Complejo petrolero en el Catatumbo, bajo el acecho de los criminales

Complejo petrolero en el Catatumbo, bajo el acecho de los criminales

Ecopetrol ha desmontado este año 237 válvulas ilícitas que fueron empleadas para el robo del crudo.

Derrame de crudo por válvula ilícita

La última válvula ilícita, que fue detectada por Ecopetrol, produjo un derrame de 50 barriles de crudo en zona rural de Tibú.

Foto:

Cortesía de Ecopetrol

22 de mayo 2018 , 02:52 p.m.

El derrame de 50 barriles de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita, que fue detectada el pasado 14 de mayo sobre una línea de transferencia del Campo Tibú, en zona rural de ese municipio de Norte de Santander, volcó la atención de Ecopetrol sobre la proliferación de esta práctica ilegal y su efecto nocivo para el ecosistema en esta parte de la región del Catatumbo.

Según la compañía, en lo corrido de este año se han desmontado 237 válvulas ilícitas casi sobrepasando el número de pegas ilegales reportadas durante el 2017.

Por medio de esta maniobra, los delincuentes han podido hurtar una cantidad equivalente a 24.325 barriles de crudo de este complejo petrolero, cuya extensión es de 300 kilómetros cuadrados.

Aunque esta cifra es menor con respecto a los 48.000 barriles de crudo robados el año anterior a través de estos artefactos que se incrustan en el revestimiento del tubo para desviar el fluido, la mayor preocupación radica en su impacto ambiental. Producto del saboteo al entramado de estas líneas de transferencia se han desatado derrames de crudo, que en los primeros cinco meses de este año han afectado 1.897 metros cuadrados de capa vegetal y un cuerpo hídrico.

“Para la estatal petrolera, es muy preocupante el tema ambiental, porque más allá de que tengamos unos planes de contingencia para minimizar el impacto de estos eventos, estos ilícitos afectan en gran medida el medioambiente. Cuando se presentan estas emergencias les notificamos a las autoridades ambientales y activamos una respuesta inmediata. Pero es indudable el impacto que esto tiene sobre el área”, explicó un vocero de Ecopetrol.

El año pasado, el crudo liberado a causa de este flagelo anegó 10.000 metros cuadrados de suelo y tiñó una extensión de 5.800 metros cuadrados de fuentes hídricas. Al igual que en 2017, los incidentes se han presentado en 11 sectores rurales del municipio de Tibú, entre los cuales se encuentra La Cuatro, Socualó, M14, J10, La Aduana y Palmeras kilómetro 17, entre otros.

EL TIEMPO consultó al alcalde, Jesús Escalante, sobre su actuación para minimizar los daños de esta problemática y aseguró que desconocía la situación. Según explicó Ecopetrol, cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, sus funcionarios envían notificaciones oficiales al despacho del mandatario para informarle sobre el plan de contingencia y el procedimiento desarrollado con el apoyo de la Fuerza Pública para neutralizar esta pega ilícita.

Válvula ilícita

Esta conexión ilegal es usada para captar el crudo, que es sometido a un proceso de destilación artesanal para producir la pasta de coca.

Foto:

Cortesía de Ecopetrol

Más allá de la preocupación ambiental, lo que deben ver las autoridades es la corrupción en la Fuerza Pública que incentiva este delito

Frente a esta problemática, el general Eduardo Quiroz, comandante de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército, solicitó una estructura de apoyo por parte de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer los procedimientos judiciales tendientes a combatir el delito del apoderamiento de hidrocarburos, cuya pena oscila entre los 8 y 12 años de cárcel.

“Esta es una situación no solo en Campo Tibú, sino en las área a nivel nacional donde se presenta el transporte de crudo (…) Desafortunadamente en este sector se genera una situación delictiva donde convergen factores. Ecopetrol contrata una empresa de seguridad privada, que es poco efectiva con su misión. No se entiende cómo se contrata una empresa para proteger parte del campo, sin embargo se presenta situaciones. Lo que hemos hecho es reuniones para judicializar esta conducta criminal”, explicó el alto oficial.

Para atacar este flagelo, el Ejército y la Policía destinaron 100 hombres para engrosar los operativos de control y vigilancia por esta zona del Catatumbo.

Un delito invisible

La proliferación de estas válvulas ilícitas tiene una estrecha relación con la situación de parálisis del oleoducto Caño Limón Coveñas, que completa más de 125 días fuera de operaciones.

En vista de no poder extraer el fluido a través del Caño Limón, la delincuencia común y las guerrillas irrumpen en los 570 kilómetros de líneas del Campo Tibú y extraen el hidrocarburo, que es sometido a una destilación artesanal para producir el ‘pate grillo’. Esta sustancia, de poca consistencia, es usada en el proceso de elaboración de la cocaína.

“Más allá de la preocupación ambiental, lo que deben ver las autoridades es la corrupción de la Fuerza Pública que incentiva esta conducta criminal. El robo de hidrocarburos es el principal combustible de la violencia en el Catatumbo, porque genera altos ingresos, y esto genera un entorno de impunidad, como si se trata de un delito invisibles, porque ni la mismas autoridades han podido conjurar”, explicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Según este defensor de derechos humanos, el transporte de este fluido robado se hace por medio de camiones, que sin alertar los retenes del Ejército atraviesan por importantes corredores viales en dirección al sur y centro del Cesar, y la Costa Atlántica.

CÚCUTA

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