Este fue el tema en la Casa de América de Madrid, donde El juez español Baltasar Garzón fue enfático al asegurar que "no se puede anteponer una extradición por delito de narcotráfico a un delito de crimen contra la humanidad" y criticó las trabas que surgen desde Estados Unidos.

En oposición, tanto el alto consejero presidencial para la reintegración y alto comisionado para la paz, Frank Pearl, como el viceministro de justicia, Miguel Ceballos, defendieron la postura del gobierno colombiano y argumentaron que, una vez cumplida la sentencia impuesta por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, los acusados deben responder también ante la justicia colombiana.

Para Iván Cepeda, vocero del Movimiento Víctimas del Estado, se trata de un mecanismo para que en el país no se conozcan informaciones que pueden perjudicar al gobierno. "Es claro que no hay cooperación judicial ni un procedimiento establecido" entre los dos países, señaló. "El principal problema es la falta de voluntad del gobierno", agregó.

Al respecto, Pearl aseguró que, si fuera cierto el temor del ejecutivo a que los ex comandantes dijeran algo comprometedor para él, no tendría interés en mandarlos fuera, donde pueden hablar con mayor tranquilidad. "En Estados Unidos tienen muy poco que perder y se habrían despachado", dijo. Aseguró que continuaban delinquiendo desde la cárcel y que entorpecían la verdad al "silenciar a los de abajo". Reconoció, sin embargo, que hay que perfeccionar la cooperación entre los dos sistemas judiciales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, teme, por su parte, que vuele la verdad. Y el fiscal, Guillermo Mendoza cree que se ha avanzado en el conocimiento de algunos hechos, de ciertas verdades, pero que en cuanto a "la verdad subyacente estamos en bruma completa".

Sobre la colaboración de los extraditados, el fiscal aseguró que en algunas ocasiones está presente, pero en otras no es así. "Los procesados o sus abogados no colaboran si ven que no es útil para ellos", señaló.

Garzón, por su parte, aclaró que no se trata de que impere la impunidad ante los delitos de narcotráfico, pero sí de buscar otros caminos para que la justicia colombiana no tenga que esperar todo el proceso de la norteamericana. "¿Por qué no conseguir de Estados Unidos una cooperación abierta, clara, para entregas temporales, de manera que las versiones libres puedan tener lugar delante de las víctimas?", preguntó a manera de ejemplo.

Por otra parte, el juez Garzón también se refirió al informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el que figura un apartado relacionado con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. "Llama la atención al gobierno sobre la inseguridad en que viven", afirmó. "También se refiere a la independencia del ministerio fiscal y el nombramiento del fiscal", dijo.

Al respecto, Garzón opinó que el candidato a la Fiscalía "debe estar libre de toda mácula de sospecha". Y, tras haber aclarado que hay que rendir respeto a quienes toman las decisiones, agregó que "si no existiera duda de la independencia del fiscal ya estaría elegido, y no lo está".

Por último señaló que es la hora de la justicia y que hay que defender a aquellos que necesitan protección. "Son importantes el apoyo y el respeto", dijo. "Ese respeto, la división de poderes, tiene que defenderse", agregó y criticó la "situación de zozobra del poder judicial en ámbitos de paramilitarismo".

Las cifras constituyeron un apoyo importante a lo largo de la sesión sobre el balance.

Pearl, para quien el proceso de desmovilización es "histórico y único en el mundo", dijo que a lo largo de siete años ha habido 51.000 desmovilizados (15.000 de las Farc, 32.000 paramilitares en el proceso con el gobierno y 3.500 por su cuenta), cifró en 7,4% la tasa de reincidencia y habló de 50.000 hechos conocidos.

Además, 960 colombianos han sido extraditados.

El fiscal general, que recalcó la enorme carga del proceso de justicia y paz para esta institución, señaló la importancia del inventario de la magnitud de lo sucedido: 860 masacres en Colombia, 28.986 desaparecidos, 2.549 menores reclutados, 157.977 homicidios, 48.494 desplazamientos forzosos y 2.017 secuestros.

Por Juanita Samper Ospina
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid