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Tras tortuoso proceso, declaran caducidad de contrato del Magdalena

El 16 de diciembre del 2016, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras anunció que a Navelena se le había aprobado la propuesta de cierre financiero del proyecto.

El 16 de diciembre del 2016, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras anunció que a Navelena se le había aprobado la propuesta de cierre financiero del proyecto.

Foto:Archivo Particular

Navelena deberá pagarle a Cormagdalena $55.000 millones. Se perdieron dos años y medio.

Después de un largo viacrucis, que duró más de un año, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) declaró la noche de este jueves la caducidad y liquidación del contrato para la recuperación de la navegabilidad de la principal arteria fluvial del país, firmado en septiembre del 2014 con el consorcio Navelena.
Luego de una audiencia que duró más de tres horas y en la que el consorcio Navelena –controlado por la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht– reclamó una nulidad argumentando que ya le había sido aprobada la propuesta de cierre financiero, Cormagdalena adujo que no había razones para invalidar el proceso, y determinó la finalización del contrato de un proyecto que nunca logró tener asegurados los recursos para su ejecución.
Al anunciar la medida, el director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, dijo que a Navelena se le impuso una multa de 55.000 millones de pesos, valor establecido en la cláusula de penalidad del contrato.
Según el funcionario, para el 2017 el Gobierno tiene un plan para asegurar la navegabilidad del río, y se cuenta con 40.000 millones de pesos para hacer los dragados. Cormagdalena citó una nueva audiencia para el próximo 3 de abril, con el fin de que Navelena –cuyo representante, Jaime Velásquez, anunció que interpondrían recurso de reposición– sustente dicha apelación.
Andrade señaló además que a Navelena nunca se le dio un peso y que trabajó durante dos años sin recibir recursos del Estado.
El funcionario agregó que el nuevo proceso de contratación se iniciará en julio y que la nueva asociación público-privada del proyecto podría quedar adjudicada en diciembre.
En la audiencia, Navelena apeló al recurso de nulidad, toda vez que sus representantes sostenían que ya se había determinado que sí hubo cierre financiero, ya que el 16 de diciembre del año pasado, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció la aprobación de la propuesta de cierre financiero presentada por esa firma, lo cual se dio antes de las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos, cuando se destapó el escándalo de corrupción.
Pero luego de ello, el banco Sumitomo Mitsui Banking Corporate confirmó que no continuaba financiando a Navelena, firma que hasta este jueves seguía sin acreditar el dinero para las obras.
Este jueves en la mañana, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, sostuvo que Cormagdalena asumirá las funciones que tenía el consorcio y que si se declaraba la caducidad, el Gobierno acudiría a la urgencia manifiesta para poder contratar obras inmediatas. Con la decisión, en el objetivo de lograr un canal fluvial totalmente navegable, de 908 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barranquilla, se perdieron dos años y medio desde que a mediados de septiembre del 2014 se firmó el contrato con Navelena.
Pero la pérdida de tiempo para la competitividad del país resultará mayor, porque las obras más importantes solo comenzarían en el 2018.

El viacrucis

Y es que lo que ha sucedido alrededor de este contrato ya se puede compilar en una cadena de frustraciones que se inició en diciembre del 2014, cuando se anunció el comienzo de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
En ese entonces, la meta era que para el año pasado esa arteria fluvial ya debería estar movilizando 6 millones de toneladas anuales en mercancías.
Lo anterior, producto de unas obras que deberían haber quedado listas en diciembre del 2015. La recuperación de la más importante arteria fluvial del país había fijado un cronograma de ejecución detallado, que comenzaba el 11 de junio del 2015 con el dragado del río Magdalena, mientras que un año después deberían estar concluidas las obras entre Barrancabermeja y Barranquilla, en un tramo de 630 kilómetros, con el fin de movilizar barcos de carga de mínimo 7.200 toneladas y que podrían desplazarse de día y de noche.
Sin embargo, ya desde diciembre del 2015, cuando Marcelo Odebrecht fue capturado en Brasil, la filial en Colombia comenzó a sentir el coletazo en el proyecto.
En ese entonces, Luis Álvaro Mendoza, quien era el director de Cormagdalena, explicaba que los bancos del país comenzaban a cerrarle el crédito Navelena y que de un monto total de 1,6 billones de pesos de financiación para toda la concesión durante los 13,5 años, les faltaron 575.000 millones de pesos.
Entonces, el Gobierno había activado los controles para evitar un posible impacto en los contratos de infraestructura en los que participaba la cuestionada firma brasileña Odebrecht, controlante del 86,7 por ciento de Navelena.
A mediados de mayo del 2016 se anunció que Odebrecht mantendría mínimo el 25 por ciento de la navegabilidad del Magdalena, para que el proyecto no sufriera ningún tropiezo, si lograba conseguir nuevos socios.
El 19 de octubre del 2016 apareció el interés de empresas del mexicano Carlos Slim, acompañadas de la financiación de Goldman Sachs. Las nuevas firmas eran la Promotora del Desarrollo de América Latina (Ideal) y FCC Américas, ambas controladas por el grupo mexicano Carso, pero Navelena decidió no ceder el control y conseguir el crédito con el Sumitomo Mitsui Banking.
Pero tras el escándalo de Odebrecht, la entidad japonesa desistió de ratificar lo acordado con Navelena.
El último capítulo en esta cadena de frustraciones se dio a finales de febrero, cuando la firma PowerChina dejó ver su interés en el contrato. Sin embargo, nunca hubo una propuesta concreta que garantizara el dinero que evitara la caducidad decretada ayer.
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