'No defiendo los intereses de Anglogold Ashanti'

'No defiendo los intereses de Anglogold Ashanti'

El ciudadano que tuteló la consulta minera en Ibagué habló de la decisión del Consejo de Estado.

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Panorámica de Ibagué.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

13 de octubre 2016 , 09:08 p.m.

“Ni soy socio, ni tengo relación con la multinacional Anglogold Ashanti”, afirmó Alberto Cruz Tello, presidente de la Asociación Minera e Hidrocarburos del Tolima.

Cruz Tello fue el ciudadano que, a través de una tutela que instauró ante el Consejo de Estado, alegando violación del derecho fundamental al trabajo, entre otros, logró detener de manera provisional la realización de la consulta popular minera de Ibagué, que estaba programada por la Alcaldía para este 30 de octubre.

La afirmación la hizo el minero luego que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, promotor de la consulta, afirmara que “la minera Anglogold Ashanti está detrás de toda una campaña para frenar la consulta, y Alberto Cruz es su socio, pues defiende los intereses de la multinacional”. (Lea también: Suspenden provisionalmente consulta popular sobre minería en Ibagué)

Cruz, que promociona la abstención en la consulta, se defendió y afirmó que “lo que dice el alcalde Jaramillo es falso, ya que nunca la empresa Anglogold ha sido socia de nosotros, yo no tengo ninguna relación con ellos”.

"Yo defiendo a los pequeños mineros de Ibagué que terminaríamos afectados por la consulta, nosotros somos legales, cumplimos las normas", aseguró.

En la tutela, Cruz también alegó que la idea de una consulta debe nacer “en el pueblo y no en el ejecutivo, que en este caso es el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo”.

Señaló que la pregunta de la consulta “es sesgada e induce a votar por el ‘No’ a la minería, pues ¿quién va a estar de acuerdo con una minería que contamine y destruya nuestro medio ambiente?”.

También cree que la consulta "sobra", pues, recientemente, la Corte Constitucional ratificó que los alcaldes y concejos municipales pueden tomar decisiones o medidas para proteger los suelos y el medio ambiente. (Además: Gremio minero rechaza fallo que permite a municipios prohibir minería)

“Los alcaldes pueden acudir a los Planes de Ordenamiento Territorial para ordenar el uso del suelo y vedar una zona para la explotación minera”, señaló Cruz, quien considera que “la consulta popular minera tiene interés político”.

“El Alcalde es político, él tiene ambiciones políticas, y utiliza la consulta para sus fines”, afirmó Cruz.

Toda esta polémica ha surgido por la presentación de la pregunta para la consulta, la cual quedó  redactada de la siguiente manera: ‘¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?’.

Lo cierto es que una vez el Concejo de Ibagué autorizó al Alcalde, en abril pasado, la realización de una consulta popular minera, el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la pregunta con su visto bueno de constitucionalidad. (También: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)

Posteriormente, algunos ciudadanos, como el abogado Wilson Vallejo, solicitaron se declarara la inconstitucionalidad de la pregunta y la consulta por considerar que tenía vicios de fondo debido a la falta de competencia de la sala plena del Tribunal.

Vallejo considera que, por la premura del tiempo, pues el día de la consulta se acercaba, y mientras se fallaban 6 tutelas contra ese proceso, lo que hizo el Consejo de Estado fue dictar medidas provisionales para evitar que se agrave más el perjuicio de los derechos fundamentales inculcados por los demandantes.

“Todas las actividades proselitistas para las votaciones de la consulta, deben ser cesadas para acatar la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado”, dijo Vallejo, y agregó que “podríamos estar lejos de un fallo definitivo sobre la consulta".

El abogado Nicolás Ricardo Espinosa considera que "esta consulta es costosa e innecesaria" y calculó que el municipio "gastaría más de 3.000 millones de pesos".

IBAGUÉ

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