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Esta es la evidencia de los sobrecostos por $ 12 billones en Reficar

En 37 discos duros están pagos en maquinaria y personal. Investigan posibles irregularidades.

Este martes, horas antes de viajar a Estados Unidos a la renovación del Plan Colombia, el presidente Juan Manuel Santos convocó una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño para evaluar dos temas críticos.
Además de la situación del sector petrolero, el tema central fue el escándalo por los multimillonarios sobrecostos que el país tendrá que asumir por la ampliación de la refinería de Cartagena (Reficar), por el que Santos les preguntó al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes. (Lea también: El abecé para entender la importancia de Reficar en Colombia)
El proyecto promete convertir a Colombia en un país autosuficiente en la producción de combustibles, ampliando la vieja refinería para pasar de 80.000 a 165.000 barriles diarios. Pero la obra, que debía entregarse en el 2012 a un costo inicial de 3.993 millones de dólares, terminó trepándose a 8.000 millones de dólares y registrando un retraso de 27 meses.
El ‘taxímetro’ de los sobrecostos va en 4.000 millones de dólares (12 billones de pesos) pero podría aumentar. Lo más grave es que parte del sobrepago se financió a través de préstamos con la banca internacional, que están respaldados con el patrimonio de Ecopetrol, dueña de la refinería.
Aunque las autoridades llevan varios meses esculcando el caso, el Gobierno aún no tiene un diagnóstico que indique si los sobrecostos son justificados, si hubo una monumental falta de criterio en la planeación o una corrupción campante. En los dos últimos escenarios, Chicago, Bridge and Iron (CB&I), la compañía estadounidense que se encargó de la construcción de la refinería a partir del 2007, y los funcionarios a cargo tendrán que salir a responder.
Mientras eso sucede, EL TIEMPO estableció que uno de los principales inversores de CB&I vendió casi toda su participación antes de que estallara el escándalo. Se trata de Warren Buffett, tercero en el listado de los más ricos del mundo, quien alcanzó a tener el 20 por ciento.
Quienes están más cerca de establecer lo que realmente sucedió en Reficar son once investigadores de la Contraloría General que, desde abril del 2015, están pidiendo documentos.
Auxiliar de $ 30 millones
Inicialmente, CB&I, con sede en Illinois, se negó a entregar información, alegando que se rige por el derecho privado. Pero los investigadores ya tienen en su poder 37 discos duros, que en un primer análisis dejaron al descubierto cifras y conductas que deberán explicar. (Además: Santos asegura que escándalo de Reficar se gestó en gobierno de Uribe)
En números gruesos, 440 contratos, de los 2.460 que se firmaron para la construcción de la refinería, tienen adiciones superiores al cien por ciento, y 25 de ellos superan el mil por ciento.
Y, en letra menuda, se han encontrado casos como el de una secretaria bilingüe de la presidencia que ganaba 30 millones de pesos al mes, y a la que, además, se le pagaba como incentivo la renta de su apartamento ubicado en Castillo Grande (Cartagena), que costaba 3 millones mensuales. Mientras tanto, cerca de 200 obreros extranjeros se echaban al bolsillo 45 millones de pesos al mes.
En la alimentación y compra de portacomidas de icopor también hay cifras exorbitantes. El monto inicial de ese contrato era de 59.000 millones de pesos y saltó a 126.000 millones de pesos. Todos fueron suscritos con Servihoteles S. A., cuya sede principal es Girardot (Cundinamarca). A ese contratista le tocó pasar de atender a 5.000 trabajadores a más de 19.000.
Pero, sin duda, el gran interrogante está en los contratos de obra.
Uno de ellos se relaciona con el alquiler de perforadoras con taladros especiales, a la empresa Cyntech Canada Inc., que tenía un monto inicial de 620.000 dólares y que saltó a 7’877.000 dólares, lo que representa una adición del 1.170 por ciento.
Con el alquiler de grúas industriales para movilizar tubería pesada y equipos de ingeniería pasó algo similar. Inicialmente, se estableció que se necesitaban 70, a un costo de 78.000 millones de pesos (39 millones de dólares de la época). Pero se contrataron –con la empresa holandesa Mammoet-Mamut y la belga Sarens– 176 máquinas, que colapsaron la movilidad dentro de la planta, paralizando trabajos claves. Esa adición costó 85.000 millones de pesos, cerca de 43 millones de dólares. (Lea aquí: 'Mi gobierno vio que era un éxito para el país': Uribe sobre Reficar)
¿Justificación?
Otro de los contratos bajo la lupa es el de transporte de material y personal. Inicialmente se tasó en 13.874 millones de pesos, y al final se pagaron 104.231 millones, es decir, un 651 por ciento más. En este ítem aparece como contratista Transportes Calderón S. A., firma que ya advirtió estar presta a acudir a las autoridades para demostrar su transparencia.
La justificación de esa sobrecontratación podría estar en el hecho de que cuando arrancó el proyecto solo se había diseñado el 21 por ciento de la refinería.
Fuentes enteradas del caso, que hablaron con este diario, también lo atribuyen a que se subestimó el costo del megaproyecto y a que el personal se tuvo que capacitar sobre la marcha, desencadenando una baja productividad y un incumplimiento de metas.
Y la misma fuente agrega que la ola invernal del 2011 y el 2012 tuvo un impacto negativo similar a la huelga de trabajadores del 2013, que, se calcula, costó 500 millones de dólares.
La interventora de la obra es Foster Wheeler, una reputada consultora con sede en Houston que tendrá que explicar por qué no emitió ninguna alerta sobre los mayores costos que se estaban registrando. Hasta ahora no hay ningún doliente en esa firma porque todos los documentos relacionados con Reficar tienen un simple sello.
Herencia negra
Y es que, para algunos expertos, el proyecto nació envenenado. Se eligió como socio estratégico, con el 51 por ciento de las acciones, a la suiza Glencore, cuyo fuerte es la minería. Esta fue la que transfirió a CB&I la ingeniería, compras y construcción de Reficar, bajo una modalidad contractual que no existía en Colombia. CB&I contrataba lo que se iba necesitando, y se le pagaba con la presentación de la factura.
De hecho, en el 2009 ya se estaba hablando de sobrecostos. Tanto así que el 28 de enero de ese año, aprovechando su visita al Foro Económico de Davos (Suiza), el entonces presidente Álvaro Uribe se reunió con Ivan Glasenberg, presidente de Glencore, exigió transparencia en la ejecución de la obra y sentenció: “El país no puede salir defraudado con esto”.
Sin embargo, cuatro meses después Ecopetrol le compró a Glencore su participación en Reficar, por 549 millones de dólares, y heredó el contrato con CB&I, sin que lo pudieran deshacer jurídicamente.
En medio de la tormenta que se desató y de las investigaciones penales y fiscales, Reficar, Ecopetrol y CB&I decidieron sentarse a la mesa para buscar una posible devolución de dinero y evitar que se tenga que llegar a los mecanismos legales previstos en el contrato. Ya se habla de una cifra, que es confidencial y que, en 48 horas, la podrían conocer los inversionistas de CB&I, incluido Buffett, que se reunirán en Nueva York para evaluar los estados financieros de la compañía.
Por ahora, las autoridades siguen recaudando evidencia, mientras funcionarios involucrados insisten en que nadie ha hablado aún de dolo o corrupción. Y en que, pese a los sobrecostos, se pasó de tener ‘una cafetera que daba pérdidas’ a una de las más modernas refinerías de América.
‘Colombia tiene cómo reclamar’
Edgardo Maya Villazón
¿Cuándo sabrá el país si los hallazgos de la Contraloría tienen o no consecuencias penales para funcionarios y contratistas?
La Contraloría, en la auditoría que está haciendo, solo va determinar el impacto fiscal de este proceso contractual. Si hay hechos con relevancia penal, los trasladará a la Fiscalía; y los de carácter disciplinario, a la Procuraduría, que son los entes competentes para conocer de estos casos.
¿Colombia puede obligar a CB&I a responder por su conducta o ya no hay nada que hacer?
Desde luego. Colombia puede perseguir en el exterior los bienes de esta compañía haciendo uso de mecanismos legales internacionales.
¿Qué tanta responsabilidad le cabe al gobierno de Álvaro Uribe y qué tanta al gobierno de Juan Manuel Santos?
La Contraloría establecerá la responsabilidad fiscal de personas naturales y jurídicas que han intervenido en el proceso contractual. La responsabilidad de los gobiernos es un tema del debate político.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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