La Presidencia de la República objetó el artículo de la última reforma al Código Nacional de Tránsito que sancionaba con un salario mínimo (461.500 pesos) a los infractores.

El Gobierno ya había advertido que no estaba de acuerdo con esa medida, que además resultó impopular entre la ciudadanía y generó varias protestas.

El aparte de la reforma que el Gobierno objetó es el que modifica el artículo 76 del Código, que prohibía "a los conductores de vehículos participar en actividades comerciales o benéficas a 200 metros a la redonda de semáforos, señales de tránsito, paso a nivel, paso peatonal a desnivel, paso peatonal a nivel, separadores, berma, ciclovías, ciclorrutas, estacionamientos, paraderos, todo tipo de puentes y en las zonas destinadas a la circulación de vehículos".

El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, advirtió la semana pasada que rechazarían la Ley.

"Eso no tiene sentido. Es un atropello a la economía popular más pobre y vulnerable de la sociedad. Deja por fuera del esquema económico a las personas que se ganan la vida así. Vamos a objetar", dijo.

Incluso, la representante a la Cámara del movimiento Mira Gloria Stella Díaz, autora del proyecto, aclaró que su partido "no propuso la prohibición de que los conductores compren en los semáforos".

"Esta medida afecta a millones de colombianos que se ganan su sustento diario vendiendo en los semáforos o recibiendo ayudas", dijo Díaz (Mira).

La congresista aseguró que ella misma le solicitó al presidente Álvaro Uribe objetar la Ley y explicó que la inclusión de ese parágrafo fue responsabilidad de los integrantes de la Comisión Sexta del Senado, donde su partido no tiene representación.

La decisión del Congreso fue criticada por considerar que afectaría a personas de bajos recursos que viven de las ventas en la calle. Cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, estiman que en la ciudad hay unos 100.000 vendedores ambulantes.