12 de Abril de 2009
Reparación a por lo menos 10 mil víctimas entregaría este año el Gobierno
Un total de 205.162 personas, hasta el momento, esperan un resarcimiento económico por la victimización que les generó la violencia.
De esa misma cifra, hay 161.038 víctimas que reclama por el crimen de algún familiar a manos de un grupo irregular.
Uno de esos casos es el de Maria Antonia (*). El 26 de septiembre de 2001, miembros de las autodefensas mataron en Montería a su esposo, un dirigente del sindicato de maestros de Córdoba. Ella quedó viuda con tres hijos.
Durante mucho tiempo tuvo miedo de hacer los trámites para pedir indemnización al Estado por este crimen, pues le habían dicho que los 'paras' todavía tenían mucho poder en la región. Pero el mes pasado, a través de un allegado, entregó el formulario solicitando la reparación por vía administrativa.
De acuerdo con Acción Social, la encargada de verificar la información que entregan las víctimas, de los reclamantes, 139.410 son mujeres, quienes, como Maria Antonia, han perdido a sus esposos e hijos en medio de la guerra que los ha 'reclutado'.
¿Por qué reclaman? 7.629 consideran que el Estado les debe pagar por el secuestro de que fueron victimas por parte de un grupo irregular.
También hay 1.370 que lo hacen por haber sido atacada su integridad sexual. Y no todas son mujeres. Hay 460 hombres.
Paralelo a lo anterior, hay 27.734 víctimas de desaparición forzada, es decir, personas que se las llevaron los violentos -algunos casos hace más de 10 años- y no se volvió a saber nada de ellas.
De la misma manera, hay 7.173 formularios en los que se denuncia tortura, mientras que 2.113 padres de familia se quejan de reclutamiento de menores.
Pero como la violencia en el país por parte de los grupos irregulares ha sido brutal en algunos sectores, de las 205.162 personas que han pedido reparación, 22.215 lo han hecho por más de un "hecho victimizante".
Es clave aclarar que dentro de estas cifras no se incluyen los más de 4 millones de personas, que según las ONG Codhes, están desplazadas en el país.
Marlene Mesa, subdirectora de Atención a Víctimas de Acción Social, reconoce que cada caso es un drama, pero que su oficina se debe encargar de determinar la veracidad de las denuncias de los reclamantes a fin de que se pueda proceder a la reparación.
"Nosotros tenemos 18 meses para estudiar cada petición, pero ya estamos verificando los primeras 2.000", dijo.
Dentro de ese proceso de verificación se han encontrado casos de personas que han hecho varias solicitudes por la misma víctima. También hay quienes han diligenciado varios formularios: una en particular llenó 18.
Otros están pidiendo reparación administrativa por suicidios o por muertes por delincuencia común. También están los casos de varias mujeres que reclaman por un mismo esposo y, por supuesto, avispados que quieren sacar provecho.
Pero estos no son los únicos inconvenientes. Si bien la solicitud de reparación es un simple formulario individual en el que se pide una información sencilla, no tiene ningún costo y se puede tramitar en Acción Social, en las alcaldías, personerías, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, han aparecido unos hechos que llaman la atención.
Un abogado logró que en un juzgado de Medellín le fallara a su favor una tutela para que se le autorizara gestionar como apoderado de 1.400 víctimas. Hay otro que intenta lo mismo con otras 2.000.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR) Eduardo Pizarro, la ley estableció un tope máximo, por núcleo familiar, de 40 salarios mínimos (19'786.000) como reparación administrativa.
"Este monto puede aumentar cuando se presente más de una forma de victimización. En ese caso se pueden acumular", dijo Pizarro.
Pero María Antonia, que tiene un proceso judicial para que los responsables de la muerte de su esposo sean juzgados, tiene la incertidumbre sobre cuándo le pagarán.
Y la respuesta llega por parte de Mesa: "Este año vamos a reparar a unas 10.000 ó 12.000 víctimas, pero no sabemos qué tanto se va demorar cada caso. Todo depende, pues hay hechos que son evidentes, como cuando hay confesiones, pero otros que requieren de mucho más tiempo". Y quiénes serán los primeros, aún no se ha definido.
¿Cuándo empieza la reparación?
El presidente de la Comisión Nacional de Reparación. Eduardo Pizarro, anunció que el propósito del organismo que preside es iniciar a pagar las primeras reparaciones a mediados de junio próximo.
Pizarro reveló que por el momento hay una disponibilidad presupuestal de 200 mil millones de pesos para iniciar con este proceso. En total el Gobierno estima que el monto final puede llegar a los 7 billones de pesos.
Sobre cómo, cuándo y a quién se empezar a pagar, Pizarro anunció que está previsto que la decisión se tome en una reunión del Consejo Nacional de Reparación programada para el viernes de la próxima semana.
Se va a decidir con qué sector social se inicia la reparación. Puede ser por orden de inscripción, por la vulnerabilidad o la gravedad de los delitos, asegura el presidente de la CNRR.
"No se puede desconocer que las víctimas de las minas, por ejemplo, requieren de prioridad", dijo Pizarro.
(*) Nombre cambiado
JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ
SUB EDITOR DE POLÍTICA
