La orden emitida en Ecuador contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, es una "movida política" del actual Gobierno por su "evidente afinidad ideológica con las Farc".
Así se lo dijo a EL TIEMPO el reconocido jurista de este país Ramiro Aguilar Torres, quien considera legalmente injustificada la medida cautelar.
Cree que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien debe calificar un eventual pedido de extradición, "tendrá las luces suficientes para darse cuenta de que esto es una tontería".
La carta de la ONU reconoce a los Estados el derecho a la legítima defensa y Colombia actuó con base en esto. De hecho, el Estado ecuatoriano ha procesado a la mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque, y ha pedido su extradición.
"Santos actuó contra un grupo insurgente armado, en un acto de defensa nacional", puntualizó Aguilar al calificar la medida como "una irresponsabilidad ante el concierto internacional".
El constitucionalista Antonio Rodríguez Vicens también calificó como un "verdadero disparate" y un "show" el pedido de detención de Santos, en el momento que el Gobierno enfrenta un escándalo por los millonarios contratos de obras públicas que Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa, obtuvo con el Estado.
El ex ministro de Gobierno Mauricio Gándara consideró como "inejecutable" la medida judicial. "Lo único que va a conseguir es hacerle un gran favor político al ex ministro Santos y engrandecerle en su eventual candidatura presidencial", señaló.
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