El pueblo indígena al que el Estado debe salvar de la extinción

El pueblo indígena al que el Estado debe salvar de la extinción

Los mapayerris de Nacuanedorro, en Vichada, fueron asediados por las Farc para cultivar coca.

Mapayerri

La comunidad habita en cercanías del parque Tuparro, en Vichada. Solo hasta hace tres décadas tuvieron su primer contacto con los mestizos.

Foto:

Cortesía Unidad de Tierras

07 de junio 2018 , 07:58 p.m.

Hasta hace treinta años, la comunidad indígena mapayerri de Nacuanedorro vivía tranquila y disfrutando de una extensa sabana verde surcada por grandes ríos con potentes raudales y playas doradas, pequeños caños de aguas cristalinas, bosques de galería y morichales.

El desplazamiento nunca fue denunciado ante las autoridades locales por temor

Recorría y ocupaba una porción de terreno del parque natural Tuparro, en Vichada, en un extremo del país en los límites con Venezuela. Nadie conocía esta comunidad en Colombia hasta hace tres décadas, cuando se cruzaron en el camino de la guerrilla de las Farc y empezaron a utilizarlos para contrabandear armas y combustible, cultivar y traficar coca con Venezuela y Brasil.

Por allí construyó su emporio Tomás Medina Caracas, ‘Negro Acacio’, al mando del frente 16, abatido en 2007 en las selvas colombianas. Ese fue su corredor preferido para traficar con venezolanos y con Luis Fernando da Costa, más conocido como ‘Fernandinho Beira Mar’, el capo brasileño capturado por el Ejército colombiano en 2001.

A favor de los mapayerris de Nacuanedorro y de sus vecinos, los sikuanis de Awia Tuparro, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio acaba de dictar medidas cautelares para proteger el territorio ancestral de estas comunidades indígenas del oriente de Vichada que hoy se encuentran casi en peligro de extinguirse.

Los mapayerris de Nacuanedorro

El juez ordenó que el Ministerio de Salud implemente acciones de atención y prevención con la afiliación de los indígenas a una EPS que cuente con experiencia en comunidades étnicas.

Foto:

Unidad de Tierras

El juzgado documenta que entre los años 1994 y 1995 existían en el territorio de estos pueblos indígenas dos pistas aéreas clandestinas que eran utilizadas para el narcotráfico, las cuales eran custodiadas y protegidas por la guerrilla de las Farc.

En esta época, el Ejército las bombardeó y destruyó, quedando inhabilitadas y dejando como consecuencia que la comunidad sikuani de Awia Tuparro, conformada por cerca de 80 habitantes, que se encontraba en el territorio de Awia Tuparro, se desplazara a Venezuela. “El desplazamiento nunca fue denunciado ante las autoridades locales por temor”, se lee en el texto de 115 páginas que conmina al Estado colombiano a proteger estas comunidades.

La decisión la tomó el juez con base en la solicitud que estás comunidades venían haciendo hace 17 años con el Incora, y luego ante el Incoder, de la titulación de su territorio como resguardo sin que estas instituciones hayan realizado ninguna acción al respecto, pese a una decisión de protección tomada en el 2014 por la Corte Constitucional para que se constituyera el resguardo.

Una travesía

La petición de estas comunidades la retomó hace dos años la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que desplazó en agosto del 2017 a un grupo de profesionales hasta el territorio de los mapayerris y los sikuanis, contó la directora regional de esa entidad, Diana Herrera.

El equipo que estuvo al frente de la documentación para demostrar ante la justicia cómo fueron quebrantados los derechos territoriales de estos pueblos cuentan que llegar hasta estas comunidades fue una verdadera travesía. Viajaron de Villavicencio a Bogotá por tierra para que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) los trasladara hasta la base de Marandúa, Vichada; luego los recogió un helicóptero que tras 20 minutos de vuelo los llevó a la población de Santa Rita, pasando sobre los ríos Tuparro, Tuparrito y Vichada.

De ahí los recogió un carro que, tras dos horas de recorrer trochas, los llevó hasta donde la comunidad sikuani, donde se hizo el primer trabajo de recolección de pruebas durante los dos primeros días.

Desde este último lugar, una lancha los llevó durante dos horas hasta la comunidad mapayerri, donde estuvieron otros dos días y de regreso tardaron cinco horas caminando y en lancha porque había llovido y tuvieron que cambiar de ruta.

La abogada Luisa Fernanda Franco cuenta que los mapayerris fueron nómadas, pero ya están asentados en un lugar, mantienen su lengua pero también hablan sikuani, por su comunidad vecina con la que intercambian productos, y para poder comunicarse con ellos los investigadores tuvieron la colaboración de un traductor. Los funcionarios de la URT tuvieron contacto con una comunidad mapayerri integrada por unas cien personas, pero hay otros dos grupos que, dicen los investigadores, “están bastante escondidos porque han querido estar alejadas de los mestizos”.

La vulnerabilidad de la lejanía

“Son pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentra en grave peligro de extinción”, se puede leer en el texto del juzgado.

También, por cuenta de la llegada de diferentes personas que quieren trabajar con los colonos en los cultivos ilícitos de la zona, señalan los investigadores que las enfermedades de los occidentales ya los afectan.

A través de la medida cautelar, el juez de restitución ordenó a la Agencia Nacional de Tierras suspender cualquier estudio o trámite de solicitud de adjudicación de territorios a colonos ajenos a estas comunidades, y culminar de manera inmediata el trámite de constitución de los resguardos mapayerri y sikuani.

Compulsó copias a la Fiscalía de las declaraciones y la solicitud de medida cautelar, para que sea adelantada una acción penal en contra de algunos colonos.

En el pronunciamiento del juez se mencionan a Guillermo Lozano, ‘Mojigato’; Elías ‘Matavieja’, Otto Pontón, Néstor Guevara, ‘Pedrina’, ‘Alirio’ y Adolfo Higuera, como algunos de los responsables del control del narcotráfico en la zona.

Agrega el documento que, “según las pruebas arrimadas a esta medida cautelar, varios colonos conocidos que viven allí hace varios años vienen realizando esa actividad (cultivos ilícitos), y están poniendo en riesgo las tradiciones, usos y costumbres de esas comunidades indígenas, utilizándolos para sembrar la coca, y otras actividades relacionadas con el narcotráfico”.

El juez ordena que el Ministerio de Defensa, la Policía y la Dirección de Antinarcóticos deben realizar un operativo de erradicación manual de cultivos de coca sobre esos territorios.

El Ministerio de Salud debe implementar acciones de atención y prevención mediante la afiliación a una EPS que cuente con experiencia en comunidades étnicas y conozca los protocolos establecidos.

Para aminorar las tensiones que existen en la región por la incidencia del conflicto armado, el Ministerio del Interior deberá liderar un proceso de trabajo que mitigue los problemas y sensibilice a los grupos poblacionales que hacen presencia en la zona, sobre la importancia que tienen las comunidades étnicas.

Las comunidades mapayerris y sikuanis deberán contar con medidas de protección colectiva, con enfoque étnico, por parte de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, el Ministerio de Educación deberá presentar asesoría y asistencia técnica para adelantar el proyecto etnoeducativo propio.

El Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales deberán dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas a la protección de pueblos indígenas en contacto inicial, en cuanto a la regulación del turismo.

A la pregunta de si no se convertirá en letra muerta este catálogo de medidas de protección para estas comunidades indígenas, la directora territorial de la URT aseguró que el juez debe hacerle seguimiento muy detallado a cada una de las órdenes entregadas a las distintas instituciones.

No obstante, la funcionaria reconoció que por la distancia y el alto nivel de complejidad se necesita de mucha voluntad y de recursos para hacer cumplir estas órdenes y permitir que los mapayerris de Nacuanedorro vuelvan a disfrutar tranquilos de los ríos con potentes raudales, los pequeños caños de aguas cristalinas, los bosques de galería y los morichales.

NELSON ARDILA ARIAS
Corresponsal de EL TIEMPO
Twitter: @nelard1

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