Queman mulas mientras buscan solución al paro en Buenaventura

Queman mulas mientras buscan solución al paro en Buenaventura

Líderes cívicos y Gobierno se reunieron en Bogotá por mediación de la Procuraduría. 

Queman mulas mientras buscan solución al paro

No obstante las medidas tomadas por las autoridades para proteger el paso de vehículos al puerto, la quema de tractomulas continúa. Cada vehículo cuesta unos $ 350 millones.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

02 de junio 2017 , 09:14 p.m.

Pasando el peaje de Loboguerrero, kilómetros antes de llegar a Buenaventura, el verde del litoral se comienza a confundir con la extraña calma de una vía sin tractocamiones que en otros días son parte del paisaje de la zona.

Son 18 días de un paro cívico que se reflejan en una ciudad que entre barricadas, llantas quemadas y marchas, reclama una vida digna.

Alrededor de 15 ‘peajes’ montados por la misma comunidad dan la bienvenida a quienes aún se atreven a ingresar en vehículos en su camino al puerto. En cada uno de ellos, la ‘colaboración voluntaria’ no puede bajar de los 2.000 pesos.

El traslado de la mesa de negociaciones entre líderes del paro cívico y representantes del Gobierno a la sede de la Procuraduría en Bogotá tiene a los habitantes del principal puerto sobre el Pacífico colombiano en un limbo de ideales. Señalan que las escaramuzas no mermarán hasta que haya un acuerdo.

El viernes, durante seis horas, varios dirigentes del paro cívico de Buenaventura y representantes del Gobierno discutieron las posibles soluciones. El encuentro seguirá este sábado en Buenaventura.

En un comunicado, las partes manifiestan “su voluntad por superar las diferencias y restablecer la confianza”, y agregan que “la solución requiere de una vía jurídica e institucional idónea que garantice en el corto plazo, la asignación de recursos adecuados y la actualización del régimen normativo que se requiera, sin perjuicio de soluciones de mediano y largo plazo”.

Entre una de las alternativas se propuso estructurar un Fondo Autónomo para Buenaventura. Como mediador de la negociación está el procurador Fernando Carrillo, con la participación de la Iglesia católica y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El representante de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, expresa en un comunicado que “hay razones para pensar que la solución al paro está muy cerca”.

Por su parte, tras un consejo de seguridad en el que participaron el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el ministro de Transporte, Jorge Rojas, el director de la Policía, Jorge Nieto, y autoridades regionales del Valle del Cauca, se reforzó notablemente la presencia de Fuerza Pública en esa región del país.

Unos 3.300 uniformados del Ejército y la Policía se desplegaron dentro de la ciudad, en las afueras y custodiando las caravanas de vehículos de carga y pasajeros que se atreven a cruzar los 112 kilómetros entre Buenaventura y Buga para seguir su paso hacia el interior del país.

Así mismo, el Ministro de Defensa anunció que la Dirección General Marítima (Dimar), apoyará las medidas marítimas y portuarias para “permitir el cabotaje, el tráfico de embarcaciones y facilitar la nacionalización de mercancía con toda la seguridad”.

Se estima que las pérdidas en el comercio, transporte, turismo y otros sectores superan los 150.000 millones de pesos.

Sin embargo, pese a las medidas tomadas el viernes en la madrugada, en la vía a Buenaventura fue incinerada una tractomula que se salió de la caravana y se dirigió por el sector conocido como ‘la Variante’, hasta tomar la vía al centro de la ciudad, siendo abordada por desconocidos en el sector de La Virgen, donde le prendieron fuego.

Cerca de las 7 de la mañana, otras dos tractomulas que estaban estacionadas en el parqueadero Piqui 7 también fueron incendiadas por desconocidos. Otras dos más resultaron con afectaciones parciales al ser alcanzadas por las llamas. Se estima que cada tractocamión incinerado cuesta unos 350 millones de pesos.

Hernando Muñoz, camionero afectado, asegura que “las caravanas seguras se han convertido en una misión suicida. Los empresarios y la Policía nos aseguran que vamos a llegar bien, pero al pasar por puntos críticos la comunidad nos da piedra”.

MARIO BAOS
Enviado Especial de EL TIEMPO

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