad (Itad) estaba en 0,03806 frente a un tope de 0,01635, y la compañía reportó a la Superservicios un indicador de 0,01544.
Para el segundo trimestre, XM calculó que el Itad fue de 0,03606, por encima del tope de 0,01441 fijado para ese período.
El Niño golpeó
Según fuentes enteradas del proceso entre la compañía y el Ministerio, desde el 2015, cuando Tomás González era el titular de esta cartera, se adoptó un plan de trabajo, incluyendo la inversión de hasta 1 billón de pesos en el Plan 5 Caribe en las redes de distribución de la Costa. Se partía de un cálculo de compra de energía aproximado de 144 pesos por kilovatio, en promedio.
Pero las cuentas no dieron, porque entre octubre del 2015 y marzo del 2016, el país enfrentó el fenómeno del Niño más intenso de la historia, lo que subió los precios de la energía y precipitó la crisis de liquidez de la empresa. La información fue transmitida en su momento por la administración y el accionista mayoritario a la junta directiva, que tiene dos representantes del Gobierno.
Mientras Gas Natural Fenosa (con el 83 por ciento de la propiedad) ratificaba en distintos escenarios que requería una garantía estatal contra el fraude y el impago de entidades públicas para seguir inyectando recursos, Electricaribe comenzó a incumplir sus obligaciones en el mercado y a tener dificultades de efectivo.
Según el informe que sustenta la intervención, solo en el 2016 hubo 65 procesos de limitación de suministro de XM a la distribuidora, por mora en el pago de las transacciones en bolsa y en contratos bilaterales. Iniciando octubre, los generadores Emgesa, EPM y AES Chivor hicieron efectivas garantías por 38.000 millones de pesos.
Incluso, desde el 10 octubre la firma Deloitte, auditora externa de Electricaribe, advirtió que los análisis del flujo de caja entre el 3 y el 7 de octubre y del 10 al 14 de octubre concluían que no tenía los recursos suficientes para su operación.
Según las cifras que Electricaribe suministró a la Superservicios, mientras en enero cerró con un saldo de efectivo por 191.349 millones de pesos, en octubre cayó a 28.992 millones de pesos, y las proyecciones apuntaban a un hueco de 655.313 millones de pesos en diciembre.
Por ello, el estudio concluyó que tanto por este factor como por la crisis de servicio, que generó 71 eventos de protesta social entre enero y mayo de este año, según el Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe (Cepsca), la situación financiera no le permitía a la firma cumplir con la prestación del servicio y que la situación comprometía la adecuada prestación de este en todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
‘Privatización fracasó’
Al recordar que Electricaribe es producto de la privatización de la antigua Corelca y de las electrificadoras de la costa Atlántica, el contralor general de la República, Edgardo Maya, dijo que la intervención muestra que dicha privatización fracasó. En mayo pasado, EL TIEMPO reveló que un informe de la Contraloría encontró que de los años 2008, 2011 y 2014 se dejaron de ejecutar 150.000 millones de pesos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (Fazni).
Y de los proyectos del Prone GSC-97-2008, por 19.359 millones de pesos, las obras se finalizaron, pero la comunidad no permitió activar la infraestructura por ser antifraude.
La participación del Gobierno en la junta directiva de la empresa
Si bien la responsabilidad principal de Electricaribe estaba a cargo del grupo español Gas Natural Fenosa (GNF), agentes del mercado eléctrico han llamado la atención por la cuota que tenían el Gobierno y el Estado en la resolución de la crisis.
Explican que, a través de las participaciones de los ministerios de Minas y Energía y del de Hacienda, así como de patrimonios autónomos de las electrificadoras departamentales en liquidación, su participación en la empresa es cercana al 17 por ciento. Dicho porcentaje le permitía al Gobierno tener dos miembros en la junta directiva de la compañía.
Estos dos miembros eran Edgardo Sojo (quien luego de la intervención fue nombrado como nuevo presidente) y Luis Fernando Arboleda, presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).
Sin embargo, según pudo establecer EL TIEMPO, el 24 de agosto Sojo había presentado renuncia a su puesto en el máximo organismo de administración de la compañía, mientras que Arboleda había hecho lo propio el 2 de septiembre.
De tal manera, durante dos meses y medio, hasta el momento de la intervención, el Gobierno no hizo presencia en las sesiones de la junta directiva.
Sin embargo, tanto Sojo como Arboleda estaban enterados, desde el año 2015, de las proyecciones de flujo de caja y de ingresos.
EL TIEMPO intentó contactar a Sojo para consultar las razones de su renuncia a la junta directiva y saber cuáles son los pasos que se deben seguir para la empresa tras la intervención. Sin embargo, no fue posible ubicarlo.
No obstante, entre las declaraciones dadas a medios de la costa Atlántica, en su calidad de nuevo presidente de Electricaribe, Sojo manifestó que luego de la intervención deben implementarse varias acciones.
Primero se debe garantizar que se tenga la energía suficiente a una tarifa estable que permita un flujo de caja estable; en segundo lugar, garantizar las inversiones que complementen el Plan 5 Caribe en las redes de distribución local; y en tercer lugar, garantizar los subsidios por parte del Gobierno.
Igualmente, hizo énfasis en que se deben garantizar los recursos para cubrir la normalización de las redes de los barrios subnormales (son 1.900 en toda la región, para un total de 400.000 usuarios) por parte del Ministerio de Minas y Energía; y como quinto punto, indicó que hay darles mucha educación a los usuarios para que no se haga fraude y para que se paguen a tiempo las facturas del servicio de energía que presta la compañía.
Un consultado del sector, quien pide la reserva de su nombre, sostiene que esas medidas eran las mismas que estaban solicitando Electricaribe y GNF dentro de las negociaciones que se venían adelantando con el Gobierno.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
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