También están tranquilas las familias de los mismos estratos que pensaban acceder a licencias para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos.

El acuerdo había sido presentado por el Ejecutivo Municipal, pero el concejal Fernando Castro Alarcón rindió ponencia negativa a esta iniciativa que cobraría el 1.5 por ciento de gravamen.

A pesar de que el acuerdo fue aprobado unos 20 años atrás, no se ejecutaba por no tener claro el objeto gravable ni los elementos estructurales del tributo, como la tarifa. Por esa situación el municipio dejó de recaudar mil millones de pesos anuales.

En esta oportunidad se pretendía reglamentar para financiar actividades de control urbano y mantenimiento de parques y zonas verdes.

El concejal señaló que con este acuerdo se terminaría cobrándole el gravamen incluso a los estratos bajos.

Para rematar, tampoco sería posible efectuar un control efectivo en los valores pagados ya que cada constructor ajustaría los valores que declara.

"Lo peor de todo es que algunos constructores se valdrían de la figura de Vivienda de Interés Social para evadir la obligación", señaló Fernando Castro.

Agrega que dicho impuesto terminaría siendo asumido por el comprador de la vivienda y no por el constructor, incluso en porcentajes del 3 por ciento.

El secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, defendió la iniciativa y dijo que con esos recursos se pretendía mejorar las condiciones de los parques y de las zonas verdes de la ciudad.

"El impuesto era benéfico, además, servía para sustentar con recursos los proyectos del Plan de Desarrollo", señala.