La iniciativa, radicada anoche por el Gobierno junto a la reforma a la Justicia, endurece la 'silla vacía' y acaba las suplencias en el Congreso. Habría doble instancia para juzgar a los legisladores.

Los proyectos de las dos reformas se hicieron sin presentación oficial y con un hermetismo que sorprendió a los mismos congresistas. 

Se había anunciado que el ministro del Interior y la Justicia, Fabio Valencia Cossio, iba a hacer una exposición ante las plenarias de Senado y Cámara sobre el objetivo de las iniciativas, pero no fue así. Se presentaron, por separado, en las secretarías generales.

Para el caso de la reforma política, la novedad radica en que "no será justificada la renuncia cuando se haya iniciado investigación judicial". Advierte además que "el fuero de congresista será irrenunciable, cuando este sea sujeto de investigaciones penales que se estén adelantando en contra de estos".

Este punto evitaría que los congresistas renuncien para que no los juzgue la Corte Suprema de Justicia y que su caso sea trasladado a la Fiscalía, como ha sucedido con algunos legisladores en la investigación de la 'parapolítica'.

"Ya no habría necesidad, porque ahora contarían con la doble instancia", dijo la viceministra del Interior, María Isabel Nieto.

La 'silla vacía', como se le conoce a la pérdida de la curul de un congresista cuando sea involucrado en una investigación por nexos con grupos armados ilegales o narcotráfico, será más severa: será a partir de la captura y no habrá reemplazo en ningún caso.

De hecho, la propuesta contempla acabar con las suplencias y los "carruseles" de congresistas. Solo se podrá reemplazar una curul en caso de muerte del legislador.

Para evitar los posibles impedimentos, el proyecto propone un parágrafo transitorio, así: "El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir del 20 de julio de 2009".

En otro aparte de la iniciativa se plantea que el Registrador será elegido por el Congreso, por concurso de méritos.

Entre otros puntos incluidos en la reforma están la reglamentación de la actividad del 'lobby' en el Congreso; el fortalecimiento del voto en blanco; la realización de un nuevo censo electoral a partir de las elecciones del año 2010, facultades al Consejo Electoral para revocar la inscripción de candidatos inhabilitados y el restablecimiento del Congreso pleno para aprobar la moción de censura a un ministro. 

Contempla este mecanismo en los procesos penales contra los congresistas, pero con una novedad: serán investigados por el Fiscal General y juzgados, en primera y segunda instancia, respectivamente, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por el Consejo Superior de la Judicatura.

El Gobierno acogió esta propuesta de la senadora Claudia Rodríguez que consiste en que "en relación con los delitos que se les imputen, los congresistas serán investigados por el Fiscal General de la Nación y juzgados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a las reglas y procedimientos establecidos en la ley y con observancia de la garantía de la doble instancia".

El acto legislativo propone que "la primera instancia se surtirá ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia ante la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Constitucional ejercerá las funciones de juez de control de garantías, con arreglo a la ley".

En la iniciativa se establece que la Sala de Gobierno, que conocerá la segunda instancia de los procesos penales de los congresistas, estará integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, y tres magistrados comisionados, uno por cada una de estas corporaciones judiciales.

Otro punto que se incluyó en la reforma es la cooptación para la elección de las vacantes en las cortes Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura; es decir, esas mismas cortes elegirán a sus magistrados. Se excluyó de este sistema a la Corte Constitucional.