Gaviria dijo que en la Casa de Nariño siguen llorando la muerte de Pablo Escobar, en respuesta a los señalamientos sobre la supuesta alianza de su Gobierno con los 'Pepes' para perseguir al capo.

El disgusto del ex mandatario surgió luego de que Gustavo Salazar (reconocido abogado de la mafia) dijo en La W que el Gobierno de Gaviria sí se había aliado con los 'Pepes' para perseguir a Pablo Escobar y que además había expedido un decreto (264 de 1993) que permitió que los miembros de ese grupo ilegal resultaran favorecidos en las investigaciones penales.

A esto se sumó el hecho de que la semana pasada el presidente Uribe dijo que en el pasado hubo gobiernos que se aliaron con ilegales para perseguir delincuentes, en una clara alusión a Gaviria y a la muerte de Escobar.

"Nosotros no hicimos ningunas alianzas. Los organismos de seguridad buscarían información para tratar de dar con Escobar y seguramente se apoyaron en enemigos de Escobar, pero eso es completamente legítimo. Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la Casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar", puntualizó el jefe del liberalismo.

Para el ex mandatario, lo que se hizo en ese entonces fue lo mismo que hizo el actual Gobierno con las Farc para conseguir información y se refirió a la operación 'Jaque'.

Y enseguida agregó: "Que deje el Presidente de andar diciendo infamias y de andar haciendo acusaciones sin fundamento y de andar mostrando estas cortinas de humo... revivir la muerte de Escobar a estas alturas es un mecanismo de distracción, es tratar de esconder los problemas que la sociedad tiene que sufrir con la 'parapolítica'", dijo.

Gaviria también explicó a La W que el decreto mencionado por el abogado Salazar se hizo para desarrollar la Fiscalía y le permitió al fiscal Gustavo de Greiff otorgar unos beneficios por colaboración con la Justicia.

El ex presidente dijo que un debate en torno a este decreto no tenía sentido y descartó que de Greiff haya tenido nada que ver con los 'Pepes', sino que simplemente buscó la colaboración con la justicia.

"Lo que es interesante es que algunos de esos personajes son cercanos hoy al gobierno del presidente Uribe", dijo Gaviria y mencionó al detenido Miky Ramírez (acusado de lavado de dinero), quien habría recibido préstamos por 30 mil millones de pesos de Finagro.

También menciono a Ángel, en aparente referencia a Guillermo Ángel, ex miembro del Cartel de Medellín y uno de los beneficiados con el mencionado decreto, de quien dijo que su familia tiene unos miembros en el Consejo de Televisión.

Pero a pesar de todo esto, el presidente Uribe guardó silencio. Al mediodía de ayer concedió una rueda de prensa y no quiso referirse al caso.

Sin embargo, la Casa de Nariño emitió un comunicado. "La opinión pública nacional e internacional sabe y reconoce que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha combatido a los delincuentes desde la Constitución y desde la Ley. Este Gobierno nunca se ha aliado con delincuentes para combatir a otros delincuentes, nunca se ha aliado con terroristas para combatir a otros terroristas", señaló.

El fantasma de 'Los Pepes'

En julio de 1992, semanas después de que el capo Pablo Escobar se fugó de la cárcel La Catedral, nacieron Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar: se trató de un grupo de ex socios, sicarios y enemigos del narcotraficante que desataron una feroz cacería en su contra. Su 'carta de presentación' fue un escueto comunicado y, luego, una seguidilla de crueles asesinatos de abogados, lugartenientes y amigos del capo. La cacería incluyó carros bomba a propiedades -como el edificio Mónaco- y el suministro de información clave a autoridades para ultimarlo. Hoy se sabe que de Los Pepes hicieron parte Carlos y Fidel Castaño Gil; 'don Berna'; y miembros del cartel de Cali como Élmer 'Pacho' Herrera, José Santacruz; y los hermanos Rodríguez y Henao . También, varios de los lugartenientes de Escobar que fueron 'amnistiados' por el fiscal Gustavo de Greiff. Pero aún faltan más nombres.

¿Qué decía el decreto 264 de Cesar Gaviria?

El 5 de febrero de 1993, en el punto más álgido de la guerra contra el Estado, desatada por Escobar, el gobierno Gaviria expidió el Decreto 264. En 14 artículos, Gaviria y el pleno de sus ministros (todos firmaron) expidieron normas que otorgaba beneficios a quien colaborara con la justicia. Su expedición fue justificada en el hecho de que la situación de orden público se había agravado por una seguidilla de atentados terroristas, que ya había obligado a declarar el estado de conmoción interior. Además, en el hecho de que "mediante la colaboración con la justicia es posible prevenir la comisión de hechos punibles, desarticular organizaciones y deducir responsabilidad penal de quienes las conforman".