Lo bueno, lo malo y lo incierto de las consultas populares

Lo bueno, lo malo y lo incierto de las consultas populares

Este domingo en Cumaral, Meta, su población decidirá si permite la exploración de petróleo.

Consulta popular en Cumaral

Los cumaraleños votarán este domingo sí o no a la exploración sísmica en su territorio.

Foto:

Óscar Bernal / Llano Sie7e Dias

04 de junio 2017 , 12:29 a.m.

En redes sociales circulan videos en los que Catalina García, de Monsieur Perinè; Goyo, de ChocQuibTown, y Andrea Echeverri, de Aterciopelados, invitan a los habitantes de Cumaral (Meta) a decir no en la consulta popular de este domingo: “Unámonos por el no para frenar la explotación petrolera”, “no queremos petróleo, queremos agua, queremos naturaleza”, argumentan las cantantes.

Allá, en la distancia, en el piedemonte llanero, los habitantes de este municipio saben que no son protagonistas ocasionales de una noticia de farándula, sino de un hecho que definirá su destino.

A finales de marzo, Cajamarca (Tolima) le dijo no de manera abrumadora a la explotación minera en su municipio. Fue un mensaje directo a un proyecto de AngloGold Ashanti, una de las cinco firmas del sector más grandes del planeta, que pretendía la extracción de oro a cielo abierto.

La votación fue clamorosa: de las 6.241 personas que fueron a las urnas, 6.165 dijeron no. Apenas 76 optaron por el sí.

Un resultado porcentualmente comparable al de Cabrera, en las montañas del Sumapaz (Cundinamarca). De 1.506 ciudadanos habilitados para votar, 1.465 dijeron que no a los proyectos mineros e hidroeléctricos en su jurisdicción.

En el horizonte, el calendario de consultas está copado. Las cuentas rondan el medio centenar de municipios que quieren, por esta vía, prohibir la explotación de hidrocarburos o minerales en su tierra. “En este momento tengo un listado de 44 pero la cifra puede aumentar de un día para otro”, le dice a EL TIEMPO Germán Arce Zapata, ministro de Minas y Energía.

Frenazo a la locomotora

Literalmente este ejercicio democrático –uno de los pilares de la Constitución de 1991 que les dio vida a los mecanismos de participación ciudadana– se convirtió en un palo que se le atravesó a la locomotora minera, “un sector crucial para la economía del país”, como la define el presidente Juan Manuel Santos.

Es natural la enorme controversia. La Constitución dice, en su Artículo 332, que el subsuelo es del Estado. ¿Cuándo un pueblo se opone a que el Estado saque de su profundidad, para citar un caso, hidrocarburos, no está violando la ley al pasar por encima de los contratos que firma el Gobierno Nacional?

“A mí me preocupa el mensaje que se está enviado”, argumenta Arce Zapata. “Hay personas que interpretan que a través de las consultas se pueden cambiar las leyes. Las leyes se cambian en el Congreso”.

La politóloga Sandra Borda considera, sin embargo, que hay sectores que solo las están mirando desde los hipotéticos efectos económicos. Y, anota: “Yo sí prefiero más democracia que otra cosa”.

La voz del pueblo

“Llegamos a la consulta porque era necesario ejercer el poder soberano de la ciudadanía”, dice el ambientalista Nelson Vivas Mora, uno de los impulsores de la consulta en Cumaral. “No hubo otra forma. El Gobierno Nacional, acomodado allá en sus oficinas de Bogotá, no escucha la voz de las regiones”.

En la actualidad, hay herramientas jurídicas para hacerse oír. “La Ley 136 de 1994 dice que cuando se piensen hacer proyectos mineros, los municipios deberán hacer una consulta popular”, recuerda la abogada y economista Diana Rodríguez de DeJusticia, centro de pensamiento que ha estudiado el tema.

El ministro Arce, por su parte, reconoce que entre algunos inversionistas hay una percepción de que en Colombia reina una “anarquía constitucional” por las consultas. De ahí, su explicable “estado de nerviosismo” que sienten.

Eso, lógico, va en detrimento de la estabilidad económica de un país, que se sustenta en buena medida por el grado de confianza, la estabilidad legal y la mirada a largo plazo. “Se ha hecho creer que a través de las consultas se puede tumbar el ordenamiento jurídico”, dice el Ministro de Minas. “Así no es”.

Los impulsores de esta herramienta de participación claman que actúan con el respaldo de la Corte Constitucional. En efecto, esta ha dicho, en varias sentencias, que la consulta popular les brinda a los municipios la facultad para promover el uso equitativo y racional del suelo, y la preservación y la defensa del patrimonio ecológico.

En la otra orilla, sin embargo, está el punto de vista de las empresas que ve cómo la cuantiosa inversión hecha en el proyecto, que se inició con contratos legalmente firmados, quedó en el aire.

“Las empresa mineras y de hidrocarburos hacen inversiones millonarias, con las autorizaciones legales”, dice la abogada Claudia Fonseca Jaramillo, asesora legal de varias compañías del sector. ¿Por qué llegan aquí a trabajar? “Porque la Constitución dice que el subsuelo es de propiedad de la Nación y el Estado les otorga concesiones para explotar. No imaginan que, después, llega el alcalde de turno y lo prohíbe”.

Protesta inteligente

Toda esta discusión es vista por algunos analistas como un punto que debería ser valorado en positivo. “Con frecuencia se lamenta la apatía política de los colombianos y la falta de participación ciudadana en los asuntos de interés público –afirma César Rodríguez, director e investigador de DeJusticia–. Las consultas populares son precisamente un ejercicio genuino de democracia participativa, que ha sido liderado por comités ciudadanos y no por la clase política”.

El ministro Arce cuenta que el Gobierno está trabajando de manera intensa en dos proyectos de ley para “que todos nos pongamos de acuerdo” y se establezca con claridad la relación Nación-municipios. “No se trata de quién tiene la razón sino de cómo vamos a actuar en el presente y futuro”, aclara.

“Yo invito –opina Diana Rodríguez– a ver el auge de las consultas como un síntoma de los problemas que tiene hoy la manera como se decide el desarrollo solo desde Bogotá”.

Para ella es valioso el ejercicio de las comunidades con las consultas. Muestran su derecho y deseo de participar en el tipo de desarrollo de su territorio. “No bloquean carreteras, no queman tractomulas, no pelean con Esmad, sino que van y votan”, enumera. “El Gobierno Nacional en lugar de decir que las consultas no son vinculantes debería celebrar esta madurez política”.

La coyuntura es propicia, en conclusión, para que todos los colombianos definamos de una vez por todas y de manera clara, qué hacer con nuestra privilegiada y rica geografía.

ARMANDO NEIRA
Redacción Domingo@armandoneira

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