EL TIEMPO conoció que, tras 15 años de estudio, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental que le permitirá al Invías iniciar los trabajos.

El proyecto afecta a unos 53.000 habitantes de los municipios Unión Panamericana, Tadó, Cantón de San Pablo, Río Quito, Alto Baudó y Nuquí, quienes fueron consultados por el Gobierno antes de darle vía libre al proyecto.

La inversión presupuestada en la construcción de la vía será de 117.403 millones de pesos, y contempla la construcción de cinco tramos con un total de 55 kilómetros.

La licencia ambiental del tramo uno, de 18 kilómetros, era la que estaba en trámite por parte del Invías y que le acaba de ser otorgada por el Minambiente.

Los reparos de las comunidades y organizaciones chocoanas frente al proyecto tienen que ver con la zona que atraviesa: un complejo territorial conocido como Chocó biogeográfico.

Los trabajos afectarían cuatro grandes ecosistemas: la Serranía del Baudó, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, reconocidos como uno de los territorios más importantes del planeta por su biodiversidad, y la costa Pacífica en el área de Tribugá.

La explicación estatal

No obstante, el ministro del Medio Ambiente (e), Miguel Peñaloza, le explicó anoche a EL TIEMPO que todas estas condiciones se tuvieron en cuenta a la hora de otorgar la licencia y que los constructores tendrán que cumplir una serie de requisitos para garantizar la protección al medio ambiente.

"El componente social fue fundamental -aseguró Peñaloza-. Realizamos varias audiencias públicas con las comunidades afectadas para establecer las condiciones de explotación de la zona y se logró un acuerdo unánime".

El ministro agregó que los constructores quedaron obligados a mitigar cada uno de los impactos ambientales previstos en el proyecto y que el Gobierno y demás entes de control harán un seguimiento para que se cumplan.

Cinco proyectos en manos de Minambiente

La cartera del Medio Ambiente alista otras cinco decisiones que enfrentan a comunidades con multinacionales y firmas locales y que podrían significar un viraje en criterios oficiales del manejo ambiental.

Una tiene que ver con Cajamarca (Tolima), donde se debe definir si la firma AngloGold Ashanti continua o no explorando la mina de oro La Colosa, en zona de reserva forestal, protegida por la ley.

Otra decisión se relaciona con la viabilidad ambiental del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, Huila, que enfrenta a la empresa Emgesa y a comunidades de Gigante, Garzón, Agrado y zonas de influencia, por el impacto económico, social y ambiental.

Igualmente, al proyecto de puerto multipropósito Brisas, en Mingueo-Dibulla (La Guajira) se oponen los wayúu por el impacto en ecosistemas de manglar y en sitios sagrados.

También está por definirse si la firma Fenoco y sus socias pagan o no 150 millones de dólares para desviar la segunda línea férrea que, tal como está, atraviesa 14 asentamientos humanos. Y las empresas Isagen y Geselca esperan que se apruebe el proyecto Urrá II, en Córdoba, al que también se oponen ambientalistas por sus efectos negativos.