Hay 153 abogados públicos para atender a 234.000 víctimas de la guerra

Hay 153 abogados públicos para atender a 234.000 víctimas de la guerra

Bajos salarios, largas jornadas y hasta atentados son la rutina de muchos defensores estatales.

Gustavo Zuluaga

Gustavo Zuluaga lleva en la actualidad 130 procesos simultáneos.

Foto:

Mauricio Léon/ EL TIEMPO

19 de abril 2017 , 11:47 a.m.

En Colombia, un pequeño grupo de 153 defensores públicos está a cargo de 234.964 procesos de reclamo de las víctimas que dejó la guerra. Si dividieran la carga en partes iguales, a cada uno le corresponderían 1.535 casos.

Es una cantidad abrumadora si se tiene en cuenta que, para asegurar una defensa efectiva y oportuna, el número de casos simultáneos por abogado no debería superar los 50 con dedicación exclusiva, según el Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia.

Estos casos corresponden a las víctimas que se beneficiaron de la negociación de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares en el 2003. Pero la atención a víctimas es más grande en Colombia. Están, por ejemplo, quienes buscan recuperar sus tierras, tras una ley de restitución que aprobó el presidente Juan Manuel Santos.

El Colegio de Defensores advierte que la saturación de los defensores públicos podría ser más grave durante la transición, antes de que entre a operar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano jurídico surgido del acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de las Farc el año pasado y que atenderá, entre muchos otros casos, a los combatientes que están en la cárcel y a los que se van a desmovilizar y se acogerán a la amnistía o al indulto.

De hecho, el pasado 11 de abril los juzgados de Ejecución de Penas en Colombia se declararon en paro porque no tienen capacidad para atender las solicitudes de amnistías e indultos de las personas condenadas por delitos políticos, entre ellos los guerrilleros que se encuentran en las cárceles.

Solo en Bogotá hay 15.000 personas privadas de la libertad por delitos políticos. La secretaría ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz ha informado que 2.100 son guerrilleros y 1.345 han suscrito actas para intentar acogerse a las medidas de amnistía.

Esto podría impactar el Sistema Nacional de la Defensoría Pública en Colombia. Algunos de sus abogados ya atienden solicitudes, entre ellos Gustavo Zuluaga, quien desde hace cinco años lleva el caso del guerrillero de las Farc, William Cruz, condenado a 13 años de cárcel por participar en atentado al exministro Fernando Londoño. El abogado no ha podido avanzar en el caso y tiene muchos otros pendientes.

Con la JEP los casos aumentarían en 10 mil. La nómina de abogados sólo subirá en 100

César Helcías Huertas, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos, prevé que lleguen 10.000 expedientes nuevos al Sistema de Defensoría Pública en los próximos meses, mientras que la nómina de abogados solo aumentará en 100 personas a partir del 1.° de abril de 2017.

El año pasado, el entonces fiscal general de la Nación, Gustavo Montealegre, presentó un informe al Gobierno en el que precisó que la Justicia Especial para la Paz deberá recibir 32.433 procesos abiertos en los que se investigan 110.086 hechos criminales.

La carga de trabajo para los defensores que atienden a los afectados por la guerra es casi insoportable. Armando Salcedo Ospina trabaja en el programa de víctimas del Sistema Nacional de Justicia y Paz de la Defensoría Pública en Bogotá y sobre sus espaldas descansan 850 procesos de víctimas del conflicto armado.

“No quiero imaginar lo que va a pasar cuando venga la aplicación de la Justicia Especial para la Paz. La avalancha de procesos será enorme y nos va a tocar atenderla a los mismos que estamos ahora. Esto es mucho, uno a veces se cansa. Hay un desgaste emocional y no ves el resultado, eso es frustrante”, dice Salcedo.

El director del Sistema Nacional de la Defensoría Pública, Carlos Rodríguez Becerra, acepta las carencias de la entidad y explica que su crecimiento no ha sido proporcional con las necesidades de la ciudadanía: "Los que sostienen el Sistema Penal Acusatorio (SPA) son los defensores públicos y hay que fortalecerlos", dice.

Trabajo necesario

Salcedo, el abogado de las víctimas, es una hormiga trabajando. Lo hace porque cree en la justicia, que cojea en Colombia. Lo hace también para pagar los estudios de sus dos hijos, pero es consciente de que si no fuera por la ayuda de su esposa y familiares, no podría costear los semestres universitarios, cuyo valor duplica su salario.

Cada palabra de este abogado –cuyo número de teléfono celular lo tienen por lo menos 1.000 víctimas de delitos atroces, quienes lo llaman aún en horas no laborales para informarse sobre el avance de sus casos– es confirmada por el presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, César Helcías Huertas Valencia: “Estamos desmejorados frente a otros países, debajo de los estándares internacionales”.

Los defensores hacen lo que está en sus manos, pero dentro del sistema de justicia colombiano la Defensoría Pública parece ser el eslabón de la cadena que menos importa.

Ejemplo de esto son las diferencias salariales. En Colombia, un juez y un fiscal ganan en promedio 7 millones de pesos (2.438 dólares) al mes. Frente a esa cifra está el defensor público José Fernando López, que actualmente atiende a 80 personas acusadas penalmente y quien tiene un contrato anual de servicios por 1.500 dólares mensuales. El contrato se terminó en marzo y aún no se lo han renovado. Él se ve obligado a llevar procesos de clientes privados –actualmente tiene 20– para ajustar sus ingresos.

El trabajo de los defensores es clave para evitar injusticias con miles de ciudadanos que no tienen dinero para costearse una defensa privada. López lo sabe bien. En agosto de 2014 logró la libertad de tres hombres –cuya identidad no revelamos porque así lo pidió– que pasaron cinco años en cárceles de Manizales (Caldas), Pedregal (Quindío) y Valledupar (Cesar), condenados a 37 años por un homicidio que no cometieron. Los habían condenado, pese que no existían testigos del crimen o evidencias en su contra.

Durante 18 meses, el abogado luchó con un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia para lograr la absolución, y lo hizo mientras asistía 100 casos más.

Abogado José Fernández López

El defensor público José Fernández López.

Foto:

John Jairo Bonilla/ EL TIEMPO

Algo similar le pasó a María del Carmen Monroy, una empleada que servía café y trabajaba como mensajera en una clínica de salud en Bogotá, quien permaneció detenida tres años y cinco meses, primero en la cárcel y luego en su casa, señalada de pertenecer a una red que desfalcó al Estado por casi dos millones de dólares mediante cobros al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

En octubre de 2015, Monroy, de 59 años, quedó libre luego de que el defensor público Gustavo Zuluaga probó su inocencia. Antes tuvo varios abogados privados, pero abandonaron su caso.

La acusaron de enriquecimiento ilícito, creyendo que ella había manejado unos 350.000 dólares. Pero las sospechas se fueron desvaneciendo cuando las autoridades descubrieron la pequeña casa prefabricada donde vivía Monroy con su hija, sus nietos y su madre en el sector de Barranquillita, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

No tuvo que ver con el delito del que se le acusaba, pero permaneció 41 meses sin libertad. Y pudieron haber sido más de no ser por una defensa técnica de parte de un abogado que lleva en la actualidad 130 procesos simultáneos y usualmente hace turnos de hasta 17 horas seguidas.

María del Carmen Monroy

María del Carmen Monroy estuvo presa y recobró la libertad gracias a un defensor público.

Foto:

Leo Medina Jiménez/ EL TIEMPO

“Estoy en esto porque creo en la justicia, a pesar de las dificultades. Los jueces y fiscales tienen más recursos de apoyo que los que tienen los abogados de oficio como nosotros, pero debemos continuar, porque si renunciamos ¿quién defiende al ciudadano sin recursos?”, dice Zuluaga Conrado.

En las cárceles de Colombia actualmente hay 38.000 personas acusadas de cometer un crimen, esperando a que su situación se resuelva en un juzgado y que comparten prisión con 80.000 convictos, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Una defensa ‘pobre’

La defensoría pública en Colombia surgió con la Constitución de 1991, para mejorar el acceso del ciudadano a la administración de justicia y a una defensa técnica de calidad. Pero la institución se quedó corta hace años.

En una década, el presupuesto del Sistema Nacional de Defensoría Pública no creció de forma proporcional a la cantidad de casos que atiende. En el 2007, la entidad recibió 52.000 millones de pesos, mientras que para el 2017 esa cifra alcanzó los 202.000 millones. El número de casos que se tramitan a marzo de 2017 es de medio millón. Es cierto que el número de juristas ha crecido. En el año 2002, el país contaba con 1.026 abogados públicos y a la fecha tiene 4.029. Pero el personal sigue siendo insuficiente ante la cantidad de trabajo.

Todos los defensores que tiene la institución son contratados de manera externa, ninguno está en la nómina estatal. Y no es seguro que su salario aumente cada año para compensar la inflación, como pasó entre el 2010 y el 2013, cuando el pago estuvo congelado en 3’500.000 pesos (1.200 dólares).

Mientras tanto, es cada vez más frecuente que los colombianos se acerquen al Poder Judicial para solucionar sus conflictos y demandar castigos a quienes incumplen la ley, haciendo más presión en los servicios. Del 2005 al 2015, la tasa de litigiosidad –casos ingresados divididos entre la población– subió un 60 %, según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia.

“Urge una reforma estructural al Sistema Nacional de Defensa de Justicia. El crecimiento exponencial que ha ido teniendo la Fiscalía y la justicia ordinaria no es el mismo que ha tenido la Defensoría en materia de Defensa Pública”, dice Carlos Rodríguez Becerra.

Diversos abogados consultados por EL TIEMPO creen que las garantías de la Constitución Política no se reflejan en el Sistema de Defensoría Pública y mucho menos en los beneficios que este les proporciona a los ciudadanos en la actualidad, en un país con la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Si no hay plata para comer, menos para pagar una defensa técnica particular.

Oficio peligroso

El penalista Aristides Betancur Ciuffetelli prestó sus servicios en la Defensa Pública durante 10 de los 25 años que lleva como abogado. “Me retiré porque la carga laboral, remuneración y seguridad de nosotros era indigna para poder ejercer la profesión”, dice sin rodeos.

Vive en Manizales, capital del departamento de Caldas, una ciudad del Eje Cafetero colombiano. Conoce muy bien las precariedades de un sistema que termina siendo un riesgo para los abogados defensores. “No teníamos derecho a unas vacaciones, ni siquiera una vez al año, porque los contratos de prestación de servicios no lo permitían. Terminábamos siendo unos esclavos de la Defensoría Pública, mas no servidores públicos con derechos fundamentales”.

“Hubo momentos en que tuve 100 casos al mismo tiempo. A ello súmele los turnos los fines de semana para asistir a las personas. Muchos colegas se enfermaron por el volumen de trabajo y a otros los mataron. Yo me retiré cuando mataron a uno de mis compañeros y eso quedó en la impunidad. El aparato judicial al que le prestábamos los servicios ni siquiera se inmutó”, relata Betancur.

Mientras un fiscal gana 7 millones de pesos, un defensor público devenga 4 millones de pesos

En los últimos cuatro años han asesinado a cuatro defensores públicos en Puerto Tejada, Cauca; Villavicencio, Meta; en Barranquilla, Atlántico, y en Cali, Valle del Cauca.

Una mujer y tres hombres muertos en razón de un oficio en el que el Estado no garantiza las medidas de seguridad necesarias para preservar las vidas de quienes defienden a los más débiles del sistema, a los pobres. A lo anterior se suma que 32 defensores han sufrido atentados contra su vida, según datos del Colegio Nacional de Defensores Públicos.

“Si hay algo inhumano en este país es la Defensoría Pública. Muchos están ahí por necesidad”, precisa el jurista.

Betancur Ciuffetelli dejó de ser defensor público porque no podía con la carga de trabajo y con la baja remuneración. Un abogado privado puede cobrar hasta 10 millones de pesos (3.500 dólares) por la atención de un proceso penal. En comparación, uno público con la misma preparación, si atiende 100 casos, ganaría unos 1.400 dólares. Es decir, no llegaría a ganarse ni la mitad de lo que puede cobrar un abogado particular por un solo caso.

Abogado Aristides Betancur

El abogado Aristides Betancur se retiró de la defensa pública por seguridad y la excesiva carga laboral.

Foto:

José Perdomo/ para EL TIEMPO

Los últimos de la cadena

El presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos, César Huertas Valencia, coincide con que la implementación de la Justicia Especial para la Paz exige fortalecer el sistema. El Colegio estima que se requerirían por lo menos 2.000 abogados más, pero la realidad es que no hay presupuesto para ello.

Una solución posible que aún no se discute –y que contempla la ley que creó el sistema de defensa pública– es que se pague por la prestación de los servicios en casos específicos, cuando la persona tenga capacidad para ello. Así lo recomendó la organización no gubernamental Dejusticia a la Defensoría hace más de dos años.

Rodríguez Becerra, el director del Sistema Nacional, asegura que la entidad presentó un borrador de proyecto para reglamentar el cobro y está a la espera de que se discuta. "Somos conscientes de las falencias y por eso trabajamos para fortalecer la defensoría (...). Nuestro objetivo es mejorar la capacidad y el acceso del ciudadano a la Justicia".

Pero lo cierto es que los problemas del sistema le impiden acceder a la justicia a muchas personas inocentes, que no pueden pagar abogados privados.

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