Con la declaratoria del estado de excepción se busca solucionar el déficit de 500 mil millones de pesos generados por los servicios que están por fuera del POS y que deben asumir los departamentos.

Con la Emergencia Social se busca aliviar de la crisis en la que está sumido el sector de la salud por los costos de los servicios que no están incluidos en el POS, el llamado no POS, pero que se deben asumir por fallos judiciales.

Con ese estado de excepción se busca, según el Presidente, "incorporar los recursos económicos que se requieran para el salvamento financiero de la salud a través de las entidades territoriales".

El Presidente explicó que el Ministro de Hacienda presidirá una comisión de la cual harán parte el Ministro de la Protección Social, el Director de Planeación y los Presidentes de las Federaciones de Departamentos y Municipios, cuyo fin es diseñar, con la ayuda de la Presidencia, los decretos que se tomarán bajo el amparo de la emergencia.

Uribe dijo que se consultarán todos los actores de la salud para que las medidas que se tomen sean las más adecuadas e incluyentes.

Agregó que los recursos que soportarán la emergencia provendrán de los impuestos al consumo de la cerveza, los licores y el tabaco.

El primer mandatario pidió "acompañamiento al Congreso y comprensión a la Corte Constitucional con respecto a la medida para sacarla adelante".

Crisis de la salud, tema de gobernadores

Y es que en la Cumbre de Gobernadores la crisis de la salud fue uno de los temas centrales y por la Emergencia Social decidida por el Presidente, el anuncio que había hecho previamente el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, de entregar entre 300 mil y 350 mil millones de pesos a los departamentos para aliviar el déficit generado por el no POS, no fue suficiente.

Los gobernadores habían señalado que ese dinero no alcanzaba para cubrir el déficit acumulado, 500 mil millones de pesos, lo que significa que seguirá habiendo un faltante de por lo menos 200 mil millones de pesos, que según Palacio, serían cubiertos "con recursos provenientes de otras fuentes de financiación".

A la inquietud de cuál es la solución estructural a esta problemática, el Ministro afirmó que "el país debe dar una discusión de fondo acerca de hasta dónde está en capacidad el sector salud de prestar servicios no POS, qué tipo de servicios se deben y se tienen prestar y cuáles no, como los tratamientos estéticos".

En este último aspecto Palacio subrayó que "existen gastos muy importantes en tratamientos estéticos que no deberían ser cubiertos por el sistema de salud".

Con respecto al tema, el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, afirmó que este departamento tiene un déficit de 55 mil millones de pesos en el sector salud generado por el no POS, pero para el gobierno el mismo tiene un superávit de 12 mil millones de pesos. "Tenemos que sacar bien las cuentas a ver qué solución hallamos", dijo Serpa.

En la Cumbre de Gobernadores el ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta, anunció que el gobierno dispondrá de 160 mil millones de pesos, a través de Finagro, para asumir los intereses de las deudas de pequeños y medianos agricultores.

La ayuda está dirigida a unos 100 mil campesinos afectados por la caída de los precios de sus productos, ocasionada por la sobreoferta de los mismos, la revaluación y las restricciones comerciales por parte de Venezuela a los exportadores.

La idea es que el Ministerio asuma durante un año el 100 por ciento de los intereses de las deudas de los pequeños productores y el 40 por ciento de los medianos agricultores. Eso si los campesinos deben refinanciar sus créditos. Los requisitos son que el saldo de la deuda no sea superior a los 300 millones de pesos y que el valor total del crédito nunca haya superado los 900 millones.

Fernández le aseveró en dos ocasiones a EL TIEMPO que la medida no es una respuesta a las crírticas contra del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), por el cual se tramitó una moción de censura en su contra en el Congreso, de la que se salvó el martes pasado.

Acciones de Ecopetrol

Acerca de la venta del 15 por ciento de Ecopetrol al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonped), para invertirlos en mejoramiento de la infraestructura vial del país, los gobernadores están de acuerdo con la propuesta. "Para Santander resulta atractiva la propuesta desde el punto de vista de la inversión en infraestructura vial, pero es interesante dar la discusión porque una proporción de la principal empresa pública del país quedará en manos del sector privado", dijo Serpa.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, afirmó que si los departamentos lograr comprar por lo menos el 7,5 del 15 por ciento de las acciones de Ecopetrol, tendrían 7,5 billones de pesos, debido a que cada punto de la empresa representa un billón de pesos. "Con este dinero modernizamos este país", expresó González, quien dijo que la ley que permitirá la venta de las acciones debe tener mensaje de urgencia en el Congreso para que se apruebe cuanto antes.

A este respecto, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, afirmó que se debe tener en cuenta que el Foped no puede invertir en acciones y se deben buscar los mecanismos para que pueda ampliar su portafolio de inversiones.

El Presidente Uribe afirmó que la propuesta es viable, pero se debe decantar, en especial, por la restricciones anotadas del Fonped.

Con la entrega a los Departamentos de Etesa, los gobernadores esperan administrarla directamente porque "el actual esquema de operación de la entidad afecta gravemente el monopolio de los departamentos sobre las loterías y las apuestas permanentes, sin que ello le compense a la salud los recursos que por tal interferencia se dejan de percibir".

Y es que por cada peso que pierden las loterías debido al desplazamiento por juegos novedosos, Etesa recauda diez centavos.

Fernando Umaña Mejía
Corresponsal de EL TIEMPO
Manizales