¿Por qué los colombianos no controlan a su clase política?

¿Por qué los colombianos no controlan a su clase política?

En el libro ‘Democracia feroz’, el politólogo Gustavo Duncan trata de contestar esta pregunta.

Clase política colombiana

La explicación de Duncan a la falta de control social de los dirigentes políticos se basa en la estructura informal e ilegal de un sector considerable de la economía.

Foto:

123RF

05 de mayo 2018 , 10:32 p.m.

La abundancia y la intensidad de las relaciones clientelistas y de la financiación de terceros con el ánimo de obtener prerrogativas por fuera de la ley podrían hacer parecer que la democracia colombiana es solo una ilusión. Sin embargo, las elecciones distan de ser cerradas o de poder categorizarse como no libres. La competencia es real e intensa la mayor parte del tiempo y para la mayor parte de los habitantes del país. (...) Eso no quita que algunos candidatos puedan encontrarse en condiciones desventajosas, por sus escasos recursos, por su pobre acceso a medios y, sobre todo, por no disponer de clientelas que les garanticen votos cautivos, pero, en general, los resultados de las elecciones son inciertos.

Tampoco puede hablarse de que en Colombia el problema sea la ausencia de una sociedad civil, entendida como el conjunto de organizaciones independientes que median entre la sociedad y el Estado, y de una prensa libre. Las ONG han sido eficaces en denunciar a miembros de la Fuerza Pública y políticos involucrados en violaciones de los derechos humanos. Muchos han terminado tras las rejas por sus denuncias. (...)

Por su parte, la prensa ha podido cumplir su tarea con un enorme grado de libertad, si se considera toda la violencia experimentada durante las últimas décadas. Es cierto que en el nivel subnacional los periodistas son recurrentemente amenazados y tienen poca independencia de los propietarios de los medios, pero estas falencias se compensan con la presencia de un fuerte gremio de periodistas a nivel nacional que ha generado una prensa pluralista y relativamente independiente de otras instancias de poder. (...)

El soborno, la apropiación de dineros públicos, el clientelismo a través de compra de votos y distribución de los bienes públicos, y en ocasiones el fraude en las elecciones y la injerencia de organizaciones criminales, son fenómenos que pueden ocurrir en muchas democracias, incluso en Europa occidental y Estados Unidos. La gran diferencia entre ambos tipos de democracia se presenta cuando la sociedad no está en capacidad de controlar los comportamientos visibles de la clase política contrarios a la noción de ética de lo público. (...)

En Colombia la clase política comete toda una serie de comportamientos intolerables, los cuales son visibles a la sociedad pero no conducen a un retiro de la vida pública de los involucrados. Por el contrario, lo usual es que la clase política se mantenga vigente, sin importar sus comportamientos. (...)

Lo usual es que la clase política se mantenga vigente, sin importar sus comportamientos

Este libro busca responder por qué la sociedad colombiana tiene tan poca capacidad de controlar a su clase política. En concreto, de reclamar que esta renuncie al uso extendido de determinadas prácticas intolerables en una democracia, lo que se expresa en que luego de ser identificadas esas prácticas, los políticos no renuncien a sus cargos hasta que la justicia, si es que lo hace, falle en su contra. Y, lo que es peor aún, la indignación de la sociedad es insuficiente para que el resto de políticos no repliquen las mismas prácticas. La debilidad de la sociedad para ejercer control sobre los comportamientos de la clase política se expresa, por consiguiente, en una situación de corrupción generalizada. (...)

Si hay prensa libre, elecciones periódicas muy competidas y organizaciones de la sociedad civil, ¿por qué, entonces, la pobre capacidad que tiene la sociedad de controlar a su clase política? El error está en suponer que toda la sociedad tiene como prioridad que el comportamiento de sus dirigentes se adecúe a las instituciones formales de la democracia. Para algunos sectores hay asuntos más importantes en el desempeño de la clase política, como puede ser que el Estado no persiga ciertas actividades económicas que constituyen su principal fuente de ingresos.

Así mismo, para algunos miembros de estos sectores –como los vendedores ambulantes o los sembradores de coca–, los ingresos solo son suficientes para garantizar su subsistencia. Para otros, como los capos del narcotráfico, sus ganancias comprenden sumas tan grandes que pueden competir con las fortunas de las élites económicas en la legalidad. En el medio hay toda una diversidad de sectores sociales que viven de estas actividades.

Al margen de las diferencias entre los sectores involucrados en actividades económicas que transgreden la normativa, existe un propósito común: la necesidad de que la clase política proteja sus fuentes de ingreso de la intervención del Estado. Estos sectores no solo están dispuestos a pasar por alto un pobre desempeño en la gestión pública de la clase política, sino a respaldarla en su competencia por el poder, si a cambio les garantizan que sus fuentes de ingresos no van a ser afectadas.

Es normal que existan sectores dispuestos a respaldar a través de votos, recursos y movilizaciones a políticos con comportamientos opuestos a los principios y valores ideales en una democracia. Más aún, es normal que dicho respaldo se manifieste de una forma más sutil, no como un apoyo activo sino pasivo, en el que una parte de la sociedad no manifiesta su indignación ante determinadas actuaciones de su clase política.

El problema es cuando los sectores que respaldan de manera activa y pasiva a funcionarios vinculados a hechos comprobados de corrupción y a comportamientos éticamente inaceptables constituyen una porción significativa de la sociedad, de modo que la respuesta del resto es insuficiente para ejercer un control eficaz sobre la clase política. (...) Dirigentes y funcionarios pueden entonces permanecer en sus cargos o volver a aspirar directa o indirectamente a ser elegidos en una votación y, por supuesto, continuar con las prácticas que condujeron a los escándalos.

Dirigentes pueden entonces permanecer en sus cargos o volver a aspirar directa o indirectamente a ser elegidos en una votación y continuar con las prácticas que condujeron a los escándalos

En Colombia, más de la mitad de la población económicamente activa depende de empleos informales. Eso no es todo. Los ingresos de una parte considerable de la población dependen de actividades que, si bien no son informales, involucran decisiones que no dependen de mercados abiertos. Por el contrario, son el producto de decisiones políticas. Contratistas del Estado, beneficiarios de subsidios públicos, empleados de las administraciones locales y nacionales, adjudicatarios de concesiones públicas –como notarios, loterías y obras de infraestructura–, así como sus empleados, dependen de decisiones relacionadas con el poder político.

Y existe un sector de la población que vive de actividades que, más que informales, son ilegales pero toleradas por la sociedad. En muchos lugares, la venta de piratería, los mercados de contrabando, la venta de combustible robado de los oleoductos, por ejemplo, son actividades que ocurren a la vista de todos. Eso sin mencionar lugares donde actividades criminalizadas, como los cultivos de coca y la minería ilegal, son el eje de la economía.

La respuesta, entonces, a la pregunta sobre la pobre capacidad de la sociedad colombiana para controlar a su clase política debe entenderse desde el punto de vista de una gran transacción política mediante la cual amplios sectores de la población están dispuestos a respaldar a unos dirigentes sin importar sus comportamientos, si a cambio se les garantiza protección desde el Estado a sus actividades económicas. (...)

Alcances y limitaciones

Es evidente que otra serie de variables interviene en la proliferación de la corrupción. (...) Podrían mencionarse al menos tres. En primer lugar está la cultura. Ciertos valores y comportamientos favorecen o son la expresión de un uso extendido de prácticas deshonestas. Los indicadores de la Encuesta Mundial de Valores muestran que es en Colombia, en una muestra de seis países, donde los niveles de confianza interpersonal son los más bajos. Mientras que en Suecia el 37,2 por ciento de las personas consideran necesario ser muy cuidadosas al tratar a la gente, en Colombia la cifra es del 95,2 (Casas, 2015). Tanta desconfianza es la demostración de cómo los colombianos no actúan de acuerdo con las expectativas de cumplimiento de las reglas del juego.

Del mismo modo, las cifras de abstención electoral han girado alrededor del 50 por ciento de los potenciales votantes, alcanzando cifras superiores al 60 en algunas elecciones presidenciales (Cedae, 2013). La desconfianza con la clase política es altísima; y si la gente no vota, quienes compran los votos tienen menos competencia.

En segundo lugar está la historia. El proceso de configuración del Estado, de las relaciones entre las élites del centro y de las regiones, y el uso del poder político para obtener rentas económicas son factores que han influido en la proliferación de comportamientos corruptos. Guillén (1996), por ejemplo, argumenta que la herencia del sistema colonial de encomienda y del sistema de hacienda luego de la Independencia explica muchos de los comportamientos de las élites políticas colombianas. La ausencia de una reforma agraria también explicaría el problema. You (2014) encontró evidencia que sugiere que, para tres Estados asiáticos, la inequidad en la distribución de la tierra tuvo una alta incidencia en la proliferación del clientelismo y la política basada en el patronaje.

Autores colombianos (Reyes, 2009; Gutiérrez, 2014) han señalado que las altas tasas de concentración de la tierra, entre las peores del mundo, se expresan en una sobrerrepresentación de élites políticas asociadas al clientelismo y la corrupción.

Y en tercer lugar está la propia estructura del sistema político. La democracia es, ante todo, un sistema de pesos y contrapesos para evitar abusos de poder y violaciones de la normativa. Pero los contrapesos pueden servir para que sectores con un menor poder relativo exijan concesiones contrarias a las normas. Si el diseño institucional implica que los nombramientos y el presupuesto de congresistas y jueces dependen de arreglos con el Ejecutivo, puede llegarse al caso que en vez de un sistema de contrapesos se llega a un sistema de arreglos en el que las partes coluden para capturar rentas públicas. Los costos de transacción se encarecen porque suponen numerosos acuerdos entre los más diversos sectores de la clase política. El material de intercambio para obtener el respaldo político y adelantar las agendas de gobierno es una aceptación de conductas y la concesión de espacios y rentas estatales. Si alguna instancia de Gobierno aprieta y controla la corrupción, pierde respaldo entre el resto del sistema político para acceder al poder.

GUSTAVO DUNCAN

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.