Cuando en septiembre de 2008 la Fundación Seguridad y Democracia (Fundelibertad) a través de un convenio firmado con el Ministerio de Defensa y el Inpec, inició la instalación de cuatro antenas bloqueadoras de señal celular para evitar llamadas extorsivas hechas desde la cárcel Picaleña de Ibagué, las partes no se imaginaron que el proyecto, piloto en el país, generaría tantos inconvenientes de orden técnico como quejas de la comunidad.

La primera queja se presentó cuando las antenas fueron instaladas y se comenzaron a hacer pruebas. La comunidad de la Ciudadela Comfenalco en Ibagué se quejó entonces de que las pruebas interferían la señal de sus celulares. Muchos usuarios protestaron ante los operadores móviles por falta de señal, imposibilidad de recibir llamadas y también de hacerlas.

Uno de los casos fue el de María Pinto que en su casa tenía una venta de minutos de celular. Por los días en que se hicieron las primeras pruebas no pudo trabajar con la normalidad de siempre.

"15 días estuve sin poder trabajar como normalmente lo hago, uno entiende que lo que están haciendo ahí en la cárcel es para el bien de la gente, pero también deberían tener en cuenta a los que como yo viven cerca de la cárcel y su sustento depende de lo que se venda en minutos", asegura la comerciante.

El convenio no ha llegado a su término. Las pruebas continuarán pues este finaliza el 4 de abril de 2011 cuando se le deben entregar las antenas al Inpec para su operación. Siguen en prueba pese a que en un consejo de seguridad presidido por el ex ministro Juan Manuel Santos, acompañado de funcionarios e ingenieros de Fundelibertad, este instó a avanzar en el tema para evitar no sólo las extorsiones a ciudadanos, sino también para no seguir perjudicando a la comunidad que vive cerca de la cárcel Picaleña de Ibagué.

Mil millones

El proyecto, que tiene un costo superior a los mil millones de pesos, continuará en prueba hasta que los ingenieros encargados del montaje determinen si las antenas van a servir para bloquear la señal de celulares al interior del centro penitenciario. Lo cierto es que, pese a los operativos de control adelantados por la Policía y el Inpec, las extorsiones continúan.

Sin embargo, hay contradicciones en las cifras que en materia de llamadas extorsivas se hacen desde las cárceles del país. Para el Inpec el 80 por ciento de las llamadas extorsivas de las cárceles se hacen desde un teléfono fijo y el 20 por ciento restante desde celulares.

Para Fundelibertad, que desconoce de dónde sacó el Inpec esas cifras, un 20 por ciento en llamadas de celular sigue siendo muy alto.

EL TIEMPO conoció que Fundelibertad ha intentado hacer la entrega de las antenas de Ibagué al Inpec, pero el Instituto Penitenciario sólo las recibirá una vez estén funcionando perfectamente, tal y como lo ordena el convenio.

Entre tanto, una de las cuatro torres, la ubicada en el costado noroccidental del centro carcelario de esta ciudad, está por carse. Así lo corroboró una interna que pidió reserva de su identidad.

Operativos de control en Picaleña

A pesar de los operativos registro y control que la Policía Nacional y el Inpec han efectuado en lo corrido del año en la Penitenciaría de Picaleña, los celulares y las simcard siguen entrando al centro de reclusión.

Las autoridades han incautado 150 aparatos celulares a internos y 10 a visitantes.

En cuanto a las Simcard el número incautado a los internos alcanza la cifra de las 190 memorias y los visitantes la guardia ha decomisado 20.

Estas cifras corresponden a la suma total de los decomisos hechos entre el pasado mes de enero y octubre de 2009.

Para evitar que las extorsiones continúen el Inpec ha duplicado esfuerzos para que los controles internos y externos en el centro penitenciario arrojen cada vez mejores resultados, que contribuyan a la seguridad de la región y de los propios internos.