Foto: Archivo/EL TIEMPO
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, senador del Polo Democrático. Héctor Helí Rojas, senador del Partido Liberal. Ómar Yepes, senador del Partido Conservador. Jorge Visbal Martelo, senador del Partido de 'la U'.
Mientras unos opinan que la no sanción de delitos atroces no es más que impunidad, algunos respaldan la fórmula del Gobierno para que los guerrilleros que se entreguen con 'canjeables' sigan libres.
El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que ya se tienen lista la base jurídica para hacer efectiva la oferta.
Restrepo y el mismo presidente Álvaro Uribe han dicho que no se trata de un indulto o amnistía, porque los procesos se mantienen y el beneficiado debe colaborar con la Justicia. No obstante, hay quienes piensan que en todo caso debe existir algún tipo de sanción.
Uno de ellos es el senador liberal Héctor Helí Rojas: "Los que se vuelen con secuestrados, bienvenidos, y nos alegramos por lo liberados, pero ellos deben ir ante fiscales y jueces para decir la verdad, someterse a un procedimiento y recibir una pena que, aunque benévola, signifique que sus crímenes atroces no queden en la impunidad", dice.
Y esa parece ser la mayor preocupación. También el senador del Polo Democrático Gustavo Petro dice que "cuando un guerrillero comete delitos de lesa humanidad no es viable su excarcelación".
Esa idea es compartida por María Carmelina Londoño, experta en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Para ella, "si no se sanciona, estamos en un escenario de impunidad, porque nada puede justificar la falta de sanción por violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario".
La internacionalista Laura Gil afirma que "según lo que dice Restrepo se les es dicta una condena pero no se les aplica". En ese sentido agrega: "El gobierno puede decir lo que quiera pero que se dicte la condena en sí no es suficiente. Tiene que haber un mínimo de justicia, verdad y reparación para que pase el test internacional y es cuestionable que estos planteamientos los puedan satisfacer".
Cree que la creatividad jurídica se puso al servicio de un objetivo político.
Por razones humanitarias ¿sí?
Pero el senador Jorge Visbal Martelo, del Partido de 'la U', cree que "el país está listo para hacer una serie de perdones", con tal de tener a los secuestrados en los hogares. Para él, la del Gobierno "es una propuesta, no solo inteligente sino bien planteada".
De todas maneras, su colega del Partido Conservador Ómar Yepes cree que merece un análisis cuidadoso. "Ese tipo de política debe ser de la mayor concertación nacional y se debe reflexionar para no saltar con garrocha las leyes en pos de resultados", dice.
La fórmula del Gobierno
Al guerrillero que ya tenga sentencias, o las reciba después de su entrega, el Gobierno lo incluiría en la Ley de Justicia y Paz. Esta, en el artículo 29, contempla penas alternativas no menores a 5 y no mayores a 8 años de cárcel, "de acuerdo con la gravedad de los delitos" y la colaboración para aclararlos.
Establecida la condena, el Gobierno pediría su excarcelación, basado en el artículo 61 de la misma ley y según el cual el Presidente "tendrá la facultad de solicitar (...) la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa" para quienes lleguen con él a "acuerdos humanitarios".
Se aplicaría la figura del acuerdo humanitario a todo guerrillero que entregue a un canjeable, es decir, se le deja libre por permitir la liberación de un plagiado. Esto, basado en el decreto 880 del 2008, reglamentario de la Ley de Justicia y Paz. Se parte del artículo 1.
A los que no tengan condenas, pero sí proceso judicial, les aplicarían la Ley de Orden Público. En su artículo 3 establece que la Justicia suspenderá las órdenes de captura de "miembros representantes de grupos armados con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz".
Opiniones divergentes
REDACCIÓN POLÍTICA
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