La oposición que pretende aplicarle el mayor castigo que el legislativo dispone en su función de control político a Diego Palacio Betancourt, involucrado en el proceso de la 'yidispolítica'.
El debate se realizará en la plenaria del Senado, el primer paso en el trámite de esta figura (promovida por el Polo y el Partido Liberal) que, de prosperar, podría terminar en la destitución del funcionario.
Según el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, la moción de censura contra Palacio está motivada por su "ineficiencia e ineficacia en el ejercicio de sus funciones, puesto que no ha cumplido con las metas del mejoramiento del sistema de salud de los colombianos".
Entre los cuestionamientos que el Polo y el liberalismo le hacen a Palacio está el aparente incumplimiento del Ministro en la aplicación de la Ley 100, en su propósito de universalizar la cobertura total en salud proyectada a 2001. "Sin embargo, actualmente 7,5 millones de colombianos no se encuentra asegurados", señaló Avellaneda.
Otro de los argumentos de la oposición es que el Ministro debe dejar su cargo por estar envuelto en el escándalo de la 'yidispolítica', por el supuesto ofrecimiento de dádivas para que se aprobara la reelección presidencial, y el caos generado por la implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).
"Vamos a mostrar cómo la reelección del Presidente no va a pasar a la historia como un hecho transparente (porque) la forma como se aprobó el acto legislativo tiene una mancha, y hay una persona presa y unos funcionarios públicos involucrados, entre ellos el Ministro de Protección Social", dijo la senadora liberal Cecilia López.
El debate toma relevancia porque sería la primera vez que se aplicaría la moción de censura desde que fue reformada por el Congreso, para hacerla más efectiva en el control político. Ahora, se necesita la votación de la mitad más uno de la plenaria de Cámara o Senado (y no del Congreso pleno, como estaba antes) para que se apruebe esta sanción.
Sin embargo, el tema no parece fácil para la oposición. Los voceros de algunos de los partidos de la coalición de Gobierno (que tiene las mayorías en el Congreso) anticiparon, desde ya, que respaldarán al ministro Palacio.
El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, dijo que apoyarán al titular de la cartera de Protección Social porque, por un lado, no hay una decisión definitiva en el caso de Yidis Medina. Y, segundo, que la aplicación de la Pila es un proceso que necesita el país.
Para el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, es evidente que la oposición va a referenciar temas diferentes a los de la cartera de Palacio, como el de la 'yidispolítica'. "Ese es un tema judicial y ahí lo que tenemos que esperar es la decisión de los jueces", precisó.
Luego del debate de hoy, en el que se espera que la oposición saque toda su 'artillería' contra el ministro Palacio, y que la bancada uribista lo defienda sin reparos, la mesa directiva del Senado tendrá como plazo máximo hasta el 8 de agosto para convocar al pleno de la corporación para que se vote la moción
Si se aprueba la sanción (se necesita una mayoría calificada; es decir, 52 votos), el presidente Álvaro Uribe deberá remover del cargo a Palacio.
Si no alcanzan los votos mínimos, el Ministro no podría ser incurso en una nueva moción por los mismos hechos "a menos que la motiven hechos nuevos", según el artículo 135 de la Constitución política.
Otros cuestionamientos contra Palacio
1. Hay indicios de que el Ministro de la Protección Social trasgredió la ley penal al ofrecer promesas remuneratorias, directas a ex parlamentarios en el proceso de aprobación del proyecto que permitió la reelección del Presidente de la República, situación por la cual fue condenada Yidis Medina bajo la sindicación de cohecho.
2. Se le cuestiona que, en el afán de garantizar la cobertura universal en salud para todos los colombianos, profundizó un sistema de salud inequitativo que favorece la intermediación financiera y no el derecho a la salud.
En este momento coexisten 5 tipos diferentes de afiliación con beneficios distintos que dependen no de las necesidades de las personas sino de su capacidad de pago.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en contra de este modelo a través de la Sentencia C- 463 del pasado 14 de mayo, mediante la cual dispuso que en forma inmediata, -todos- los colombianos tienen derecho a -todos- los servicios que se requieran para atender ?todos? sus problemas de salud, sin distingos del régimen al cual se encuentren afiliados.
3. Desde el comienzo de su administración se comprometió a remontar la crisis hospitalaria que tenía al borde del cierre por problemas financieros a la mayoría de los hospitales públicos del país. Después de adelantar rigurosos procesos de reestructuración que significaron el despido de cientos de trabajadores y de promover planes de ajuste y préstamo de casi cien mil millones de pesos a estos hospitales, muchos de los cuales hoy se enfrentan de nuevo a las mismas dificultades.
Situación que ha sido denunciada en los diferentes foros de alcaldes y gobernadores.
4. Hay un rezago significativo en los sistemas de información del sector. Los perfiles de morbimortalidad del país son los mismos de hace 10 años. Aún no se conoce cual es el costo real de la salud de cada colombiano y por ende los planes de beneficios que de verdad se requieren. Eso se evidencia en la cantidad de tutelas que según el mismo Fondo que maneja los recursos del sector en solo el 2006 fueron 332.803.
5. Se han registrado brotes epidémicos de enfermedades que dependen directamente de la política de salud pública, como la rabia, la tuberculosis, la fiebre amarilla el dengue y la desnutrición infantil entre otros.
6. Se le cuestiona que en materia laboral ha mantenido una política de flexibilización y no ha generado empleo, por el contrario ha redundado en una pérdida injustificada de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores colombianos.
7. Ha sido criticado por su doble papel que por un lado promueve despidos masivos de trabajadores, como los del Seguro Social, y por el otro el de tener que velar por los derechos sindicales y de libre asociación. Según el senador citante, el primer papel ha cedido frente al otro.
8. La improvisación con la que evidentemente se enfrentó la aplicación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en la población independiente, demostró que el gobierno no tiene claro cuántas personas son, cuál es en realidad su capacidad de pago y dejó en manos de la población la elaboración de las bases de datos, tarea que es ineludible del Ministerio. Con el paso de los días aparecen más dificultades y más soluciones sobre la marcha que debieron ser resueltas hace más de 2 años cuando se inició su aplicación.
9. Se le culpa de adelantar procesos erráticos de liquidación como el del Seguro Social y con él poner fin al aseguramiento público, cuando desde el comienzo de su administración prometió un proceso de reestructuración y salvamento para esta entidad. En dicho proceso el actual Ministro creo 7 empresa sociales del estado que fueron foco de corrupción e ineficiencia, argumentos que dicha cartera tuvo para su eliminación a pesar de ser el presidente de las juntas directivas de las mismas y de ser el propio ministro quien elegía a sus administradores.
10. Los sistemas de control son deficientes. Hoy la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra bajo una interinidad que refuerza el concepto de que es más rentable para quienes cometen faltas en el sector pagar multas que cumplir la Ley.
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