Palabras más, palabras menos, en ella, el fiscal Nestor Raúl Rangel Sánchez -el mismo que conectó al abogado de 'Berna' con la Casa de Nariño, para la polémica cumbre de hace un año- dice que el narcoparamilitar ha entregado 112 bienes para reparar a sus víctimas y que si no ha colaborado más con Justicia y Paz, ha sido por problemas de salud o porque el Inpec no lo conducía al lugar de las versiones o por haber sido enviado a E.U.

La certificación -que tiene extrañadas a las víctimas pues el propio ex 'para' dice que no ha contado ni el diez por ciento de lo que sabe- fue una de las exigencias que hizo 'Berna' para seguir en Justicia y Paz. La otra: protección del Estado colombiano para 20 de sus familiares, entre ellos, su madre Rosa Amelia Bejarano, y sus hermanos.

Pero la carta no le sirvió de nada. Y tampoco el intento de sus emisarios por frenar su extradición, montando un supuesto complot de la Corte Suprema contra el presidente Uribe, a través de testigos pagos.

En una coincidente sincronía judicial, el juez Richard M. Berman condenó este miércoles al confeso narcoparamilitar a 31 años de cárcel; y la Procuraduría colombiana le abrió pliego de cargos al jefe Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo (amigo del fiscal Rangel) por el manejo que le dio a la reunión con alias 'Job' y con otros emisarios de 'Berna'.

Ahora, el balón del caso 'Berna' parece estar más en E.U. que en Colombia y allá también tiene una estrategia.

EL TIEMPO confirmó que ya es testigo dentro de un proceso secreto que adelanta la Fiscalía de ese país contra un ciudadano colombiano.

Su testimonio se ampara en una cláusula que aparece en un acuerdo que suscribió con el Departamento de Justicia, según la cual cada vez que Estados Unidos lo requiera para testificar en asuntos de seguridad nacional, 'Berna' accederá a cambio de una jugosa rebaja.

Lo que su defensa pretende lograr es un trato similar al que recibió el capo Víctor Patiño Fómeque, quien redujo de 15 a 6 años la condena que le impusieron y quien salió con nueva identidad.

"Aunque sus condiciones carcelarias son muy buenas, sus abogados ya pidieron que, a cambio de su colaboración, lo trasladen a una cárcel de Miami: el frío de Nueva York le está afectando la pierna donde tiene la prótesis y registra dolores en la columna", le dijo a este diario alguien cercano a 'Berna' y a su defensa en Estados Unidos.

El narcoparamilitar pedirá, adicionalmente, que le contabilicen la información que dice haber dado sobre su archienemigo Daniel Rendón Herrera, alias 'Mario'.

"Aunque las autoridades lo nieguen, los datos entregados ayudaron en su localización y captura", manifestó su allegado.

Y agregó que 'Berna' también le sacará partido a la información que conoce de los hermanos Úsuga, lugartenientes de alias 'Mario', ex miembros del bloque Centauros y narcoparamilitares reincidentes con extradiciones en marcha.

Para eso, 'Berna' reforzó su defensa. Además de la abogada gringa Margaret Shalley y del colombiano Diego Álvarez, contrató a Consuelo Ibeth Parra Velandia, quien tiene varias entradas a la cárcel de Nueva York en donde permanece el confeso narcoparamilitar.

Se trata de una desmovilizada del bloque Centauros (el de alias 'Mario'), defensora en Colombia de los paramilitares Hernán Giraldo, Nódier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Goynochea, tripleta extraditada el 13 de mayo del 2008 junto con otros ex 'paras', incluido 'Berna'.

La abogada Parra, conocida como 'la Flaca', se dio a conocer por haber servido de intermediaria entre el 'lobbysta' Óscar Iván Palacio y el paramilitar 'HH'.

Según este último, Palacio lo contactó en la cárcel a través de Consuelo Parra para que no declarara en contra del ex embajador Juan José Chaux, investigado penalmente por posibles nexos con el paramilitarismo .

Por esa misma época, Chaux -ex gobernador del Cauca- y Palacio aparecieron en la polémica cumbre en Casa de Nariño al lado de Antonio López, alias 'Job'.

No se descarta que 'Berna' decida contar en Estados Unidos los pormenores de esa reunión a la que en Colombia aún le faltan muchas piezas judiciales.

Una de ellas es la supuesta participación en este episodio del narcotraficante Gustavo Tapias Ospina, alias 'Techo'.

Fuentes de la propia mafia aseguran que fue él la conexión de 'Job' con Óscar Iván Palacio, a quien buscaron por tener fácil acceso a la Casa de Nariño.

Pero el abogado Palacio dice que no conoce a Tapias, al menos por su verdadero nombre.

Y aún nadie ha hecho el cotejo de voces para saber si en las grabaciones en las que 'Job' está dando un parte positivo de su ingreso a la Casa de Nariño, quien habla al otro lado de la línea es Tapias o el recien capturado 'para' Ricardo Zapata.

También se intenta aclarar si un ex testaferro de los Rodríguez Orejuela -cliente de Óscar Iván Palacio- tuvo algo que ver con la polémica reunión.

Por ahora, tanto Palacio como el ex testaferro lo niegan rotundamente.

El asunto es que, ahora, 'Berna' y su defensa se concentrarán más en obtener puntos ante la justicia de Estados Unidos, para rebajar esos 31 años de cárcel, que ante la colombiana para garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

En ese afán, perderán las víctimas y el país en general, que tendrán que presenciar las vendettas que desaten en la mafia sus confesiones que, aunque secretas, se terminarán filtrando. No es gratuito que haya pedido protección para su familia.

Por ahora, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura están esperando que la Procuraduría compulse las copias del caso Del Castillo, para iniciar las indagaciones pertinentes sobre la conducta de Néstor Raúl Rangel (ex fiscal en Barrancabermeja, Santander) y del abogado de 'Berna', Diego Álvarez .

Al respecto, el fiscal Rangel le dijo el viernes a EL TIEMPO que su actuación en el caso 'Job' se limitó a contactar a Álvarez con Del Castillo y se manifestó extrañado de que la Procuraduría no lo hubiera llamado para escuchar su versión.

"Nunca supe ni de qué se trataba el asunto ni en qué terminó la reunión. Me enteré por la prensa".

También confirmó que la certificación que le expidió a 'Berna' contó con el visto bueno del fiscal Iguarán y del director de Justicia y Paz, Luis González.

Hoy, queda pendiente que la Fiscalía cierre penalmente este capítulo que, a pesar de la decisión del Ministerio Público, aún tiene más dudas que certezas.

Por el momento, Del Castillo seguirá ejerciendo la jefatura de la oficina Jurídica de la Presidencia y haciendo uso de las instancias legales para defender su actuación.