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Los seis diputados del Quindío no aceptaron cargos

A la audiencia asistieron los seis funcionarios públicos con sus abogados.

A la audiencia asistieron los seis funcionarios públicos con sus abogados.

Foto:Laura Sepúlveda

La fiscalía les imputó el delito de prevaricato por acción por aprobar cuatro ordenanzas en 2015.

Laura Sepulveda
A la espera de si la jueza primera municipal de control de garantías de Armenia, Martha Lucelly Valencia decida si declara la medida de aseguramiento que solicitó a Fiscalía, continúa la audiencia contra los diputados del Quindío, Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero, los exdiputados Luz Mery Bedoya López, Margarita María Ramírez Tafur y César Londoño Villegas y la exsecretaria de la Asamblea Marien Vanegas.
La fiscal 15 seccional de Armenia, Diana Patricia Henao les imputó el delito de prevaricato por acción durante la audiencia llevada a cabo este lunes en el palacio de justicia de Armenia.
Los funcionarios públicos son investigados por la aprobación de cuatro ordenanzas en noviembre de 2015, a pocos días de que la gobernadora Sandra Paola Hurtado terminara su mandato.
Estas polémicas ordenanzas tenían como fin transferir unos 17.613 millones de pesos del presupuesto del departamento a 11 de los 12 municipios del Quindío para que fueran invertidos en políticas de infancia, adolescencia y juventud.
De ahí que el gobernador actual, Carlos Eduardo Osorio inició su administración afirmando que “me dejaron maniatado y con los recursos amarrados”.
Según la fiscal, los seis diputados “suspendieron el trámite de otra ordenanza para incorporar otras (010, 011, 012 y 015) y aprobarlas porque sabían que la gobernadora había perdido las elecciones, este trámite se hizo vía ‘fast track’, término que está tan de moda actualmente, es decir en tiempo récord”.
Henao agregó que “las ordenanzas fueron expedidas con infracción en normas constitucionales”.
Sin embargo, los diputados y exdiputados no aceptaron el cargo imputado.
Cabe recordar que aunque el Tribunal Administrativo del Quindío desde 2016 había decretado medidas cautelares sobre las ordenanzas 010 y 011, y luego en abril pasado las declaró nulas. Días después fue declarada nula la ordenanza 012. 
Jamer Girado Molina, secretario de representación judicial y defensa de la Gobernación del Quindío señaló que “en su momento se comprometieron 17 mil millones de pesos pero en ningún momento fueron transferidos a ninguna de las entidades, ni municipios. El cargo imputado es solamente por la aprobación de las ordenanzas”.
Y agregó que “los dineros no se pudieron ejecutar en el primer semestre de 2016 pero con la posterior aprobación del plan de desarrollo departamental se dio vía libre a su ejecución, además de que ya había una medida cautelar por parte del Tribunal que suspendió la ejecución de las ordenanzas". 

En su momento se comprometieron 17 mil millones de pesos pero en ningún momento fueron transferidos a ninguna de las entidades, ni municipios.

“Si bien las ordenanzas no se pudieron ejecutoriar, estamos ante un tipo penal que no requiere resultado sino que es de mera conducta, con la sola aprobación de las ordenanzas se vulnera el bien jurídico protegido por el Estado como lo es la administración pública”, aseguró la fiscal 15 durante la audiencia.
Aunque Luis Gabriel Chávez, abogado de la diputada Mary Luz Ospina solicitó que a su representada no se le imputara el cargo porque no votó las ordenanzas, no le fue aceptada esta petición y tendrá que presentar las pruebas durante el proceso.
Los investigados se enfrentan a una pena de entre 4 y 12 años de prisión, una multa de 6,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 80 y 140 meses.
Por estas mismas ordenanzas, también es investigada la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y la exgobernadora encargada, Gloria Inés Gutiérrez. El Fiscal General Néstor Humberto Martínez informó hace unos días que se les imputará el delito de prevaricato por acción.
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