"Tuvimos una reunión previa con familias de los secuestrados, de aquellos compatriotas que permanecen secuestrados", contó el mandatario durante la instalación de un consejo de seguridad en la capital antioqueña.

"El Gobierno Nacional ha cumplido todas las exigencias y reitera la seguridad de todas las garantías para la liberación de todos los secuestrados", agregó Uribe.

"Es lo que muy escueta y contundentemente debo decir, atendiendo las conclusiones de la reunión que acabamos de tener", añadió el mandatario, según un comunicado de la Presidencia.

Por su parte, el alto comisionado de paz, Frank Pearl, explicó que la logística para la liberación estaba plenamente coordinada y que la liberación sería posible después de unos quince días que las Farc anuncien su voluntad de entregar a los uniformados.

Las palabras del Presidente reafirman lo expresado por el Gobierno hace tres semanas en el sentido de que está dispuesto a facilitar todas las condiciones para que se concrete la anunciada liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y el soldado Josué Calvo.

Mientras transcurría el Consejo de Seguridad, Uribe anunció que el próximo lunes 21 de diciembre se abrirán las inscripciones para el primer contingente de lo que llamó "Policías de mi barrio".

Con ello se propone ofrecer a 1.500 jóvenes de Medellín, e igual número en Cali, para que hagan un curso de seis meses que combina formación de auxiliares bachilleres de policía t capacitación en el Sena como líderes sociales.

Quienes no hayan concluido el bachillerato y estén en por lo menos grado noveno, podrán validarlo. La idea de Uribe es que a estos jóvenes se les asegure un ingreso durante dos años y alejarlos del riesgo de engrosar las bandas y combos que se disputan el control territorial y del tráfico de drogas.

Las Farc anunciaron en abril que liberaría unilateralmente al cabo Pablo Emilio Moncayo, próximo a cumplir 12 años en cautiverio; y al soldado José Calvo, y que entregaría los restos del  fallecido mayor Julián Guevara.

La operación para recibir a los rehenes es coordinada por la senadora opositora Piedad Córdoba junto con la iglesia Católica y la Cruz Roja.

Otros 22 uniformados están en poder de Farc, que exige intercambiarlos por unos 500 guerrilleros presos.

REDACCIÓN POLÍTICA
Con AFP.