Los usuarios engañados en la Cámara de Comercio de Villavicencio

Los usuarios engañados en la Cámara de Comercio de Villavicencio

En el Centro de Conciliación de la CCV pagaron trámites que nunca se hicieron.

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En el Centro de Conciliación ya no están los funcionarios investigados por esa entidad.

Foto:

Jhohannes Duque C.

03 de agosto 2016 , 04:41 p.m.

La crisis financiera, económica y laboral que afrontaba un empresario de Villavicencio, reflejada en el acecho de que era víctima por bancos y acreedores, lo condujo al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio el 15 de octubre de 2015.

Buscaba asesoría para el trámite que le permitiera declararse insolvente económicamente, como lo hicieron otras dos personas que también tenían dificultades financieras y pagaron por ese servicio en el Centro de Conciliación.

No obstante, entre cinco y ocho meses después se enteraron de que sus trámites en el Centro de Conciliación ni siquiera se habían iniciado, pero sus dificultades económicas y el asedio de acreedores crecían.

Dos comerciantes, en diálogo con Llano Sie7edías, coinciden en que se sintieron engañados.

Uno de los empresarios, que con documentos hizo la denuncia ante este medio y pidió reserva de identidad, relata que a comienzos de octubre lo atendió en el Centro de Conciliación Patricia Pedraza Rodríguez, que lo asesoró en los trámites que tenía que realizar, le informó los documentos que debía hacer llegar para que fuera aprobados y formalizar el trámite. Además, le presentó al abogado Luis Álvaro Nieto Bolívar y le informó que él quedaba a cargo del proceso.

Luego, el 20 de enero, la funcionaria Patricia Pedraza le informó que tenía que pagar de 16 a 18 millones de pesos, que era lo que correspondía al porcentaje de una tabla de la CCV por el trámite. El hombre de negocios le respondió que esa era una suma muy elevada para la situación que estaba viendo.

Entonces la funcionaria le recomendó que se acogiera a la Ley de Amparo y Pobreza y así evitaba pagar los gastos administrativos del proceso y que entonces solo tenía que pagar dos millones de pesos.

Como esa suma de dinero es más razonable, el empresario pagó un anticipó de 500.000 pesos en efectivo a la mencionada funcionaria, de quien dijo “me los recibió y me entregó el recibo de caja”.

'Todo iba bien'

Luego, dice que sostuvo varias conversaciones telefónicas y personales con la funcionaria de la CCV, quien le informó que “todo el procedimiento estaba bien, que los documentos que yo había aportado también estaban al día y que próximamente me llamaría para efectos de reunirnos con los acreedores y formalizar mi petición de insolvencia como persona natural”.

Finalizando mayo, la funcionaria llamó al empresario indicándole que un día jueves se reunieran con los acreedores y el abogado del Centro de Conciliación.

“Llegué puntualmente a esa reunión y lo primero que me manifestó la funcionaria es que tenía que desembolsar el saldo de 1’500.000 de los gastos administrativos, dinero que no le entregué porque vi con extrañeza que ningún acreedor llegó a la cita”.

Al preguntarle sobre el tema, la funcionaria respondió que el abogado Nieto Bolívar había llamado y pedido cambiar la fecha de presentación de los acreedores para diez días después.

Luego, en los primeros días del mes de junio se enfermó el abogado y tres días después el comerciante pasó a las oficinas de la CCV donde le informaron que Patricia Pedraza había abandonado el cargo.

Me remitieron con el abogado Carlos Andrés Chávez Ortiz, quien revisó mi carpeta y encontró que “yo no tenía ningún proceso en trámite y me expidió un oficio para que se me devolviera el dinero pagado”, “aduciendo que se me había ofrecido y vendido un servicio con información errada, ocho meses después de iniciada la consulta”.

También la engañaron

Otra comerciante afirmó que presentó una demanda ante la Fiscalía contra la Cámara de Comercio de Villavicencio por los daños causados en el trámite de insolvencia que solicitó.

Al contrario, aseguró, lo que hicieron fue una retención de documentos, cogieron su dinero y no hicieron ningún trámite.

Contó que el pasado 5 de marzo la funcionaria Patricia Pedraza, del Centro de Conciliación de la CCV, le exigió $ 1’300.000 para adelantar el trámite de insolvencia.

Semanas después el abogado Carlos Andrés Chávez, de la CCV, “me informó que la señora se había llevado la plata y que no había reportado ningún proceso de insolvencia económica”.

Con esa información “me tocó hacer un derecho de petición para que me devolvieran la plata y los documentos del expediente”.

Y su proceso, como el del otro denunciante, los encargaron a abogados particulares. Al empresario ya le devolvieron documentos y plata, mientras que a la comerciante le devolvieron los documentos, pero el dinero aún no.

Ahora, la CCV debe afrontar las quejas que los usuarios han presentado ante la Dirección de Métodos Alternativos del Ministerio de Justicia y las demandas ante la Fiscalía.

Se perdieron $105 millones

Pero los oscuros manejos en los trámites y los recursos no solo se presentaron en el Centro de Conciliación de la CCV, en los procesos de insolvencia económica, sino también en un diplomado en conciliación dirigido a particulares y afiliados de la entidad.

El expresidente ejecutivo de la CCV Fernando Romero Herrera señaló que empezó a detectar los malos manejos de los recursos en el Centro de Conciliación con un diplomado, pues algunos recursos de las personas que lo iban a tomar no entraban al sistema de la entidad.

Luego empezaron a llegar las quejas de los usuarios porque habían hecho pagos por el trámite de las insolvencias económicas.

Con esa información empezaron a hacer la investigación interna y encontraron un faltante de 105.000.000 de pesos de los procesos de conciliación y del diplomado.

En el Centro de Conciliación revisaron 115 procesos del año 2015 y 66 hasta mayo del presente año, y encontraron que en tres no se había hecho ningún trámite y en los demás, en por lo menos el 80 por ciento, faltaba algún trámite o reporte.

En el caso del diplomado encontraron que sin estar autorizado se hicieron descuentos en el costo de la matrícula hasta de un millón de pesos. La tarifa establecida para particulares era de 1.840.000 pesos y para afiliados era de 1.656.000 pesos.

La investigación interna estableció que Hasive Patricia Pedraza Rodríguez, auxiliar de conciliación y arbitraje, estaba recibiendo recursos sin estar autorizada, pues tenía que orientar a las personas a la caja de la entidad, y que a los usuarios les entregaba un recibo de caja.

Además, que con los recursos del diplomado que recibía estaba ‘tapando’ los faltantes de recursos de los procesos del Centro de Conciliación.

Una fuente de la CCV señaló que a las tres personas afectadas porque no se realizó ningún trámite en el Centro de Conciliación les regresaron los documentos y los recursos, porque así lo pidieron.

Abandonó el cargo

Tras las irregularidades detectadas, la Cámara de Comercio de Villavicencio inició una investigación disciplinaria interna contra Hasive Patricia Pedraza Rodríguez, auxiliar de conciliación y arbitraje, y Carlos Andrés Chávez, director jurídico de Conciliación y Arbitraje.

La investigación contra Pedraza Rodríguez no avanzó porque la funcionaria abandonó el cargo desde el 17 de mayo pasado, informó una funcionaria de la CCV.

Mientras que contra Chávez, la CCV determinó la terminación del contrato de trabajo a partir del primero de julio pasado “por omisión y falta de control sobre el centro de Conciliación y Arbitraje”.

El caso será puesto a disposición de la Fiscalía, informaron en la CCV.

Llano Sie7edías contactó a Patricia Pedraza Rodríguez vía WhatsApp el pasado sábado para conocer su versión de los hechos.

Respondió: “primero, hablo el lunes en la Cámara” para saber si puedo “hacer esto” y “el martes le daré una respuesta”.

Al cierre de esta edición no se había vuelto a contactar con este medio de comunicación, pese a que el martes le indicamos que hoy se iba a hacer la publicación.

De su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Dimas Barrero Pandales, al ser consultado por Llano Sie7edías sobre qué directivo tiene el manejo del Centro de Conciliación respondió que “nunca he manejado el Centro de Conciliación, eso lo manejan el presidente ejecutivo y el director jurídico”.

Nelson Ardila Arias
Redactor Llano Sie7edías
@nelard1

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