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El cartel que desangra a las petroleras en el Meta

Contratistas pactan astronómicas tarifas para venderles material pétreo, alquilarles carros.

Petroleras que operan en la rica región del Meta están a punto de reventarse económicamente. Aseguran que un grupo de subcontratistas conformaron un cartel para controlar las tarifas de los contratos de la mano de obra y de los bienes y servicios que requieren sus compañías.
Debido a esas maniobras, mientras que en cualquier país un taladro se opera con 46 personas, a ellos les exigen contratar a 110. De lo contrario, amenazan con paro, y ya se han registrado 262 bloqueos a la producción en lo que va del 2015. El tema es grave si se tiene en cuenta que en esa región se sacan 263.000 barriles al día, la más alta producción del país.
La situación ha llegado a tal punto que ya se le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que indague si los contratistas operan de manera similar a carteles ya denunciados, como el de los pañales o el del arroz, y si pueden ser sancionados.
EL TIEMPO viajó a la zona, un área de 20 kilómetros cuadrados entre Acacías, Castilla y Guamal, y recogió testimonios y documentos que confirman los acuerdos tarifarios para distribuirse contratos por un billón de pesos al año.
Hay actas en las que asociaciones como Minas Murillo, Servipetróleos y Asomguaca, que agremian a una docena de empresas mineras, acuerdan precios.
“Objeto de la reunión: unificar opiniones y llegar a acuerdos de participación”, dice una de las actas, firmada por ocho empresarios. Y el documento, de finales del 2013, agrega: “Se acuerda la participación de suministros de material (pétreo) por unanimidad, el 40 por ciento para Servipetróleos y el 60 para Asomguaca”.
“Ese material se usa en las plataformas de los pozos y en vías y oleoductos. Si no les compramos, la petrolera debe paralizar obras civiles y su producción se afecta. Ellos terminan manejándoles la chequera a las compañías, incluida Ecopetrol”, explicó un ingeniero.
Y hay más ejemplos. El costo del acarreo de ese material, que debería ser del orden de 886 millones de pesos, se disparó a 4.300 millones de pesos. La razón: los obligan a comprar el material a 13 proveedores ubicados a más de 20 kilómetros, lo que encarece su valor.
EL TIEMPO habló con Héctor Murillo, gerente de Minas Murillo y de Servipetróleos, y este reconoció los acuerdos. Pero dijo que es para evitar problemas sociales.
Crímenes y disputas
Con el alquiler de vehículos pasa algo similar. Rentar una ambulancia, en promedio, vale 12 millones de pesos al mes. Pero allí se sube a 46,5 millones.
Una sola puede atender tres pozos próximos, con desplazamientos de menos de 10 minutos. Pero aquí exigen una por cada pozo”, aseguró el directivo de una multinacional.
Además de distribuirse los contratos, el cartel impide que foráneos ofrezcan servicios en la zona o que las petroleras lleven su propia flotilla de vehículos.
El pulso por obtener esos contratos ha llegado incluso a desencadenar crímenes, Ya hay pruebas de que el asesinato de la líder Edith Santos, en agosto del 2014, fue por el control de la venta de bienes y servicios y la contratación de personal en Chichimene (Acacías).
Y este diario conoció un listado de personas y de empresas de la zona a las que se las vincula con narcoparamilitares. Uno de ellos tiene nexos con un político y es socio de uno de los detenidos por el crimen de Santos. El hombre va armado a reuniones en las que se reparten puestos de trabajo.
Ustedes tienen la ley, pero nosotros imponemos la nuestra”, le dijeron a un delegado del Ministerio del Trabajo, en una reciente reunión.
Al respecto, voceros autorizados de Ecopetrol manifestaron que rechazan “este tipo de prácticas restrictivas de la libre competencia, que se desvían de los principios éticos comerciales e impiden la participación equitativa de proveedores y el desarrollo de la región”.
‘No estamos fuera de la ley’
Héctor Murillo, gerente de Minas Murillo y de la transportadora Servipetróleos, le admitió a EL TIEMPO que desde el 2007 hay un acuerdo entre subcontratistas para establecer volúmenes y tarifas de ventas a las petroleras en el Meta.
Para llegar a ese punto se hicieron un estudio de mercado y un análisis de precios, para aplicar tarifas. Como hay varias minas en la región, se hizo una alianza para no generar líos sociales, y a cada uno le dan un porcentaje de las ventas”, dijo. Murillo es dueño del 40 por ciento del mercado. Ante los señalamientos de que existe un cartel de proveedores, indicó que cualquier empresario puede operar en la zona sin restricciones.
El acuerdo no está por fuera de la ley. No hay un cartel porque no tenemos un monopolio a nivel nacional, con un solo proveedor, y aquí cualquier empresario puede ofrecer su producto”, sostuvo. EL TIEMPO también llamó al representante legal de Asomguaca y, con una de sus asistentes, acordó una entrevista. Pero no respondieron el llamado de los reporteros.
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