¿Queda claro que cartelización empresarial se detecta y se sanciona?

¿Queda claro que cartelización empresarial se detecta y se sanciona?

El superintendente Pablo Felipe Robledo dice que no tiene intereses electorales. 

Pablo Felipe Robledo

Pablo Felipe Robledo, explica cómo la SIC tiene ahora más herramientas para establecer sanciones que permitan defender la libre competencia.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

01 de enero 2018 , 07:00 p.m.

El país ha descubierto una agencia del Estado que no se mostraba mucho, la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso ha sido bajo su mando. ¿Cómo lo logró?

El Gobierno ha entendido que una de las políticas públicas que hay que impulsar y defender férreamente es la protección de la libre competencia económica. La razón es sencilla: es la columna vertebral de la economía de mercado, que es nuestro sistema económico. Esta Superintendencia, con capacidad hoy de actuar y ser un protagonista importante en la vida económica de Colombia, no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad.

Pero ¿cómo se llega a ese grado de efectividad?

Se aumentó la capacidad sancionatoria de la Superintendencia, y dejamos de poner multas irrisorias como las del pasado.

Obviamente, varias de esas decisiones han sido muy cuestionadas. Hasta lo han señalado de tener intereses protagónicos o políticos...

La gente tiene derecho a criticar las decisiones. Cada una de esas críticas el transcurrir del tiempo las ha contestado. Por ejemplo, mucha gente decía que esas investigaciones se iban a caer, que se había violado el debido proceso, y lo cierto es que a hoy, ningún caso importante fallado en mi administración se ha caído, aunque casi todas las decisiones importantes están demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso.

Empecemos por las sanciones más sonoras de cartelización. El azúcar…

Está demandada y no se ha caído.

Los pañales…

Parte de la decisión está demandada. Allí hubo delatores. Los demandantes son quienes fueron sancionados y no delataron. La decisión no se ha caído.

Los cuadernos…

Dos empresas fueron delatoras. Carvajal demandó, la sanción no se ha caído.

Papel higiénico…

Papel higiénico tampoco se ha caído y la decisión está demandada.

La multa a Comcel…

Fue la primera gran sanción. También está demandada y no se ha caído.

El esquema de recolección de basuras de Bogotá con decisión sancionatoria contra la administración Petro…

Está demandada y no se ha caído.

Vamos con la sanción a las cementeras. Salieron de las empresas a decir que las sancionan porque son exitosas…

No sé si eso sea susceptible de ser contestado. Es realmente desorbitado decir que una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona una empresa por ser exitosa. Ni se las sanciona ni se las exonera por eso, sino por violar la libre competencia, los datos personales, los derechos de los consumidores. El éxito no es un factor de investigación ni mucho menos de sanción.

¿Realmente cree que una empresa de la magnitud de Tecnoglass revendía boletas para el Mundial?

Si algo he aprendido en estos cinco años es a no dejarme llevar por mis propias creencias de lo que puede hacer o no una persona o una empresa. Si me hubiera dejado llevar, nunca habría encontrado carteles como los que acabamos de mencionar. Mi obligación es investigar y confirmar o descartar la información que me llega.

En algunos sectores hay mucha molestia contra usted. ¿Podría asegurar que no lo anima ningún interés político?

Gente muy importante ha dicho que yo hago mi trabajo porque tengo un propósito electoral. Hasta dijeron que yo estaba buscando ser senador. No acepté.

Pero ¿se lo ofrecieron?

Sí, me lo ofrecieron. No aspiré.

¿Por qué?

Habría sido altamente inconveniente para mí, y sobre todo para la Superintendencia. Se habría puesto en entredicho la inmensa mayoría de nuestras decisiones, porque les hubiéramos dado la razón a unas personas que piensan que detrás de esto había un fin electoral.

Vale el ejemplo de lo que le pasó a Humberto de la Calle. Usted piensa que las decisiones de la Superintendencia se tienen que defender sin el ingrediente político personal…

Me parece que cuando uno ejerce un cargo de estos, con un enorme poder sancionatorio, no solo hay que decirlo, sino que hay que demostrar que detrás no hay ánimo electoral. Mire lo que me pasó a mí: no acepté involucrarme en las elecciones de Congreso, y voluntariamente me inhabilité para todo, por no renunciar a tiempo. Estoy inhabilitado para ser candidato presidencial. Estoy inhabilitado para ser candidato a la Vicepresidencia. Recientemente, en algún medio de comunicación salieron a decir que yo tenía aspiraciones de ser alcalde de Bogotá. Todo ese tema de aspiraciones electorales lo he negado categóricamente, porque tengo la íntima convicción de que no estaría bien aprovecharse de un cargo como este con fines electorales.

¿Cómo puede probarlo? De la Calle también juró que no se le pasaba por la cabeza ser candidato presidencial…

No tengo otra forma que esperar a que vayan llegando las fechas. Estoy inhabilitado para todo, como se lo he dicho. Mi vida ha estado alejada de la política. Yo era un abogado litigante y profesor universitario, antes de vincularme a este gobierno.

Pero es legítima la duda. Con un carácter como el suyo, con esa decisión y con ese coraje para tomar decisiones muy controvertidas, es difícil creer que no lo asalte la tentación de figurar políticamente…

No. Estoy interesado en servirle al país más que en la política electoral.

Es que servirle al país es la primera declaración de toda persona que va a decir que no quiere hacer política...

Lo mío no es un tema electoral. Durante los últimos siete años le he prestado un servicio al país alejado de cualquier tema vinculado con corrupción, de manera transparente, recta, con carácter. A estas alturas, la gente tendrá una idea de lo que yo soy.

¿Cree que el país ha aprendido de libre competencia?

Pues mire, ese tema no estaba en la agenda de nadie, en ningún gobierno. Lo que ha pasado, como le decía atrás, es que la Superintendencia tiene hoy más capacidad sancionatoria que nunca, en ningún momento de la historia, por recientes reformas. Hoy tiene cuatro veces más presupuesto que en el año 2010. Tiene tres veces más gente. Y tiene independencia. A nadie se le puede olvidar que el Presidente de la República determinó un periodo fijo a tres superintendentes, el de Industria y Comercio, el de Sociedades y el Financiero, que son la médula de la policía económica. Y eso nos aleja de la política. Si alguien ha entendido que esta debe ser una política pública es el presidente Santos. Cualquier persona en los tiempos modernos que se considere estadista tiene que entender que hay cinco cosas sin las cuales un país no funciona: un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema judicial, una democracia transparente y la libre competencia. No existe en el mundo un país desarrollado que no proteja de manera efectiva la libre competencia económica.

¿Y solo ahora se está protegiendo?

Algunas de las investigaciones que yo he fallado comenzaron cuando el superintendente era José Miguel de la Calle. En el 2005 se sancionó el cartel del arroz, en el 2008, el cartel del cemento. Ya se había sancionado el cartel del cacao y el cartel del azúcar.

Perdón, pero ¿muchas de esas empresas repitieron comportamientos ya sancionados?

Pues muchas investigaciones se volvieron a iniciar, por hechos supuestamente sucedidos con posterioridad a esas sanciones. Lo triste es que el país hoy en día ignora que la Superintendencia de Industria y Comercio había tenido ya algún papel protagónico en el desmantelamiento y sanción de carteles empresariales. Los superintendentes del momento impusieron las máximas sanciones que les permitía la ley a todos esos carteles empresariales, que en plata de hoy no eran más de 1.500 millones de pesos. Entonces, perdóneme, con esa irrisoria capacidad sancionatoria del pasado, la gente siguió riéndose de la libre competencia. Hoy la multa puede ser de hasta 75.000 millones de pesos. Políticas públicas que tengan que ver con el derecho sancionatorio no se construyen a partir de la muestra de la debilidad sancionatoria del Estado.

¿Será que aprendimos algo?

Ojalá. Pero le puedo decir que en el 2018 el país va a encontrar noticias sobre nuevos carteles.

¿Me puede dar algún anticipo?

No. Hay investigaciones en indagación preliminar, algunas de ellas ya tienen incluso delatores. En todas partes del mundo, las autoridades sancionan carteles empresariales. En Estados Unidos, España, Alemania, Europa, el Reino Unido, Japón, Australia. Donde no se sancionan ni se descubren es donde hay débil institucionalidad.

¿Y desde el punto de vista penal?

Hay cárcel en Colombia para los carteles empresariales que se hacen al interior de licitaciones y contrataciones públicas.

Pero poca cárcel hemos visto ahí, ¿no?

Tenemos el caso del conocido ‘zar de la seguridad privada’, quien tiene orden de captura de la Fiscalía. Huyó hacia Estados Unidos y en este momento está en libertad bajo fianza. Para los otros carteles empresariales, diríamos privados, que se dan por fuera de las licitaciones públicas, la verdad es que el mundo civilizado está dividido. Hay países como Estados Unidos o Inglaterra que tienen cárcel para los funcionarios de las empresas que están vinculados con los carteles empresariales. Pero en la inmensa mayoría de los países del mundo no, por una razón: porque el mecanismo más efectivo para detectar carteles es la delación. Y en la medida en que eso implique privación de la libertad, se puede desestimular.

El año cerró con un ambiente de pesimismo tremendo con respecto a la corrupción…

Una de las prioridades de la Superintendencia para el 2018 es seguir haciendo un trabajo importante contra la corrupción en licitaciones y contratación pública. Para eso creamos un grupo élite de 60 funcionarios. Eso tiene que dar resultados bastante importantes, porque ante la corrupción que se está dando, muchos empresarios honestos están huyendo de los procesos licitatorios. No están dispuestos a nadar en esa piscina de vagabundería, cuando ese debería ser un mercado muy atractivo para los empresarios. Al fin y al cabo, las compras públicas representan aproximadamente el 17 por ciento del PIB, es decir, entre 130 y 140 billones de pesos.

Ahí está un motor de la economía…

Claro. El gran motor de muchos países son las compras públicas. Y el Estado, como comprador de esos bienes y servicios, tiene que poder ejercer de manera transparente el derecho de contratar con el mejor, y no con el que le tocó porque los mejores no se presentaron, ante la posibilidad de que hubiera un acuerdo entre los unos y los otros.

Última pregunta. Usted está inhabilitado para todo, pero no para que lo nombren ministro. ¿Eso sí le interesaría?

Por lo menos en este gobierno yo no quiero ser sino superintendente.

¿Y en el próximo?

Ah, habría que ver cuál es…

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.