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34.000 vendedores informales invaden el centro de seis capitales

Políticas de reubicación se han quedado cortas. Ocupan 42.826 metros cuadrados de espacio público.

Día a día, por las calles céntricas de seis importantes capitales del país, unos 33.858 vendedores informales se han apropiado de al menos 42.826 metros cuadrados de espacio público, según los cálculos de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Santa Marta.
La cifra de la ocupación puede ser mucho mayor, teniendo en cuenta que en Medellín el municipio tiene cifras de los vendedores, pero no el cálculo de la ocupación.
Tan solo en Bogotá, la ciudad con más informales en el centro –14.666–, el estimado que hace el Instituto para la Economía Social del Distrito (Ipes) es que los vendedores ocupan no menos de 17.000 metros cuadrados de andenes y plazas en las zonas céntricas.
Según las cuentas del Ipes, un vendedor ocupa en promedio un metro por 1,20 de espacio público. Por esto, la cifra de ocupación total podría ser mayor, si se tiene en cuenta que hay casos en que el espacio puede llegar a 4 metros por 1,20, en los casos de carros de venta de perros calientes, o a 5 por 3, cuando sacan sillas y hasta refrigeradores.
En Barranquilla, las autoridades calculan que en el centro y su área de influencia están asentados unos 9.180 vendedores estacionarios, que ocupan aproximadamente unos 16.500 metros cuadrados de los 744.866 que tiene esta zona de la ciudad.
El espacio que llenan los informales en la capital del Atlántico, en los ejes principales entre las calles 30 y 45, y las carreras 38 y 46, es equivalente a lo que miden por lo menos tres canchas, con su pista atlética y camerinos, del imponente estadio Metropolitano.
Las otras dos grandes capitales del país no escapan del fenómeno. En Cali hay 8.000 informales que ocupan 9.600 metros cuadrados del centro. Incluso en Medellín, donde hay 3.458 vendedores regulados, es decir, vendedores informales que tienen permiso de la Alcaldía para ejercer su actividad comercial, se estima que se mueven además entre 800 y 1.000 informales, dependiendo de la temporada, según lo reportó la subsecretaría de Espacio Público. Sin embargo, para la oficina regional de Fenalco, la cifra de informales en el centro de la capital antioqueña asciende a los 11.000.
Fracaso en reubicación
Las estrategias que han implementado las administraciones de las principales ciudades del país en los últimos años para recuperar el espacio, se han visto insuficientes ante el tamaño del fenómeno. En Cali, por ejemplo, hubo un proceso de reubicación de 2.850 vendedores hace cinco años. Buena parte fueron reubicados en 315 locales de dos centros comerciales del sector, pero la entidad mixta que tenía a su cargo el proceso, Airear Urbano, se vino a pique y fue liquidada por sus deudas. Los vendedores tuvieron que entregar los locales.
En Bucaramanga, donde la administración local reubicó a 860 vendedores en el 2013 en el centro comercial Feghaly y las plazas San Bazar y Centro, estos puestos de trabajo ya fueron abandonados por el 30 por ciento de los comerciantes.
Ahora, cerca de 300 vendedores ambulantes insisten en ocupar nuevamente las calles de la capital de Santander.
Los sectores invadidos por la informalidad son los barrios Cabecera, Centro y Ciudadela Real de Minas, donde han montado toldas en más de 500 metros de calles y andenes.
Nohora Girarlo, líder de la Asociación de Vendedores Independientes Ambulantes (Asoviab), manifestó que desde el principio la reubicación fue un fracaso total. “Yo estoy de acuerdo con que los vendedores retomen las calles porque al menos pueden vender para un almuerzo. El Gobierno no ha entendido que el vendedor no es que quiera estar en las calles, lo que pasa es que no tienen garantías”, aseguró.
Y en Cali, el Sindicato de Trabajadores, Vendedores Informales y Estacionarios de Cali (Sintraviencali) asegura que no se opone a la regulación del espacio público, siempre y cuando “los operativos no atropellen a nadie”.
Gremios reclaman
Ante los procesos fallidos, los comerciantes formales son precisamente quienes más cuestionan las acciones de las administraciones contra la informalidad.
Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, agremiación que aglutina a unos 2.700 comerciantes formales en Barranquilla, ha denunciado que los operativos de desalojo resultan en una ilusión una vez se realizan, pero a las pocas horas esos mismos vendedores se instalan en otro sitio.
Según Alejandro Almeida, director de Fenalco Santander, esta problemática se ha convertido en una cadena que iniciaron las grandes mafias del contrabando y que ahora aprovechan los comerciantes para vender más barato. “Si se captura a esas bandas grandes, simplemente no habrá mercancías para distribuir, se reducirán las ventas ambulantes, se recuperarán el espacio público, la movilidad y la seguridad”, agregó.
Para otros, como Rigoberto Olarte, administrador del centro comercial Feghaly de Bucaramanga, la solución puede estar, más bien, en manos de los consumidores que “apoyan el negocio informal comprando. Es muy difícil solucionar esto porque aquí las personas sufren de lástima por los comerciantes de la calle, pero no se acuerdan de aquellos que tienen que pagar por un local”.
Cobran hasta $ 10 millones por pedazo de andén
En Bogotá hay 47.000 vendedores, de los cuales 14.666 están en el centro. El Distrito les ha ofrecido alternativas. Foto: Héctor Fabio Zamora.
En Bogotá, la problemática de la ocupación informal ha tomado tal magnitud que hasta hay mafias que negocian con el espacio público.
Camilo Gómez Castro, director del Instituto para la Economía Social (Ipes), explicó que estas organizaciones intentan mantener su poder utilizando especialmente a las víctimas del conflicto, que terminan en la calle para conseguir ingresos.
Esos negociantes del espacio público pueden cobrar 10 millones de pesos por el alquiler de un metro por 1,20 de espacio público. Y los vendedores lo pagan, y no denuncian por miedo.
En el último año, el Distrito les ofreció oportunidades de negocio formal a más de 1.200 vendedores ambulantes del centro, que comprende las localidades de Santa Fe, Candelaria (zona histórica) y Mártires, donde el Distrito tiene identificados alrededor de 14.666 informales, de casi 47.000 que se supone hay en la ciudad.
Sin embargo, corredores como las calles 22, 23 y 24, la carrera 7.ª y la avenida Jiménez, que es donde se ha concentrado el trabajo en el marco de la revitalización del centro, están lejos de estar despejados, no obstante haber invertido el Ipes 49.000 millones de pesos en el 2014, en alternativas para esos vendedores y en promoción de ferias temporales, en las que participaron más de 1.600 informales.
Lo mismo pasa en la calle 19, que está invadida en los dos costados, desde la avenida Caracas hasta la carrera 3.ª, o la carrera 10 entre las calles 6 y 24.
El récord de ocupación del espacio público lo tiene la localidad de Santa Fe con 9.826. Es el corazón del centro y la zona con más informales de toda Bogotá: el 20,92 por ciento del total.
El Ipes ha ofrecido los programas, pero no puede evitar que los vendedores reciban el beneficio y muchas veces vuelvan a la calle, porque esa es misión de las alcaldías locales con el apoyo de la Policía. Por eso se mantienen ocupadas vías que supuestamente han sido despejadas.
El exalcalde Mockus plantea vías alternativas
El exalcalde de Bogotá Antanas Mockus dice que para identificar en qué se ha fallado hay que reconocer que hay un problema de educación que hace difícil valorar el espacio, cuando la mayoría de los ciudadanos crecieron viendo los sitios públicos invadidos.
“¿Qué hacen muchos alcaldes? Les ofrecen incentivos fuertes a quienes están ocupando, para que desocupen, y aunque lo logran y ese espacio queda libre, en dos, tres meses, un año, usted tiene de nuevo ese espacio invadido”, aseguró.
Mockus considera que pueden explorarse alternativas. Una que se aplicó en Bogotá es permitir en ciclovías a vendedores que ofrecían bebidas. “Funcionó bastante bien”, dijo el exalcalde, para quien este tipo de permisos serían como un especie de ‘pico y placa’ para los vendedores en espacios controlados. También señaló que podrían aceptarse casos especiales cuando la ocupación no es mayor.
“Si usted mira París, hay sitios con puestos de comida, pero no hay la dinámica que hay acá. Si uno pudiera congelar situaciones, atendería las más graves, y donde la densidad por ocupación es baja las podría dejar”, dijo. Según él, “lo más grave es no hacer nada”.
También opinó que, aunque es duro, a los ciudadanos les toca asumir la actitud de denuncia o no apoyo a quien está tomando el espacio, sin ser compasivos. “Uno no debe poner a la compasión a reñir con la ley”, concluyó.
NACIÓN / BOGOTÁ
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