‘Es inhumano que sometan a 708 personas a esta situación’

‘Es inhumano que sometan a 708 personas a esta situación’

Así lo dijo la abogada de varias personas que serían evacuadas de edificios en Cartagena.

Edificios Cartagena

Propietarios de los edificios Portales de Los Alpes, Calipso Tower, Portales de Caracoles, entre otros permaneciron aglomeradas a las afueras del Centro de Servicios Judiciales.

Foto:

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

19 de enero 2018 , 10:41 p.m.

Durante la audiencia ordenada por la Fiscalía para las 108 familias afectadas luego de la orden de evacuación de 16 edificios en Cartagena, la defensa presentó una larga lista de exigencias e inconformidades.

“Exigimos aplazar la medida de evacuación voluntaria que ordenó la Alcaldía, y si se va a hacer un desplazamiento de los afectados, que cuenten con las mismas garantías.
Es decir, que no sea un albergue en hacinamiento como están pretendiendo hacerlo en el coliseo de combate. Es inhumano e indigno que sometan a 708 personas a esta situación”, sostuvo la abogada Yudi Paredes Hoyos, defensora de los habitantes del edificio Brisas de los Alpes, uno de los 16 que tienen orden de la Fiscalía de evacuar.

Que no sea un albergue en hacinamiento como están pretendiendo hacerlo en el coliseo de combate

“Solicitamos la cancelación de los créditos hipotecarios por ser improcedentes, y en vista de que los folios y la matrículas de las escrituras están bloqueados por ello, es injusto cobrar un crédito por algo que no existe jurídicamente”, agregó la jurista que defiende a 10 de las 108 familias.

“El Distrito tiene que responder por los dineros que muchas familias ya invertimos. Muchos ya pagamos los apartamentos de contado con los ahorros de toda la vida. Otros tienen créditos hipotecarios. Hay un impuesto predial que está cobrando la Alcaldía por algo que expropió”, dijo Hilda Ahumada, una de las afectadas.

Según ella, las 16 edificaciones fueron intervenidas de manera aleatoria y el Distrito nunca dio una explicación a fondo de por qué se escogieron solamente estas edificaciones.

“¿Con qué criterio se intervinieron? En Cartagena hay más de 200 edificios que fueron construidos por los Quiroz, dicho por la propia Sociedad de Ingenieros de Bolívar”, agrega Ahumada.

“La Fiscalía y la Alcaldía crearon un caos y dan un término de 24 horas para, según ellos, evacuar. Tan fácil. Hay niños, mujeres que acabaron de dar a luz, personas de la tercera edad, enfermos, gente recién operada”, sentenció Ómar Hones, otro afectado.
“Estamos contemplando una demanda contra el Estado. Vamos a llamar a una ‘tutelatón’ para proteger los derechos de las víctimas y, posteriormente, iniciar procesos contra el Distrito y la Superintendencia de Notariado y Registro, los constructores Quiroz y la Universidad de Cartagena por el informe que presentó, todos tienen que responder”, pidió Robinson Villadiego.

Ante la juez que presidió la audiencia, la defensa de las víctimas aseguró que la Alcaldía debe responder por la omisión de su deber de control y vigilancia.

“No vamos a permitir que ahora la Alcaldía se vaya a lavar las manos porque en su momento omitió un control veraz y efectivo sobre las construcciones”, explicó la abogada Paredes Hoyos.

SIC y juzgados, recursos de los consumidores

Los propietarios de las edificaciones afectadas en la Heroica pueden demandar a las constructoras ante la unidad de Acciones Judiciales de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para hacer valer sus derechos de garantía de calidad y efectividad.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que también pueden demandar ante jueces civiles o la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria. Cabe recordar que, según el artículo 6 del Estatuto del Consumidor, los constructores y diseñadores de los proyectos inmobiliarios deben garantizar calidad, idoneidad y seguridad en la ejecución.

Si la SIC concluye que se violó el Estatuto, por cada infracción impone sanciones de 1.200 millones de pesos o incluso el cierre de los establecimientos. Igualmente, puede investigar y multar a representantes legales, personas naturales, y miembros de juntas directivas, que podrían pagar sanciones individuales cercanas a los 200 millones de pesos.

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