El gobierno del presidente Hugo Chávez arremetió de nuevo contra la Presidencia de Colombia al considerar que es "mentirosa", "inmoral" e "hipócrita" su promesa de no promover acciones hostiles contra los países de la región.

Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de Venezuela propuso debatir el acuerdo que firmaron los Estados Unidos y Colombia, para el uso de siete bases militares en operaciones contra el narcotráfico, en el Consejo Suramericano de Defensa o en cualquier otro organismo multilateral.

"El gobierno de Uribe miente, pues ha quedado demostrado que el acuerdo que oficializa la ocupación militar estadounidense de Colombia tiene por objetivo proyectar la dominación estratégica del imperio sobre Suramérica, permitiendo operaciones militares de amplio espectro en toda la región", dice en uno de sus apartes el comunicado de la Cancillería de Venezuela.

La fuerte declaración surgió un día después de que Colombia anunció que llevará ante la ONU y la OEA las amenazas de guerra que expresó el presidente Chávez, en su programa Aló, Presidente.

La dificultad es que Colombia y Venezuela se acercan a la opción multilateral con dos puntos de vista diferentes: Colombia quiere tratar el tema de las amenazas de guerra de su vecino, y Venezuela insiste en debatir el acuerdo con los Estados Unidos.
Colombia ha insistido en que la firma del acuerdo con E.U. es un tema soberano y en que las acciones contra el narcotráfico y el terrorismo no afectarán a terceros países.
Lo cierto es que el tono belicoso de Chávez empezó a preocupar al vecindario. El canciller de Brasil, Celso Amorím, ofreció de nuevo la mediación de ese país, siempre y cuando la pidan los dos países.
Su declaración se produjo después de que senadores brasileños del Gobierno y de la oposición -que deben aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur, esta semana- consideraron infortunadas las declaraciones de Chávez.
A su vez, el presidente de Perú, Alan García, le entregó a Brasil una propuesta para firmar un protocolo de seguridad en Suramérica, que, en esencia, propone reducir en un 3 por ciento el gasto militar en la región y recortar en un 15 por ciento la compra de armas, en los próximos 5 años.
El tema será debatido entre García y Lula el 11 de diciembre.
Y Evo Morales, presidente de Bolivia y uno de los principales aliados de Chávez, rechazó de nuevo el acuerdo de las bases militares, pero discrepó de la idea de oponerse a este a través de las armas.
Colombia buscaría a la ONU
Entre tanto, fuentes del Gobierno de Colombia indicaron que el gobierno del presidente Álvaro Uribe se estaba inclinando por llevar el tema de las agresiones de Chávez directamente a la ONU.
La opción de la OEA perdería peso, pues la organización se encuentra concentrada en la crisis en Honduras, tema que será tratado en un consejo extraordinario de embajadores.
El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo consideró "acertado" y "pertinente" que Colombia lleve al tema a la ONU o a la OEA, pues en estas instancias se podría abrir paso a una misión fronteriza de observación.
"Colombia podría elevar una solicitud conjunta a las dos instituciones, como ha ocurrido en ocasiones anteriores", aseguró Ramírez Ocampo.
En Venezuela, la oposición y jóvenes universitarios siguieron desnudando las intenciones de Chávez de utilizar esta crisis para tapar los problemas internos de su país: el desabastecimiento y los racionamientos de agua y energía.
"Tenemos muchos problemas con los servicios públicos, como el agua y la electricidad, por eso creo que es una maniobra para escaparse de su responsabilidad en vez de asumirla", dijo Roderick Navarro, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central.

El Partido Socialista Unido de Venezuela apoyó a Chávez y convocó a una marcha en Caracas y en los estados fronterizos, en contra del acuerdo de Colombia y los Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Estado de ese país apoyó el llamado que hizo Colombia "al diálogo entre los dos países para superar las tensiones en esa relación".

CARACAS, WASHINGTON Y BOGOTÁ