Según el informe realizado por la Procuraduría Ambiental del Tolima, el 65 por ciento de ella utilizan la capa vegetal o los suelos como materia prima para los ladrillos y menos del 30 por ciento la separan con el fin de utilizarla posteriormente en procesos de recuperación.

Es decir, que gran parte de los ladrilleros descartan la recuperación adecuada de las áreas explotadas.

Según la Procuraduria Ambiental, "las ladrilleras utilizan deficientes e inadecuados sistemas de explotación de arcillas, inducen cárcavas, emiten gases y material particulado a la atmósfera, eliminan capa vegetal del suelo, afectan la estética del paisaje, no procesan sus aguas residuales y degradan la calidad de las aguas superficiales". Por esa razón, piden medidas cautelares para lograr el cese de las actividades. 

'Ladrilleras deben ser reubicadas'

La petición fue realizada por la Procuraduría Ambiental del Tolima a la Alcaldía. Ibagué tiene algo más de 80 ladrilleras ubicadas en el sector urbano o a menos de tres kilómetros de distancia.

El riesgo es latente para las más de 70 familias ladrilleras que trabajan de forma artesanal en la producción del material,

Además están causando daños al medio ambiente por los diferentes frentes de explotación. Más del 90% de las ladrilleras se encuentran dentro del sector urbano, en zonas de alta amenaza y susceptibilidad de deslizamientos.

La Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria para el departamento del Tolima pide que se le ordene al municipio de Ibagué reubicar a por lo menos a 65 ladrilleras por encontrarse ubicadas en zona de amenaza y susceptibilidad de deslizamiento.

Según el ente, "es procedente decretar la medida cautelar para prevenir el daño inminente que se está causando".

Además, pidió que se ordene a Cortolima adelantar los trámites para la reubicación de los ladrilleros en un solo sitio y gestionar el Plan de Manejo Ambiental con el fin de evitar la contaminación del entorno en los diferentes sitios donde se encuentran.

A Ingeominas le correspondería la realización de visitas técnicas de control a las ladrilleras para verificar el funcionamiento bajo los parámetros legales exigidos.

'Municipio tiene responsabilidad'

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué, que redefinió los sectores urbanos y rurales y el nuevo uso del suelo, determinó la reubicación de gran parte de las ladrilleras como consecuencia de los impactos ambientales negativos que genera este tipo de actividad.

De acuerdo al POT, el 50 por ciento de las ladrilleras se encuentran dentro del nuevo perímetro urbano y de ahí la necesidad de su reubicación, además porque deterioran las márgenes protectoras de agua, utilizan deficientes e inadecuados sistemas de explotación de arcillas, inducen cárcavas, erosión y deslizamientos, emiten gases y material particulado a la atmósfera.

Los nuevos Planes de Prevención y Atención de Desastres del municipio de Ibagué, consideran que la explotación de algunas minas de arcillas, localizadas en su mayoría en áreas de piedemontes, inducen inestabilidad en terrenos, localizados cerca de urbanizaciones y demás sitios de habitación.

Según la Procuraduría Ambiental, Ingeominas, Cortolima, y la Alcaldía del Municipio de Ibagué, son las entidades demandadas y responsables de la vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano, por permitir el funcionamiento de las ladrilleras sin el cumplimiento de la normatividad ambiental y minera correspondiente.