Junio 10 de 2008
Desplazados: la deuda sigue pendiente
Aunque las estadísticas oficiales difieren de los cálculos de las Ong, de cualquier forma las cifras de desplazamiento forzado son alucinantes y el costo social incalculable.
Después de Sudán, Colombia tiene el más grave problema de desplazados internos en el mundo. El fenómeno es de tal magnitud que supera al de países como Irak, sumidos en un grave conflicto bélico.
Sin embargo, nadie se pone de acuerdo sobre el número de desplazados en Colombia.
Se trata de millones de personas que en su gran mayoría han salido de los campos a las ciudades, pero que ahora también se desplazan dentro de las ciudades o, incluso, tienen que salir de ellas.
Los estimativos más conservadores son los del Gobierno, que en enero pasado tenía registrados a 2 millones 387 mil desplazados.
Pero si se tiene en cuenta que hay un subregistro y que el conteo gubernamental solo comenzó sistemáticamente desde el año 2000, es evidente que el cálculo es incompleto, porque el fenómeno lleva más de 20 años.
Por eso organizaciones como la Consejería para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (Codhes) estiman que en Colombia hay unos 4 millones de desplazados internos, debido al conflicto armado.
En cambio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que se trata de unos 3 millones de desplazados.
Aunque el gobierno insiste en que hace cinco años se frenaron las tasas de crecimiento de los desplazados, desde entonces, según Acnur, el ritmo se ha mantenido "prácticamente constante".
Para Acnur, eso significa "alrededor de 200 mil personas desplazadas cada año".
En otras palabras, cada año en Colombia se desplazan forzadamente casi tantas personas como las que viven en ciudades como Itagüí o muchas más de que las habitan en capitales como Florencia.
Las cifras producen lecturas encontradas en el gobierno, en los organismos internacionales y en las organizaciones no gubernamentales."Hay avances significativos (...) y hay que reconocer que la democracia ha producido avances importantes, como por ejemplo que de 400 mil familias desplazadas en el 2002, se disminuyó a 218 mil en el 2005", dijo hace un año el vicepresidente Francisco Santos.
Por otro lado, el presidente de Codhes, Marco Romero, señala que, de acuerdo con las cifras de Acción Social, "más de la mitad de los desplazados registrados se han producido durante este gobierno"."¿En qué queda la hipótesis de que los paramilitares se acabaron y de que la guerrilla está replegada?", se pregunta Romero.
Según él, buena parte de esos desplazados están saliendo de zonas donde más intensamente se está viviendo el conflicto armado y donde "se ha focalizado la política de seguridad democrática".
Esas personas se tienen que ir por culpa de los paramilitares, de las guerrillas y de los narcotraficantes, pero también de los bombardeos y enfrentamientos con la Fuerza Pública, y de las fumigaciones de los cultivos ilícitos.
Mientras en los años 90 eran comunes los desplazamientos masivos, ahora la tendencia es distinta."En la actualidad, el desplazamiento tiende a ser de personas o de grupos relativamente pequeños", dice un informe de Walter Kälin, representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, publicado en enero de 2007.
"El desplazamiento interurbano e intraurbano es cada vez más frecuente entre los desplazados internos, y en particular entre sus dirigentes, que han huido a las zonas urbanas, convirtiéndose de nuevo en desplazados, debido principalmente a los intentos de los (reconstituidos) grupos paramilitares o delictivos de hacerse con el control de las zonas urbanas y semiurbanas pobres", añade Kälin.
Pero, más allá de la polémica por las cifras y de los cambios en las tendencias, está el drama de esos desplazados de carne y hueso que, pese a ser millones, se han "invisibilizado" en las calles, en los semáforos y en las barriadas pobres de las ciudades.
Adiós al campo
De cualquier modo, hay millones de colombianos que no necesariamente eran pobres cuando estaban en el campo, pero que ahora sí lo son.
En 2005 un informe de Codhes calculaba que entre el 60 y el 70 por ciento de los hogares obligados a migrar tienen o tenían finca o parcela con o sin vivienda.
Por eso, así como no se sabe cuántos desplazados hay, tampoco se sabe cuánta tierra abandonaron. Los estimativos van desde 2,8 millones de hectáreas (según la Contraloría General de la República) hasta 6,8 millones de hectáreas (según Acción Social).
Lo que sí es claro es que alguien se está quedando con esos millones de hectáreas, como ocurrió en la época de La Violencia de los años 50.
"El desplazamiento forzoso ha funcionado como catalizador de la concentración de la propiedad rural, que, de alguna manera, ha influido la tendencia hacia una estructura de propiedad conformada por latifundios", dicen Carlos Felipe Gaviria y Juan Carlos Muñoz en un estudio sobre Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, publicado en 2007.
Como no se sabe cuántas hectáreas han dejado los desplazados, es muy difícil decir a cuánto ascienden sus pérdidas económicas. La Procuraduría los valora entre $12,4 y $25,3 millones por cada hogar desplazado.
Nuevamente ahí se debe hacer una aproximación, pues el Gobierno habla de 450.000 familias y organizaciones como Codhes creen que pueden ser hasta 550.000 familias.
Costos sociales
Lo cierto es que, como dice Acnur, los desplazados lo han perdido todo, porque abandonaron sus hogares, sus bienes y sus medios de vida y, además, están en constante peligro.
La situación es tan dramática, que desde 2004 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional respecto a la situación de los desplazados.
Aunque muchos de ellos han recibido -así sea con demoras- ayudas humanitarias de emergencia por tres meses, y otros hasta por seis meses, la gran mayoría no han podido rehacer sus vidas, ni volver al sitio de donde tuvieron que salir a la fuerza, ni recuperar sus tierras ni sus bienes. Acción Social sostiene que 500 mil desplazados han retornado a sus hogares, pero Codhes dice que no tiene certeza de eso.
Como si eso fuera poco, y a pesar de que el Código Penal Colombiano considera el desplazamiento forzado como un delito, menos del 1 por ciento de los casos han sido llevados a juicio.
"Pese a los esfuerzos humanos y financieros, no hay claridad sobre el impacto agregado que han tenido las numerosas acciones desarrolladas, lo cual se presenta como una nueva paradoja para la población desplazada", advirtió en 2007 una evaluación hecha por Acnur a las políticas estatales frente a los desplazados.
El gobierno dice que ha multiplicado por ocho el presupuesto para atender a los desplazados, pero la situación de éstos no ha progresado sustancialmente.En 2006, el procurador general, Edgardo Maya, dijo que llamaba la atención que el presupuesto para atender a los desmovilizados de las AUC, las Farc y ELN fuera diez veces mayor al destinado para atender a los desplazados.
Lo paradójico es que los desmovilizados son los victimarios y los desplazados son las víctimas, que no han comenzado a ser reparadas integralmente por todos los daños sufridos.
Cada solución trae su problema
En febrero pasado estalló el escándalo de la finca Carimagua, un terreno de 17.000 hectáreas en el Meta, que a pesar de haber sido prometida a 800 familias de desplazados, iba a ser entregada por el Gobierno, en concesión, a empresarios de palma africana.
Cuando se conoció el caso, el presidente Álvaro Uribe defendió la entrega a los empresarios: "Pensamos que se podía allí hacer un gran asentamiento de desplazados. ¿Qué ha ocurrido? No hay desplazados cerca. Esas son unas tierras ácidas. Tememos que si simplemente se distribuyen en pequeñas parcelas, eso se vuelva rastrojo y rancherío de pobreza e improductivo", dijo. Y añadió: "El Estado no se desprende del derecho de dominio. Se entrega en concesión para que se adelante un proyecto productivo de envergadura, de gran capacidad de generación de empleo. Y puede agregársele lo siguiente: asociar a esa concesión a grupos de desplazados. Y lo que el rendimiento o el pago que los concesionarios hagan al Estado, que eso se lleve a los grupos de desplazados".
En medio de la polémica, el Procurador pidió reversar la entrega en concesión, el gobierno nombró una comisión para que decidiera el caso, el Congreso le hizo un debate de pérdida de investidura al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien a la postre canceló la licitación abierta para los inversionistas que desearan hacerse cargo del predio.
Y Carimagua es apenas uno de los casos de adjudicación de fincas. No obstante que los desplazados han perdido millones de hectáreas, han recibido muy pocas de vuelta. Según cifras del Ministerio de Agricultura, entre 2002 y 2007 se asignaron 54.563 hectáreas a 4.653 familias de desplazados, con un costo de 76.000 millones de pesos. Los departamentos con mayor número de hectáreas adjudicadas son Guajira, Meta, Magdalena, Caquetá, Córdoba, Cesar y Santander, que entre todos cubren el 68,3 por ciento del total de hectáreas entregadas.
Para acatar la sentencia de la Corte, las políticas estatales de asistencia a los desplazados se canalizan a través de la Dirección de Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia, encargado del otorgamiento de subsidios de vivienda y de entrega de créditos para proyectos productivos propiciados por Incoder.
Sin embargo, aplicar soluciones no siempre resulta fácil, por razones que van desde la oposición de los grupos armados a las decisiones administrativas, hasta la adjudicación de terrenos a personas que no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios, pasando por las ventas ilegales de parcelas con la complicidad del Incoder.
Solo en el Cesar, por ejemplo, los adjudicatarios de un predio fueron desplazados por el comandante Barbie de las AUC, quien les obligó a constituir pagarés y solicitó el embargo judicial de las parcelas. En 2001, los adjudicatarios de otro predio se desplazaron de nuevo cuando el comandante JJ les exigió pagar el 30 por ciento del valor de la tierra que aún adeudaban.
En María La Baja, Bolívar, las amenazas reiteradas de las autodefensas desembocaron en el asesinato de cuatro líderes campesinos y un nuevo desplazamiento de la comunidad.
En el Magdalena los adjudicatarios de una finca fueron desplazados en el año 2002 por el Bloque Caribe de las AUC, bajo el mando de Hernán Giraldo, quien entregó el predio a la Comunidad Gnóstica, que ahora se niega a restituirlo. En la Fiscalía General de la Nación cursan las denuncias interpuestas por los originales adjudicatarios del predio.
También se han dado casos de adjudicatarios que revenden irregularmente sus parcelas sin consultar a los organismos competentes, o errores del Incoder, que no evaluó la topografía de una finca en Cundinamarca, ni verificó las áreas que la Lonja de Propiedad Raíz clasificó como productivas, cuando en realidad el 67 por ciento era bosque nativo protegido y solo eran utilizables 21 hectáreas.
Y así, el catálogo de soluciones frustradas o incompletas, irregularidades y errores es largo, pues al fin y al cabo son políticas estatales que apenas están en fase de diseño y no consiguen superar las dificultades que deben enfrentar, no solo los desplazados, sino las entidades obligadas a entregar soluciones efectivas en zonas donde la guerra nunca cesó, o cambió de forma, o tiene otro nombre aunque en últimas sea la misma guerra.
