Es la construcción de las Autopistas de la Montaña que está avaluada en 15,6 billones de pesos.

Procuraduría halla inconsistencias en la firma del convenio para su construcción. Pedirá su nulidad y que la Fiscalía investigue. Ex ministro Gallego, Luis A. Ramos y Alonso Salazar, a responder.

La construcción de las Autopistas de la Montaña, la obra vial más costosa en la historia del país -tasada en 15,6 billones de pesos- está literalmente en la cuerda floja.

El Gobierno acaba de ser conminado por la Procuraduría a revisar su real viabilidad económica y legal, y a decidir si va a financiar un proyecto que, en su criterio, presenta irregularidades de fondo.

De hecho, el caso pasó el viernes a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría para que se investigue al entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego; al gobernador de Antioquia de la época, Luis Alfredo Ramos y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

La decisión también recae sobre Enrique Martínez, director del Invías de la época y los ex jefes del Inco Álvaro Soto y David Villalba.

Todos ellos aparecen involucrados en la firma del convenio interadministrativo que -el 27 de julio de 2009- le entregó a la firma Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) la estructuración de la megaobra, bajo la promesa de que, después, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) le asignaría directamente su ejecución.

Para la Procuraduría, ese acuerdo se saltó claras normas contractuales. Por eso, también le compulsó copias a la Fiscalía para que se evalúe una posible celebración indebida de contratos. Y también cree tener fundamento legal para instaurar una demanda de nulidad del contrato ante el Consejo de Estado.

Sus afirmaciones están sustentadas en al menos cinco hallazgos que partieron de la denuncia que un veedor ciudadano (Carlos Orozco) instauró en agosto de 2011.

El primero señala que, por ley, los convenios de esta naturaleza se suscriben entre entes públicos. Y la empresa ISA tiene el 49 por ciento de sus acciones puestas en bolsa, es decir, en manos privadas.

La Procuraduría también llama la atención sobre el hecho de que la función de estructurar las concesiones está en cabeza del Inco, hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Pero el Gobierno de Uribe decidió contratar a ISA, "empresa sin idoneidad ni experiencia técnica", para estructurar la obra. En este orden de ideas, tampoco se explica cómo le prometieron a ISA que le entregarían directamente su ejecución si este tipo de concesiones deben ser sometidas a concurso. Además, están concebidas para ser asignadas a privados y no a firmas de economía mixta.

Pero tal vez las objeciones más graves están relacionadas con el costo de la obra y con su estudio de conveniencia. Este último debía ser elaborado con anterioridad a la firma del contrato con ISA para que fuera legal.

Pero el informe dice que hay evidencia de que se hizo el mismo día en que se firmó el contrato -el 28 de enero de 2010- "o incluso con posterioridad". La prueba es que un funcionario del Inco que lo firma se posesionó posteriormente y que allí se menciona un documento del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobado 24 horas antes.

En cuanto al costo de las 'superautopistas', la Procuraduría llama la atención sobre el hecho de que, a la firma del convenio, se habló de un estimativo de 5,6 billones.

De estos, ISA se comprometió a girar 3,6 billones, la Nación un billón, la gobernación de Antioquia 600 mil millones y la alcaldía 400 mil millones.

Pero en octubre se supo que su costó saltó a 15,6 billones. Y los 10 billones de más los asumiría la Nación, así como la totalidad de riesgos que se presenten en la construcción.

El jueves, Luis Fernando Andrade, cabeza de la ANI, deberá decidir si, tras esta advertencia, sigue adelante con la megaobra, que uniría a Medellín con la Costa Atlántica, Urabá y el Eje Cafetero.

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