La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya serían los escenarios donde el Gobierno colombiano responderá a la orden de captura expedida por un juez ecuatoriano contra el ex ministro de Defensa.

En la reunión del miércoles también estuvieron los ministros de Defensa (E), Freddy Padilla de León; de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; de Interior y Justicia, Fabio Valencia; además del fiscal general, Mario Iguarán, y del director del DAS, Felipe Muñoz.

Esos tres ministerios conforman la "junta directiva" de la llamada "gerencia" que anunció Uribe ese día "para defender a Colombia y a los colombianos contra la guerra que desde el interior del país y desde sectores internacionales adelanta el terrorismo, en lo político y en lo jurídico, contra nuestro país".

Dicha junta tiene la tarea de escoger en los próximos días un grupo de expertos en derecho internacional que será el encargado de evaluar la viabilidad de dos alternativas jurídicas.

La primera consiste en elevar una solicitud de "medidas cautelares" que eviten o prevengan cualquier actuación de un organismo de justicia extranjero contra funcionarios de alto nivel (como es el caso de Santos), por el caso del bombardeo a 'Reyes'.

El ex magistrado Eduardo Montealegre, quien intervino en el consejo de seguridad como asesor de la Cancillería, planteó que dicho recurso se presentará ante la CIDH (de la OEA). 

El secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, pidió que, mejor, se eleve la solicitud ante la CIJ (de La Haya).

Durante la reunión se expuso el caso de la detención que en el año 2000 ordenó un tribunal de Bélgica contra el entonces canciller del Congo, acusado de violar el derecho internacional humanitario. Al respecto, la CIJ sentenció que los altos funcionarios tienen inmunidad frente a la jurisdicción penal de otros Estados y que sus actos, en función del cargo, obligarían al país y no al individuo.

Esta tesis va en dirección de lo dicho por el Gobierno en el comunicado que emitió la misma noche del miércoles en el que argumentó "la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix".

La segunda batería jurídica que se planteó fue la de presentar una demanda contra Ecuador, ante la CIJ, por supuestos vínculos de funcionarios ecuatorianos con la guerrilla de las Farc.

Quedó claro que, al menos por ahora, no hay una decisión tomada para ejecutar dicha demanda. No obstante se dieron instrucciones para avanzar en la construcción del caso.

En la reunión se habló de las posibilidades de que el ex ministro Santos sea detenido en el exterior, en caso de que desde Ecuador se emita una circular roja de la Interpol ordenando su captura a los organismos de policía asociados.

El director del DAS, Felipe Muñoz, disminuyó las preocupaciones de los asistentes al leer el artículo 3 del estatuto de la Interpol: "Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial". Personas cercanas a Santos dijeron que él, desde el exterior, ha dicho estar tranquilo.

Este diario conoció que el viernes se reunirán a puerta cerrada los ministros Bermúdez y Valencia con el encargado de Defensa, el general Freddy Padilla de León.

Allí se empezarían a barajar los nombres de los expertos juristas que analizarán las opciones jurídicas planteadas y de quién sería el secretario ejecutivo "permanente" de la "gerencia". 

En todo caso, el Gobierno, con el presidente Uribe a la cabeza, tiene la decisión de defender incondicionalmente a Santos en este pleito, no solo por el apoyo del que goza el ex ministro, sino por lo que representa desde el punto de vista institucional, pues se entiende que más que un asunto contra él, es una agresión contra el Estado colombiano y contra el derecho internacional.

En febrero del 2002, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, anuló la orden de detención contra el ex ministro de Relaciones Exteriores del Congo, Abdoulaye Yerodia, que había sido emitida en junio del año 2.000, por supuestos crímenes contra la minoría tutsi.

El entonces presidente de la CIJ, Gilbert Guillaume, explicó en su momento que "durante toda la duración de su mandato, un ministro de Asuntos Exteriores se beneficia de una inmunidad de jurisdicción penal y de una inviolabilidad total en el extranjero".

La Corte también consideró que "en el derecho internacional está firmemente establecido que, del mismo modo que los agentes diplomáticos y consulares, algunas personas que poseen cargos de alto rango en un Estado, tales como el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, gozan de inmunidad de jurisdicción en otros Estados, tanto en materia civil como criminal".

En los primeros días de mayo, el ex primer ministro de Kosovo Agim Ceku fue invitado por Colombia para participar en el Primer Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que tuvo lugar en Cartagena.

Desde el principio, el gobierno tenía claro que Ceku es para Serbia, el ex militar de 48 años responsable de 669 asesinatos de serbios y de 18 personas de otros pueblos de los balcanes, durante la guerra de desintegración de Yugoslavia.

Interpol en Blegrado envió una circular roja, ordenando su detención. Colombia no lo capturó, aunque sí lo expulsó. En el Gobierno no piensan lo mismo de Ceku y en su momento se explicó que él resultaba ser un importante expositor del evento.

ANDRÉS GÓMEZ OSORIO
REDACCIÓN POLÍTICA