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De entrar en vigencia esta ley, "la oferta de empleos (en el sector público) se reduciría ostensiblemente y se vulneraría el principio constitucional de la confianza legítima", argumenta el Gobierno.
Ayer se supo que 28.475 empleados del Estado perdieron el examen de preselección.
De ser sancionado el proyecto en cuestión, estas personas seguirían en sus cargos. Cabe señalar que otr (...)
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