Un año de Blas de Lezo, la tragedia que conmovió a Cartagena
NACIÓN

Un año de Blas de Lezo, la tragedia que conmovió a Cartagena

Artículos y contenidos relacionados para el especial multimedia.

En el siniestro, 21obreros fallecieron. Los responsables están detenidos pero aún no hay condenas.

EL DESPLOME

En el siniestro, 21 obreros fallecieron. Los hermanos Quiroz, responsables de la caída del edificio, están detenidos pero aún no hay condenas

El desplome del edifico en obra Portal de Blas de Lezo II dejó un saldo trágico de 21 obreros muertos y 22 heridos y que evidenció una mafia de las construcciones ilegales conformada por particulares y funcionarios públicos.

“Ocurrió a las 10:49 de la mañana. Estaba viendo televisión porque ya había montado el almuerzo cuando escuché el estruendo y una nube de polvo cubrió todo el barrio. Luego escuchamos los gritos de la gente”, recuerda Fanny Moreno que habita hace 15 años un apartamento ubicado frente al predio donde se levantaba la mole de concreto que acabó con la vida de los obreros.

Siete placas de cemento cayeron sobre el grupo de trabajadores, muchos de origen venezolano.

Cinco días tardaron los órganos de rescate en sacar a la totalidad de los cuerpos sin vida y a los obreros que sobrevivieron a aquella mañana aciaga.

“Mi hijo había salido a la tienda y yo estaba preparando los almuerzos para los obreros, de pronto es que escucho que mi muchacho entre corriendo por la puerta que da al patio gritando ‘mamá sal, sal de la cocina’ y enseguida el golpe, el estruendo y los gritos de los muchachos”, relata Carmen Arroyo vecina del lote esquinero donde se levantaba la obra ilegal.

Ella vendía los almuerzos a los obreros de la construcción. “Eran como mi hijos, conocí sus problemas, sus luchas, me contaban cuando peleaban con la mujer… todo, por eso esta tragedia me dejó un dolor grande en el corazón, ya no vivo tranquila… pensar que a un hijo de uno le pueda pasar algo así”.

La tarde anterior a la tragedia un aguacero bañó al barrio Blas de Lezo, lo que precipito el debilitamiento de los materiales de pésima calidad, para economizar gastos, usados por los constructores al mando de Wilfran Quiroz.

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Lo único que hoy queda en pie en medio del campo santo, sobre escombros y poca maleza, es una pequeña escultura de la Virgen del Carmen, amputada en uno de sus brazos, y a la cual le rezan cada semana familiares de las víctimas, sobrevivientes del siniestro y vecinos del barrio Blas de Lezo. Una zona que paradójicamente es tranquila.

El constructor Wilfran Quiroz, hoy preso como el principal responsable de la tragedia, había comprado a mediados del 2016 la vieja casa esquinera de la Carrera 67 con Calle 21, a los herederos de la familia Pautt Morales. Durante el último trimestre de ese año un puñado de obreros tumbó la vieja casa y limpiaron el terrero.

La construcción en firme del edificio inició en enero del 2017.

“Para montar las zapatas abrieron canales de dos por dos metros de profundidad, los vecinos les reclamamos pero el maestro de obra aseguró que eran cuatro pisos no más”, relata Ramón González, vecino que muestra las grietas en su casa que dejó el desplome.

A comienzos de abril de ese año un muro cayó sobre un obrero. Además los habitantes de Blas de Lezo venían denunciando que los trabajadores no contaban con equipos de protección y seguridad.

La gente del sector coincide en que la tragedia estaba anunciada.

“Después del quinto piso el edificio se comenzó a ver torcido, no dejaban secar una plancha cuando en menos de cinco días montaban la otra. En un poco más de tres meses ya tenían una mole de 7 pisos, en un barrio donde la mayoría son casas de dos plantas”, dice Kenny Cuadrado.

Ante las inconsistencias los vecinos del barrio instauraron una querella ante el inspector de Policía de la localidad pero no fueron escuchados.

“En la querella manifestamos que la obra afectaba a los vecinos y pedimos una revisión urgente de verificación para saber si la obra era legal, después de la tragedia nos enteramos por la Fiscalía que los funcionarios públicos ante los que acudimos sabían de las irregularidades y guardaron silencio”, dice Antonio Monsalve Reyes.

LA CAÍDA DEL CLAN QUIROZ

El siniestro fue la alarma que llamó la atención de las autoridades nacionales que finalmente desnudaron una mafia de construcciones ilegales en la ciudad en cabeza del clan de los hermanos Quiroz, una familia, que según la Procuraduría General de la Nación levantó medio centenar de edificios con licencias falsas en Cartagena, de los cuales 36 ya están identificados y los compradores de buena fe ya están alertados.

El día de la tragedia solo quedó en pie una valla amarilla con un supuesto número de radicado de los permisos, pero las autoridades Distritales aseguraron que los datos eran falsos y la obra nunca había sido registrada.

De hecho, luego de un estudio realizad por la Universidad de Cartagena, 16 edificios de apartamentos, 14 de ellos edificados por los hermanos Wilfran y María Quiroz fueron desalojados.

Wilfran Quiroz, cabecilla del clan, enfrenta los delitos de fraude procesal, urbanización ilegal, documento público falso, uso de documento público falso, estafa en la modalidad de masa, todos elevados a la categoría de heterogéneo y homogéneo; además del delito de fuga de presos. Tras las rejas espera juicio de condena.

También le fue dictada la medida de aseguramiento en centro carcelario a María de las Nieves Quiroz, Juan Carlos Quiroz Luna, Delis del Carmen Quiroz Ruiz, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Rivera Quiroz, Dagoberto Quiroz Ruiz y el constructor Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas.

Todos ellos, según la Fiscalía, desde el año 2012 crearon una empresa criminal que construyó falsificando documentos públicos y engañando a funcionarios.

La Fiscalía aseguró que el clan Quiroz, conformado por 15 personas, incluyó a funcionarios de las notarías segunda, tercera y séptima de Cartagena, así como funcionarios públicos de la oficina de instrumentos públicos, curadurías urbanas, control urbano e inspectores de Policía.

Este jueves un juez dictaba medida de aseguramiento contra el concejal conservador Rodrigo Reyes, alcalde menor durante la época de la tragedia, así como al exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía Elles y al funcionario de control urbano Jorge Luis Cudris por los delitos de urbanización ilegal y cohecho propio.

En dos operaciones, en Cartagena la Fiscalía halló en total 36 edificaciones que carecían de permisos de construcción y cuyos reglamentos de copropiedad se hicieron con licencias falsas. En un primer operativo 16 edificios fueron evacuados por las autoridades porque presentan daños estructurales que podrían poner en riesgo la vida de sus habitantes, todos compradores de buena fe.

Las familias de los obreros muertos y los sobrevivientes recibieron auxilios de sostenimiento por 200 mil pesos durante 3 meses. También, señala el Distrito, las víctimas fueron capacitadas en proyectos productivos y recibieron dos millones de pesos para negocios.

Lo sucedido en Blas de Lezo dejó al desnudo la urgente actualización que necesita el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el cual no se desempolva desde el año 2001, y que favoreció el creciente negocio de las construcciones ilegales en la ciudad.

ASÍ FUNCIONABA LA RED

En la noche del jueves, un juez aplazó las audiencias de medida de aseguramiento contra el concejal conservador Rodrigo Reyes, alcalde menor durante la época de la tragedia, así como al exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía Elles, y al funcionario de Control Urbano, Jorge Luis Cudris por los delitos de urbanización ilegal y cohecho propio.Los funcionarios no aceptaron los delitos.

Al recordarse este viernes el primer año de la tragedia, las autoridades recuerdan que en dos operaciones en Cartagena la Fiscalía halló en total 36 edificaciones que carecían de permisos de construcción y cuyos reglamentos de copropiedad se hicieron con licencias falsas.

En un primer operativo 16 edificios fueron evacuados por las autoridades luego de que un estudio realizado por la Universidad de Cartagena revelara que presentan daños estructurales que podrían poner en riesgo la vida de sus habitantes, todos compradores de buena fe.

Hoy las familias de los obreros muertos y los sobrevivientes aseguran que el estado nunca compensó la muerte de sus seres queridos y que los heridos no recibieron atención médica especializada, el Distrito dice que entregó auxilios de sostenimiento por 200.000 pesos durante 3 meses. También, señala el Distrito que las víctimas fueron capacitadas en proyectos productivos y recibieron dos millones de pesos para negocios.

Lo sucedido en Blas de Lezo dejó al desnudo la urgente actualización que necesita el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual no se desempolva desde el año 2001, y que favoreció el creciente negocio de las construcciones ilegales en la ciudad.

Redacción: Jhon Montaño - Corresponsal de EL TIEMPO en Cartagena.

Fotografías: Yomaira Grandett

Desarrollo multimedia: Julián Vivas

NACIÓN

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.