Gobierno se alista para otro año de intervención de Electricaribe

Gobierno se alista para otro año de intervención de Electricaribe

Se busca garantizar un oxígeno financiero para prestar el servicio a 2,5 millones de usuarios.

Intervención a Electricaribe

Este mes se cumple un año de la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe.

Foto:

Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

14 de noviembre 2017 , 09:02 p.m.

Tras cumplirse un año de la intervención de la distribuidora de energía Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) decidió adoptar medidas adicionales a fin de garantizar el oxígeno financiero que necesita la compañía para mantener la prestación de servicio a 2,5 millones de usuarios de los siete departamentos de la costa Atlántica, mientras se define una solución estructural que se tomaría todo el año 2018 en su aplicación.

Este martes, el titular del organismo de control y vigilancia, José Miguel Mendoza, anunció que a través del patrimonio autónomo del fondo empresarial de la Superservicios, Electricaribe recibirá 135.000 millones de pesos a fin de seguir garantizando la compra de energía en el mercado mayorista spot, es decir, en la bolsa, para suplir las necesidades hasta el 2018. Esta cifra es adicional a los 150.000 millones de garantía con que arrancó el proceso hace un año.

Esta medida era absolutamente necesaria, pues según el agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, excluyendo los $ 170.000 millones de pagos de capital y de intereses a los bancos, que quedaron congelados, la compañía no ha tenido mayores espacios de liquidez, pues si bien a la fecha la exposición de la empresa a los precios de la energía en bolsa está en el 20 %, esto solo se dio desde agosto pasado, y la mayoría del tiempo la empresa ha tenido que hacer prepagos para que despachen la electricidad.

Además, recientemente la Contraloría, de cuyas advertencias tomó nota la Superservicios al definir las medidas, había alertado el 2 de noviembre que el déficit en la caja de la empresa para el cierre del 2017 rondaría los 35.000 millones de pesos y subiría hasta los 138.000 millones en febrero, lo que comprometía seriamente la continuidad en prestación del servicio.

Y es que según los informes de gestión del agente interventor de la empresa, de los 3,8 billones de pagos entre el día de la intervención y septiembre pasado, 2,58 billones de pesos se usaron en compras de energía. Y, de esta suma, 1,13 billones de pesos se fueron en comprar la energía en la bolsa (el 44 por ciento), donde la volatilidad produce precios más altos.

Según Lastra, actualmente el dinero solo está alcanzando para los pagos de energía, la nómina, los proveedores y los impuestos, dejando muy poco margen para las inversiones. Sin embargo, el interventor calcula que cuando se materialice dicha garantía (no son claros los tiempos) se liberarían unos 70.000 millones mensuales de caja en la empresa.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que al estar intervenida ninguna entidad financiera le presta directamente, la Superservicios acudirá a una nueva garantía soberana para financiar el plan de inversiones que urge con necesidad a la empresa, buscando que sus elevados niveles de interrupciones en el servicio y de pérdidas de electricidad cedan.

Sin confirmar si la intervención tomará otro año o más, Mendoza dijo que las medidas buscan garantizar la operación hasta que haya una salida definitiva. “Yo me estoy preparando para todos los escenarios, poniendo plata, estructuras, comités y reglas, para que sin importar cuál sea el esquema que se escoja, la compañía llegue al final de la intervención sin ningún problema”.

Regulación, dolor de cabeza

No obstante las medidas, una de las incertidumbres para la compañía y para la búsqueda del nuevo operador es el nuevo escenario en materia de la regulación tarifaria de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que castiga a las distribuidoras que no hacen inversiones y cuyo texto definitivo se está estudiando, tratando de que quede listo este año, según indicó este martes el director de la entidad, Germán Castro Ferreira. Mientras que la Contraloría General de la República dijo hace unas semanas que al aplicar esta nueva metodología, los ingresos de Electricaribe se reducirían un 25 por ciento, Javier Lastra, el interventor que está en el día a día de la operación, ratifica que con la resolución en consulta 019 de la Creg, “los ingresos de Electricaribe no alcanzan”. Al respecto, EL TIEMPO consultó a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) si este escenario está contemplado en los análisis que se vienen realizando (la respuesta saldría en las próximas semanas), y la entidad indicó que “en la consultoría se están evaluando todas las variables y se tiene en cuenta el contexto regulatorio, económico y de mercado”.

Por su parte, el superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza, dijo al respecto que hay que evaluar el impacto cuando la norma esté en firme. “Hay unas simulaciones técnicas que estamos viendo y revisando. Pero la resolución no ha salido. Cuando salga, es un punto fundamental para discutir.

Sobre el proceso que adelanta la FDN, el superintendente dijo haber analizado diversos escenarios por meses y cada uno tiene unos tiempos diferentes. “Unas se demoran meses y otras un poco más. Una vez se defina la estructura, habrá que dar explicaciones y tener un debate de los tiempos de implementación de la estructura de solución”. Por lo pronto, en las proyecciones del proceso del agente interventor se consigna que la entrega de la solución definitiva tomará siete meses en implementarse, una vez se elija la ruta. Fuentes del sector señalan que el nuevo marco regulatorio es un aspecto que valorará el potencial nuevo inversionista, que deberá hacer millonarias inversiones para recuperar el nivel de servicio. “Con mínimo 264.000 millones de pesos al año, esto toma años, pero si empiezan a hacer inversiones de hasta 500.000 millones anuales, esto puede ser rápido”, concluyó el superservicios.

Alistan compras del 2018 y 2019

El agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, le reveló a EL TIEMPO que, independientemente de lo que ocurra con la solución estructural para la compañía, su administración ya está negociando con los generadores la energía por contratos para los años 2018 y 2019.

Para tal fin se cerró este martes la convocatoria realizada con el mercado, pues se trata de buscar unos mejores precios con compras de mayores plazos.

Según Lastra, esto también incidirá en las tarifas futuras a los consumidores, ya que se pueden obtener mejores precios por cada kilovatio en el proceso que se abrió con los productores.

Entre tanto, la compañía sigue a la espera de que se entregue el informe de la estructura para conseguir un nuevo operador, que se conocería a finales de este mes.

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