El claroscuro de Tierra Viva que le quedó al Concejo de cara al POT

El claroscuro de Tierra Viva que le quedó al Concejo de cara al POT

Balance de los argumentos sobre la urbanización en La Aurora, junto a la reserva de Rioblanco.

Manizales

El polígono de la ciudadela es un potrero, pero debe cumplir la función de amortiguar el impacto de la vida urbana sobre su vecina, la reserva forestal protectora de Rioblanco.

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Jonh Jairo Bonilla

11 de junio 2017 , 06:10 a.m.

Aunque en el proceso se cruzaron acusaciones que fueron desde la politiquería hasta la corrupción, críticos y defensores de expandir la ciudad en el sector de La Aurora, aledaño a la reserva forestal de Rioblanco, dejaron también un amplio acervo argumentativo esta semana en el Concejo de Manizales.

El debate central es qué tan negativo puede ser el impacto ambiental la Biociudadela Tierra Viva, como la constructora CFC&A bautizó el proyecto que pretende desarrollar allí, sobre el área protegida vecina y, en consecuencia, sobre el suministro de agua para un poco más de la tercera parte de la capital caldense.

La otra arista es hasta dónde llega la competencia del Concejo en esta materia, cuando existen actos administrativos que le daban viabilidad a la intervención desde 2003 y la firma ya tiene una licencia de urbanización, aunque todavía esté en trámite la de construcción.

¿Sí, pero no ahí?

Entre las caras más conocidas de Todos Somos Rioblanco, una convergencia de organizaciones sociales críticas de la ciudadela en La Aurora, está el biólogo Juan Gabriel Arango, director de ONG Natural Seeds Alliance. Como otros de sus compañeros, intervino en el cabildo abierto y, luego, repitió en el debate específico sobre el tema, ambos esta semana.

Sus críticas se fundamentan en que la actividad humana tan cerca de Rioblanco lleva consigo varios factores de amenaza, como la luz artificial, el ruido, las mascotas y los vehículos, entre otros, que afectarían la vida de la fauna y la desplazarían más al interior del bosque.

Ingeniero Albeiro Montoya Arias, gerente técnico CFC&A S.A.

El gerente técnico de la constructora, Albeiro Montoya, aseguró que la firma está dispuesta a rendir cuentas ante el Concejo sobre el cumplimiento del plan parcial, conforme avance el proyecto.

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Jonh Jairo Bonilla

El cemento, además, generaría lo que se conoce como una “isla de calor”, que cambiaría el microclima del sector, aumentando la temperatura. A esto se le sumaría la contaminación por dióxido de carbono y sus efectos sobre plantas tan representativas como las orquídeas.

También dice que el proyecto “destruiría un humedal muy importante”. En pocas palabras, su posición se resume en que “lo que está en juego es el agua de mi ciudad”. Así empezó su presentación del viernes pasado ante los concejales.

Además de estos argumentos, sustentados en estudios, la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández, ha reclamado incluso que el área de expansión fue sustraída de otra reserva que había en ese polígono.

El gerente técnico de la compañía, Albeiro Montoya Arias, ha desestimado los estudios ambientales de los críticos, con los que la misma compañía ha contratado. Aseguró que la ciudadela estaría en capacidad de compensar seis veces su propia huella de carbono y prometió, por escrito, entregar las respuestas de expertos sobre la iluminación, el ruido y otros aspectos.

La constructora tiene a su favor, además, conceptos del Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Caldas. El gerente de esta última, Juan David Arango, asegura que el predio hoy “es un potrero” y que el humedal es lo que queda de un lago artificial para que el ganado de la antigua hacienda que había allí tomaran agua.

Arango Gartner aclaró, además, que la reserva a la que se refería Hernández es productora, es decir, que se le pueden dar otros usos distintos a la estricta protección. Agregó que esta “no tiene nada que ver” y que incluso la catedral de Manizales había estado incluida en sus linderos en algún momento.

¿Se puede o no?

Sobre las competencias, es claro que los concejos son los responsables de ordenar los territorios municipales. La pregunta es, si se puede echar para atrás el área de expansión y, en caso de hacerse, qué efectos tendría sobre las licencias del proyecto.

Los conceptos jurídicos de los críticos de la urbanización plantean que incluso debe hacerlo para prevenir “un daño irreparable en una zona fundamental”, como lo manifestó el ingeniero Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional, y, en consecuencia, los jueces podrían ‘tumbar’ los actos administrativos.

Apartamento modelo Tierra Viva Biociudadela en Manizales

Algunas de las 2.300 viviendas entran en el rango de interés social y unos 500 apartamentos ya están vendidos.

Foto:

Jonh Jairo Bonilla

CFC&A, apoyada por la Cámara Colombiana de la Construcción, ha respondido a esto arguyendo la “seguridad jurídica” para la inversión privada, que se vería afectada si el proyecto se frena. Incluso, advirtieron que el Municipio tendría que indemnizar a la empresa.

Sin embargo, la eliminación del área de expansión de La Aura del POT, que es hasta donde llegaría la competencia del Concejo, no garantizaría la anulación de la licencia de urbanismo ni evitaría le expedición de la de construcción. Pero tampoco su continuidad. Eso depende de las interpretaciones –que igual se han discutido en el cabildo– que hagan en Planeación e incluso en la justicia.

MANIZALES

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