Lo que sigue tras la toma de Electricaribe por parte del Gobierno

Lo que sigue tras la toma de Electricaribe por parte del Gobierno

Bajo el esquema adoptado, la ley da hasta dos años para decidir la suerte de la empresa.

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Desde las primeras horas de la mañana, las sedes principales de Electricaribe amanecieron con presencia policial, lo que indicaba la decisión del Gobierno.

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Yomaira Grandett / EL TIEMPO

16 de noviembre 2016 , 12:46 a.m.

La grave situación de flujo de caja de la distribuidora de energía Electricaribe, que se deterioraba sustancialmente durante los meses de noviembre y diciembre, y las deficiencias en la calidad y continuidad del servicio, que superaron los límites permitidos por la regulación, llevaron a que durante el fin de semana la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) decidiera la toma de posesión de la firma, para administración.

Aunque el martes, temprano, el titular de esa entidad, José Miguel Mendoza, y el equipo de la entidad llegaron a las oficinas de la empresa, la resolución de intervención fue fechada el lunes festivo, ya que se trataba de facilitar los mecanismos para reestructurar la compañía, refinanciar las deudas, garantizar la compra de energía en el mercado mayorista y reestructurar el modelo de prestación del servicio en el Caribe.

“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa”, dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, al respaldar la decisión para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica.

Y es que según la mencionada resolución, que se basó en un estudio de valoración técnica de varios meses, a Electricaribe este año no solo se le iniciaron 65 procesos de limitación de suministro por parte de la firma XM, que opera el mercado eléctrico, a raíz de sus atrasos en los pagos por compras de energía en la bolsa y por contratos bilaterales, sino que su situación de efectivo para noviembre ya era deficitaria. (Además: Si Electricaribe no invierte un billón, tiene las horas contadas)

Mientras en enero cerró con un saldo de efectivo por 191.349 millones de pesos, en abril bajó a 106.861 millones de pesos, n septiembre pasó a 74.852 millones de pesos, en octubre cayó a 28.992 millones de pesos y las proyecciones apuntaban a que en noviembre el déficit fuera de 432.550 millones de pesos y en diciembre el hueco subía a 655.313 millones de pesos.

No obstante, según conoció EL TIEMPO, la decisión solamente sorprendió al accionista mayoritario, el grupo español Gas Natural Fenosa (GNF), por el día en que se tomó, ya que se esperaba que la medida se diera cuando este mércoles la empresa no pagara los 40.652 millones de pesos de garantías que debía aportar.

Incluso, desde hace meses la empresa venía advirtiéndole al Gobierno la situación y en las reuniones del viernes pasado, de altos directivos de GNF con ministros y con el presidente Santos, la principal petición fue que hubiera una garantía estatal para hacer nuevas inversiones.

El martes, a través de un comunicado, GNF dijo que de los 4,05 billones de pesos acumulados por el impago de los usuarios (1.260 millones de euros) ya provisionó el 83 por ciento.

Camino largo

La resolución de intervención señala que el objeto de la toma de posesión se decidirá con base en el numeral 2 del artículo 16 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que según explicaron el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, y el ministro Germán Arce, será dos meses prorrogables a dos más, para definir si se toma la decisión de liquidarla o de seguir administrándola.

Dicha norma señala, además, que si no se decide la liquidación, la toma de posesión no podrá pasar de un año, prorrogable por otro más, aunque la norma faculta al Gobierno para autorizar un tiempo mayor según las características de la entidad intervenida. (Además: Con intervención, deudas de Electricaribe quedan congeladas)

Por lo pronto, Gas Natural Fenosa sigue manteniendo su posición como accionista mayoritario de la empresa y las conversaciones con el Gobierno siguen fluyendo para buscarle una salida a la situación de la empresa, ya que, de acuerdo con el Ministro de Minas y Energía, se trató de una negociación amigable. “No hemos quemado la nave ni roto los puentes”, dijo el ministro Arce.

Esto, al explicar que no cambia la posición de GNF como dueño de los activos. Asimismo, fuentes consultadas señalaron que este grupo español no acelerará los procesos de la controversia que notificó al Gobierno bajo el acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia, lo cual indica no oficializará ninguna demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

El Superservicios dijo que con la medida se comienza a organizar la compañía y se acaba la zozobra, pero advirtió que no se puede dar solución inmediata a un problema de más de 10 años, por lo que será un camino largo.

Fuentes del mercado dijeron que al congelar las acreencias de la empresa se busca que los recursos queden disponibles para normalizar la operación y que el Gobierno está buscando reconstruir los contratos, para no comprar energía a precio de bolsa, el cual es más volátil. (Además. 'Los usuarios de Electricaribe deben estar tranquilos': Alejandro Char)

Primeras medidas de la decisión

1. Remezón: Se ordenó la separación definitiva de su cargo a José García Sanleandro, gerente de Electricaribe, y de todos los miembros de la junta directiva de la compañía de distribución.

2. Al congelador: La Superservicios dispuso la suspensión de
pagos de todas las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, incluidas las compras de energía.

3. Interventor: Se designó a Javier Lastra como agente especial, quien fue facultado para terminar cualquier contrato al momento de la toma de posesión. Lastra fue el liquidador de Telecom.

4. Devolución: Según la resolución de intervención, todo acreedor o persona que posea activos de Electricaribe deberá entregarlos al agente especial. Los deudores solo podrán pagarle a este interventor.

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