En su libro, el senador liberal Juan Fernando Cristo revela el trámite de esa norma histórica.

En el capítulo que se reproduce a continuación, el senador Juan Fernando Cristo describe la forma como el presidente Juan Manuel Santos decidió, para sorpresa de muchos, empezando por el expresidente Álvaro Uribe, pedir que se incorporara, para el último debate, el concepto de conflicto armado en la ley. Ni el mismo Cristo lo creía.

Aparece el conflicto armado

Durante los días posteriores a la aprobación (de la ley de víctimas) en la Comisión Primera se presentó una ola de respaldo impresionante a la ley y de elogios al Gobierno y al Congreso por la tarea cumplida hasta el momento.

También las críticas de los contradictores y los escépticos se hicieron más frecuentes y duras. No cabía duda de que el liderazgo del gobierno Santos y la decisión política del liberalismo permitieron generar un clima de gran consenso nacional alrededor de la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto, como condición esencial para alcanzar la reconciliación en el país. Sin embargo, era evidente que un sector de la ultraderecha liderado por Uribe y la izquierda radical, representada por sectores del Polo Democrático y algunas organizaciones de víctimas, se empeñaban a fondo en la tarea de cuestionar la ley por distintas razones. A unos les parecía que era un embeleco innecesario que quebraría al Estado y generaría una nueva ola de violencia en el campo colombiano y a los otros que era un engaño a las víctimas del conflicto que no solucionaba los principales problemas que padecían. La polarización de los dos extremos contra la ley en últimas era una buena señal de que se avanzaba por el camino adecuado, sin permitir la ideologización de la iniciativa que tenía como propósito esencial reconocer y dignificar a las víctimas y no complacer a dirigentes políticos en sus teorías y posturas ideológicas.

Para el debate en plenaria del Senado quedaba un muy buen margen de tiempo y ello permitió preparar la ponencia con calma. Se revisaron todos los textos aprobados en Comisión para corregir equivocaciones, precisar términos y plasmar adecuadamente los últimos acuerdos entre ponentes y Gobierno. Cuando ya se tenía lista la ponencia para radicar y comenzar así la discusión, nuevamente el senador Barreras solicitó un tiempo para estudiarla y planteó modificaciones de fondo que a estas alturas del debate no era fácil incluir. Se fueron haciendo precisiones al texto y superando diferencias hasta que Roy se mostró de acuerdo con suscribir la ponencia, que ya estaba firmada por los demás, con excepción del senador Avellaneda, quien llevaría una ponencia de minorías. El viernes 29 de abril estaba programado el penúltimo foro de víctimas en Florencia, a solicitud del senador Andrade, muy vinculado a la región, y nos comprometimos a acompañarlo. A última hora, Roy se bajó del bus y me propuso que le dejara el texto final de la ponencia que él firmaría y radicaría. Así lo hice y asistimos a una extraordinaria audiencia pública en la Asamblea del Caquetá, en donde escuchamos durante más de 4 horas, especialmente a víctimas y desplazados de las Farc, que en esa zona del sur del país se adueñaron ilegalmente de tanta tierra y despojaron tanta gente como los paras en el norte.

En el transcurso de la jornada me avisaron de la oficina en Bogotá que el senador Barreras no aparecía a firmar y que nadie daba razón de él. Un poco impaciente y acelerado por radicar la ponencia cuanto antes, pedí a Blanca Capacho que rescatara el texto de la oficina de Roy y le dijera que antes de las 6 de la tarde se radicaría, con su firma o no. La paciencia y la prudencia se agotaban después de tanto tiempo. Me molestó especialmente el hecho de que no pusiera la cara. No apareció por ningún lado a explicar las razones para no firmar ese día.

Desde Florencia no podía saber qué sucedía en esos momentos en Bogotá, pero me enteré pocos minutos después de aterrizar. Al llegar a Eldorado me informaron que definitivamente Roy no aparecía y pedí a Blanca que fuera con la ponencia a la Secretaría de la Comisión Primera del Senado y esperara allí hasta un minuto antes de las seis de la tarde. Si finalmente no teníamos noticias de él, se radicaría la ponencia sin su firma. Así se hizo. En ese momento no sabía cuáles eran las razones de Roy para abstenerse de firmar y temía que se tratara de una nueva ofensiva del expresidente Uribe para ganar tiempo con el fin de poner trabas a la iniciativa.

Veinte minutos después de radicada la ponencia me llamó Juan Mesa, consejero de Comunicaciones del Presidente, quien tras un breve saludo preguntó si era cierto que había radicado la ponencia de la ley sin la firma de Roy. Airado respondí que sí porque estaba ya cansado de tanta dilación por parte de la U. Inmediatamente me dijo que ya pasaba el Presidente al teléfono. Santos en forma tranquila y cordial preguntó por qué tanto afán en radicar, incluso un viernes en la tarde. Le indiqué que ya habían pasado más de dos semanas desde la aprobación del proyecto en Comisión Primera y debíamos ganar tiempo porque el debate no se preveía fácil en plenaria. No se podían correr riesgos. En ese momento el Presidente preguntó si no se podía parar la publicación de la ponencia y tomarnos unos pocos días porque querían revisar la posibilidad de "introducir ajustes" al texto. Pensé que Santos tenía una fuerte presión para modificar aspectos esenciales de la ley, relacionados con los principios internacionales que en mi concepto eran inmodificables. Preocupado pregunté por la orientación de los ajustes y respondió con un parte de tranquilidad. Concluyó con la petición de que frenara la publicación de la ponencia y nos reuniéramos el lunes siguiente en Palacio para discutir esos ajustes.

Al colgar, inmediatamente llamé al secretario de la Comisión Primera, a quien habíamos presionado para recibir y publicar rápidamente la ponencia, para solicitarle que diera la contraorden en la Imprenta Nacional. Guillermo Giraldo no entendía nada, y no era el único. Si los ajustes que el Gobierno quería incluir afectaban principios fundamentales como el de no discriminación de las víctimas o la inversión de la carga de prueba, tendríamos serias dificultades políticas para manejar la situación porque el liberalismo no podía renunciar a esas ideas. Al mismo tiempo era impensable un distanciamiento con el Gobierno a estas alturas del trámite de la ley. Pocos momentos después las noticias desde Palacio eran tranquilizadoras y se advertía que las modificaciones eran para mejorar el proyecto.

El lunes, efectivamente, nos reunimos de nuevo con el Presidente y la sorpresa fue muy grande al conocer las razones del aplazamiento solicitado por el Gobierno en la radicación de la ponencia: querían incluir el concepto de conflicto armado dentro de la ley. El presidente Santos preguntó por qué no se hablaba con claridad de las víctimas con ocasión del conflicto armado y respondí que en el proyecto original, presentado casi cuatro años atrás, ese era el término utilizado, pero que la primera exigencia en ese entonces del ministro Carlos Holguín para buscar un acuerdo con el Gobierno había sido eliminarlo. Y en ese momento consideramos que no valía la pena trenzarse en una pelea política alrededor de ese interminable debate, porque lo importante era la reparación a las víctimas.

No quisimos dar lugar a que se dijera que la ley se presentaba para confrontar las tesis del gobierno de entonces. Esa controversia debía darse en otros escenarios, no en la discusión de la ley de víctimas. Santos después preguntó si no quedaba más clara y precisa la ley si se hablaba de víctimas del conflicto armado, a lo que respondimos que obviamente así era. Tras unas disquisiciones de varios de los asistentes sobre las ventajas de delimitar el universo de víctimas y la claridad que la inclusión del término conflicto armado daba a las propias Fuerzas Armadas para sus operaciones militares en el marco del derecho internacional humanitario, el Presidente formalmente solicitó que se incluyera el término en la ley.

Senador de la República. Su padre, el también senador Jorge Cristo Sahium, fue asesinado por el Eln.

Juan Fernando Cristo