El presidente las devolvió al Congreso, junto con otras 11, por razones de inconstitucionalidad, conveniencia, o por errores formales en el trámite.

Una de las normas objetadas es la que permitiría a los usuarios de la telefonía celular conservar el número de la línea en caso de cambiar de operador.

Otras, como la reforma al Código Nacional de Tránsito, mediante la cual se ordena sancionar con multas a los conductores que compren artículos en los semáforos, también será objetada, pero esa decisión no se ha comunicado oficialmente.

Por una formalidad también fue devuelta la ley que busca aumentar el límite de velocidad en carretera a 120 kilómetros por hora y a 80 kilómetros por hora en las ciudades. Según la oficina jurídica de Palacio falta que "se incluyan dentro del expediente la totalidad de las Gacetas" del Congreso en donde se indique la publicación del proyecto.

En total, 48 leyes aprobadas por el Congreso en el último período legislativo llegaron a la secretaría jurídica de la Casa de Nariño entre el 8 y el 9 de julio para la firma del Presidente.

Este jueves, los funcionarios de esa oficina seguían 'corriendo' sus contenidos para cumplir con las fechas establecidas para devolverlas o hacerlas rubricar del jefe del Estado.

Hasta ayer 20 leyes habían sido firmadas para entrar en vigencia.

Las objeciones no significan que los proyectos queden 'sepultados'. Estos serán devueltos al Congreso para que evalúen los reparos del Gobierno. Si hay razones de inconveniencia en las objeciones, los parlamentarios pueden decidir si acogen los reparos de la Presidencia. En caso contrario, el proyecto se envía de nuevo a sanción y el Presidente está obligado firmarlo.

Si el Congreso no tiene en cuenta las objeciones de inconstitucionalidad, la iniciativa pasa a revisión de la Corte Constitucional, que tiene la última palabra.

Pese a que esta ley, que reconoce prestaciones sociales para los diputados en el país, es de autoría del ex ministro del Interior, Carlos Holguín, el Gobierno decidió objetarla por razones constitucionales.

La norma establece que además de pagarles a estos políticos cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de navidad, se les debe dar beneficios como un auxilio de vida y una prima de servicios.

Según explicó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, la norma incurre en dos faltas, porque delega a las propias asambleas la potestad para que ellas mismas definan el tope máximo de estos reconocimientos. "Las funciones relacionadas con las  prestaciones sociales son indelegables", señaló Zuluaga en el documento de objeción.

El Gobierno también argumentó que la "prima de servicio" hace parte del salario y no es una prestación social. Además, señaló que no hay recursos para financiar la nueva norma: "La totalidad de las prestaciones (...) genera insostenibilidad en las finanzas territoriales (y) desconocimiento de las normas orgánicas de disciplina fiscal".

El Gobierno recordó que, actualmente, los diputados sí reciben cesantías, intereses de cesantías y prima de navidad.

Sin piso atención a niños de los estratos 1, 2 y 3

En la 'nevera' quedó la ley mediante la cual se crean contribuciones para la seguridad social de las cooperativas de trabajo asociado que no hacen aportes parafiscales. Aunque no fue objetada, la secretaría jurídica de Palacio lo devolvió al Congreso "con el objeto de que se subsanen los inconvenientes de índole mecanográfico".

La ley propone desarrollar la modalidad de Telesalud en Colombia, que es una serie de actividades relacionadas con diagnósticos y tratamientos médicos llevados a zonas distantes a través de la aplicación de alta tecnología de información y comunicación.

El Gobierno la objetó al encontrar en el texto disposiciones contrarias a la Constitución.

La norma, que pretendía que el impuesto por el consumo de cigarrillos no se transfiriera a Coldeportes sino a las entidades territoriales, también fue objetada. Se argumentó que algunos apartes de la iniciativa no solo eran inconvenientes para el Estado sino también inconstitucionales.